El presidente Macri al inicio de su gestión había dicho que terminar con la inflación era la tarea más fácil entre las que le esperaban. Como una muestra de ello y de que se trataba de una lucha prioritaria, publicitaron las metas de inflación establecidas para los cuatro años de gestión: entre 20 y 25% para 2016; 12% a 17% en 1917; entre 8% y 12% para 2018 y del 3,5% al 6,5% para 2019.

Hoy, dos años largos después, los hechos han mostrado que la tarea no era, para nada, lo fácil que suponían; es más, resulta claro que esa lucha prioritaria la van perdiendo. El primer año, en lugar de los 20 a 25% esperados, resultó de casi 40% y el año pasado, en vez de 12 a 17% la inflación alcanzó al 25%. Para este año, en un reconocimiento implícito del fracaso, anunciaron que la meta del 10% (entre 8 y 12) pasaba a ser del 15%. Meta que tampoco se va a conseguir.

¿Por qué este fracaso? Fundamentalmente por un error de diagnóstico. La teoría ortodoxa de “las metas de inflación” supone que toda inflación está originada en el lado de la demanda, por un exceso de dinero en poder del público (donde tendría mucho que ver la existencia de un déficit fiscal). Por eso el manejo del Banco Central de elevadas tasas de interés, esperando de este modo restringir la oferta monetaria y controlar el incremento de los precios.

Pero resulta que la inflación argentina actual no tiene nada que ver con ese modelo. Es una inflación de costos originada en la lucha de clases por la redistribución del ingreso: la lucha por incrementar o, al menos, mantener a los salarios reales por parte de los trabajadores y sus sindicatos; las ganancias por parte de los empresarios y el conseguir una mejora del tipo de cambio para quienes colocan su producción en el exterior, como ocurre con la pampa húmeda.

En los hechos, los ajustes en el valor del dólar (si no existe medidas compensatorias, como son las retenciones a la exportación) se traslada inmediatamente al mercado interno (en el caso de nuestro país se trata de alimentos básicos y sus derivados) mientras que el aumento de los precios de los artículos importados pasan a los precios de manufacturas (por la incidencia de los insumos importados); es decir, afecta a los precios de toda la economía y presiona sobre los salarios para un nuevo incremento.

Por otro lado, los servicios regulados (como la electricidad, el gas y las comunicaciones) no sólo forman parte del consumo personal sino que son una partida importante en los costos de las empresas. Finalmente, las empresas conforman sus precios aplicando a los costos un porcentaje (“markup”) por lo que el aumento de los costos se amplía proporcionalmente por las ganancias empresarias.

Entonces, el aumento de precios, que si es sostenido se convierte en inflación, depende, básicamente, del comportamiento del tipo de cambio (cotización del dólar), de los salarios acordados por las convenciones colectivas y de la evolución de las tarifas reguladas.

Veamos el valor esperado de esas variables durante el corriente año:

-El dólar. Existen poderosos intereses que promueven una nueva devaluación. Por lo pronto comenzó el año con un aumento del 5,3% en el mes de enero (continuando con el de diciembre, un total de 13% en dos meses) y todo parece indicar que es una política aceptada y/o promovida por el mismo gobierno. Si esa tasa de devaluación se mantuviera, terminaría el año con un aumento del 85%, lo que es socialmente insostenible; pero si podemos suponer que la intención es aceptar un incremento en el valor del dólar de 20 al 30%.

-Con respecto a las tarifas, el plan de eliminación de subsidios y actualización de tarifas de los servicios regulados prevé aumentos de aproximadamente el 45% en el gas, el 50% en la electricidad y hasta el 60% en el transporte público, mientras que a partir del 2019 el aumento sería automáticamente igual a la inflación.

-Para los salarios el gobierno ha establecido como “techo” un aumento del 15% y la eliminación de toda cláusula de actualización como la denominada “gatillo”. Después de la pérdida del poder adquisitivo en los dos años anteriores, aparece como imposible que se logre imponer estas pautas y hace prever un año socialmente conflictivo; los sindicatos están pidiendo un “piso” del 25%, en función de la inflación del año pasado y de la prevista para el actual, con un sistema de adecuación si la inflación supera a ese porcentaje.

Con los datos precedentes, se puede prever una inflación superior al 25% anual.

A título de ejemplo, el “Relevamiento de Expectativas del Mercado” publicado por el Banco Central, que refleja lo que esperan un conjunto de consultoras, bancos e instituciones, en su gran mayoría declaradas simpatizantes del actual gobierno y de su política económica, estima para este año una inflación del 19,4%, muy lejos de la meta del 15%. Como sistemáticamente estos dos años vienen subestimando el valor de los indicadores negativos y sobreestimando los que se puedan considerar como positivos, esta primera estimación puede tomarse como una confirmación del 25% prevista más arriba.