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Muchas voces se alzaron en México para protestar ante la sanción de la Ley de Seguridad Interior que, según denuncian, criminaliza la protesta y restringe la libertad de expresión. Además, organismos internacionales como la CIDH, la ONU y Amnistía Internacional manifestaron que dicha ley atenta contra los derechos humanos.
Una decena de organizaciones internacionales han acordado generar un trabajo colectivo de seguimiento y documentación de la situación de los Derechos Humanos tras la sanción de esta polémica ley. Desde las diferentes organizaciones se ha sugerido, incluso, el veto por parte del presidente Enrique Peña Nieto.
La coalición está conformada por Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group (LAWG), la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), la Organización Mundial contra la Tortura (OMTC), Peace Brigades International (PBI) y Robert F. Kennedy Human Rights.
Según indican en un comunicado lanzado por estas organizaciones “La aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se concretó esta semana en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos”.
Y agregaron que “Lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces -incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la larga ‘guerra contra las drogas’- la Ley de Seguridad Interior consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad públicas reservadas para autoridades civiles”.
Las disidencias hacia dentro
Por su parte, la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) también interpeló al presidente Peña Nieto para que vete la recientemente sancionada Ley de Seguridad Interna.
En un comunicado, el presidente de la Anac, Enrique Vargas del Villar, destacó que los 469 municipios que conforman la agrupación nunca fueron incluidos en los diálogos realizados en el Senado de la República, pese a la anuencia del Ejecutivo.
“Al momento que el presidente de la República Enrique Peña Nieto hizo del conocimiento público que solicitaba al Senado ampliar el dialogo sobre la Ley de Seguridad Interior, parecía cabría la prudencia por ampliar la participación de todos los actores que teníamos que opinar sobre este tema trascendental” señaló. Y agregó que “para sorpresa, después de una semana de la petición del presidente, el Senado decidió votar la Ley, donde el dialogo amplio no llegó”.
La defensa del gobierno
La Secretaría de Gobernación respondió a la ONU ante las críticas que diferentes organizaciones lanzaron tras la sanción de la ley. “Lo que menos queremos es militarizarlo (el país), lo que queremos es regular hoy lo que se tiene en las calles que, por las circunstancias y por la debilidad institucional que tienen los estados y muchísimos municipios para enfrentar al crimen, a los delincuentes, hoy están soldados, marinos y Policía Federal”, dijo el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, ante las críticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Osorio Chong insistió que la aprobación de esta legislación no modifica a la Constitución. “No pueden estar indefinidamente en las entidades, como hoy están (los militares). Lo que se trata es de regular su marco jurídico para darle certeza a los ciudadanos. Eso es lo primero que quisiera puntualizar”, señaló.
Al grito de "no más guerra" y "queremos paz", los manifestantes avanzan por Paseo de la Reforma hacia Los Pinos #SeguridadSinGuerra
— AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) 17 de diciembre de 2017
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