El pasado 6 de junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecutó redadas simultáneas en varios puntos de Los Ángeles —entre ellos el Distrito de la Moda y un Home Depot—, que resultaron en al menos 44 a 118 arrestos por supuestas violaciones migratorias. 

Las detenciones generaron protestas inmediatas, con manifestantes bloqueando calles con carritos y contenedores en Paramount, Westlake y Downtown. Se produjeron choques con agentes federales y del LAPD, quienes respondieron con gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras.

Las manifestaciones se extendieron durante el fin de semana, con escenas de vandalismo: autos incendiados (incluso de Waymo), lanzamiento de piedras y violencia verbal y física contra agentes. El domingo 8 de junio, las autoridades declararon el centro de Los Ángeles como zona de “asamblea ilegal” y emitieron órdenes de desalojo, intensificando la represión con gas y balas de goma. .

Despliegue militar y controversia política

El presidente Trump ordenó el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional, con unos 500 marines en alerta, supervisando puntos neurálgicos y protegiendo instalaciones federales.

California, liderada por el gobernador Gavin Newsom, no cooperó y calificó la medida como “deliberadamente provocadora”, considerando incluso acciones legales contra la intervención federal. La alcaldesa Karen Bass, defensora de los derechos de los inmigrantes, urgió a protestar pacíficamente e instó a respetar la ley.

Situación actual y consecuencias

Ya son tres jornadas consecutivas de disturbios: se contabilizan 56 detenciones por el fin de semana, con varios agentes y turistas lesionados (incluida una periodista australiana alcanzada por bala de goma). Según Reuters, el centro de Los Ángeles sigue bajo orden de abandono y con una fuerte presencia militar y policial. 

Queda abierta la tensión entre una estricta política migratoria federal y la oposición de las autoridades locales y comunitarias, cuyo desenlace podría marcar un precedente para futuras intervenciones en territorio estatal.

Las protestas reflejan una profunda polarización ante las redadas migratorias y la militarización federal. Mientras el gobierno nacional prioriza el control migratorio bajo el mando de Trump, las autoridades de California defienden la soberanía local y el respeto a los derechos civiles. La evolución de las protestas y el posible avance judicial sobre el despliegue militar serán claves en los próximos días.