“La única casa para un genocida es la cárcel” fue la bandera que encabezó la multitudinaria marcha que realizaron organismos de derechos humanos, sociales y políticos, sobrevivientes de la dictadura y vecinos del Bosque Peralta Ramos en Mar del Plata. Se movilizaron desde la sede del Tribunal Oral Federal hasta la plazoleta Almirante Brown en rechazo del beneficio otorgado al ex jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz.

Por una decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº6 el genocida hace 8 días vive en el Bosque Peralta Ramos, en las afueras de Mar del Plata, a pesar de contar con 6 condenas por la comisión de delitos de lesa humanidad. Para aceptar este pedido, los magistrados creyeron suficiente su “avanzada edad” y su “deteriorado estado de salud”.

Días después el mismo tribunal le permitió tomarse vacaciones en la playa a Norberto Bianco, quien, gracias a los jueces Julio Luis Panelo y Fernando Canero, pasará dos meses en Mar de Ajó. Bianco fue responsable de la maternidad clandestina en Campo de Mayo y tuvo un rol principal en la repartición de bebés apropiados. Fue excarcelado en mayo tras haber cumplido dos tercios de su condena.

Además de estos casos que resonaron en los últimos días, la impunidad no para y, en medio de la feria judicial, se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a otros dos genocidas que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad: Antonio Musa Azar y Rafael Barreiro. De este modo, se suman a más de la mitad de los represores detenidos que cumplen arresto domiciliario. Como es de esperarse, los argumentos de la defensa se repiten en ambos casos: problemas de salud y edad avanzada.

Musa Azar recibió este viernes el beneficio otorgado por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, que el 28 de diciembre lo había condenado a 22 años de prisión. Fue jefe de inteligencia de la Policía de Santiago del Estero, cargo que ocupó antes, durante y después de la última dictadura, y fue condenado a cuatro cadenas perpetuas, tres de ellas por delitos de lesa humanidad.

“En una clara maniobra de otorgarle este privilegio al genocida y haciendo caso omiso a nuestras presentaciones y a los plazos pautados, el Tribunal Oral Federal, integrado por Domingo Batule, Carlos Lescano y Abel Fleming, es responsable de que el genocida más grande de Santiago del Estero esté suelto”, expresaron desde la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En tanto Rafael Barreiro recibió el mismo beneficio de parte del juez en feria Fermín Ceroleni. El ex militar fue condenado a prisión perpetua en agosto del 2008 en el juicio por las desapariciones, secuestros y torturas en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes.

Como publicó VCF días atrás, un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad advirtió que de los 1038 detenidos, 549 se encuentran bajo prisión domiciliaria, 435 bajo servicio penitenciario y 54 bajo otros modos de detención. Por esta razón, la Procuraduría mostró preocupación en dos sentidos: “La tendencia en alza de los imputados en libertad”, que comenzó en 2015 y se consolidó en 2017, y el número creciente de los represores con arresto domiciliario, siendo más los detenidos bajo este beneficio que los detenidos en cárceles comunes.