l Congreso de la Nación amaneció cercado por mil efectivos de la Gendarmería Nacional. El negro, el verde y el gris humo tajeado con amarillo líquido pintaron con sonido la corrida de los manifestantes, la furia de los perros, el impacto de las balas de goma, la desesperación por el gas pimienta, la respiración cortada del reportero y el fuera de foco de la cámara.

Durante seis horas continuas la policía se sumó a la guardia pretoriana del Ejecutivo y salió de cacería por calles aledañas. Se llevaron los que no se dispersaban, a los indigentes, a descamisados que los insultaban y por qué no a una joven que salía de su trabajo y mientras un efectivo la esposaba otro aprovechaba para manosearla y humillarla.

En la casa de los representantes del pueblo se debía votar la ley que modifica la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. Proyecto que implica un recorte de 118.668 millones de pesos que el estado dejará de pagar a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales. Un ataque tan certero al corazón de los que menos tienen en dinero y en futuro hizo que ni la magia de Durán Barba convenciera al más crédulo. Por eso esta vez no hubo globos ni sonrisas sino cascos y balas.

La imagen pagana de una Argentina en crisis retornó para desafiar aquella otra del monoteísmo del mercado. Un Parlamento incendiado por fuera y por dentro con intentos de fraguar el quórum para imponer la reforma, con golpes a diputados nacionales, con un oficialismo al borde de la desesperación por los supuestos aliados que nunca se sentaron y una oposición que supo la diferencia entre hacer política y vivir de ella. Y entonces actuó en consecuencia.

La sesión se frustró pero el intento de imponer la reforma continúa y posiblemente en estos días se logre. Los gobernadores de las provincias -llamados por el presidente de la Nación y por el grupo más poderoso de medios- ajustarán cuentas con esos diputados que consideran propios y no del pueblo. Y seguramente una Argentina federal -que no lo es- repartirá votos con la justificación de bonos miserables que cobraran los jubilados en marzo. ¿Se puede legislar en contra del interés general? Sí, se puede.

Lo que transita hoy la Argentina es una clara disputa por la puja distributiva, no una crisis de gobernabilidad. No está en duda la legitimidad de quien gobierna sino el riguroso mecanismo de concentración de la riqueza que intenta llevar a cabo.

La estrategia hasta aquí implementada ha puesto el énfasis de la acumulación en el sector privado donde la tasa de ganancia adquiere características de intocabilidad. Por esa razón se quitan retenciones a las exportaciones agrícolas y a las mineras o se busca bajar los costos laborales. A modo de ejemplo al cabo de todo el año 2018 se calcula que los sojeros se ahorraran mil millones de dólares por estos descuentos impositivos.

Esta concepción de la política económica limita cualquier posibilidad de distribuir una parte de la riqueza hacia los grupos de menores ingresos. El conflicto pobre-no pobre resulta en la práctica entre pobres y clases medias, porque la lógica señalada impide afectar los ingresos de los sectores más ricos. Esta ley de ajuste va en ese camino. ¿Quién se hará cargo de completar la canasta de subsistencia de los jubilados? ¿Sus hijos? si los tienen y pueden. ¿Sus familiares menos directos? en la misma encrucijada. ¿Los comedores solidarios, los vecinos, la calle? ¿Quién?

Si la ley se aprueba el jefe de Gabinete saldrá a decir en conferencia de prensa que ha triunfado el diálogo y el consenso por sobre los violentos de siempre. Y le crecerá la nariz. Nosotros sabemos, porque lo hemos experimentado, que los contextos de violencia potencial están presentes con mayor virulencia en condiciones de alta inequidad social. Como dijo J P Feinmann, si bien no hay nada que justifique la violencia dentro de la democracia nada justifica que la democracia conduzca a la desesperación.