Cuando se organiza o participa de una fiesta es conveniente tener en claro 1º) cual es el objetivo de la fiesta, es decir, quien se beneficia con la misma; normalmente se trata del homenajeado, que no solo no participa del pago sino que suele recibir un regalo como recuerdo de ese día; y 2º) quienes pagan la fiesta, que pueden ser los asistentes (se decía “a la americana”) o si alguien se hace cargo del gasto actuando como anfitrión; inclusive puede suceder que el pago directo se haga pensando en una traslación posterior o pago indirecto, como se da en las fiestas empresarias en que los organizadores esperan recuperar con creces el costo por haberlo trasladado a los precios de los productos que espera vender a los clientes o “invitados sin cargo”, como resultado de la reunión.

La disquisición anterior viene a cuento debido a la “fiesta de la reforma permanente” que ha organizado el gobierno nacional en estos días, siguiendo las directivas del FMI y su propia convicción neoliberal.

Con respecto los beneficiarios no queda duda alguna: los empresarios. Recibirán una disminución de las tasas impositivas en Ganancias, en Ingresos Brutos y en Sellos, como ya recibieron en Bienes Personales; además, una fuerte rebaja en sus aportes previsionales y medidas claras de flexibilización laboral, como venían reclamando. Como regalo de la fiesta recibirán el blanqueo previsional, que perdona importes, multas y penalidades que corresponden a la evasión previsional originado en la alta informalidad en el trabajo en relación de dependencia (que supera el 33% de los trabajadores); junto al blanqueo impositivo del año 2016 les permitirá a muchos de ellos reiniciar desde cero uno de sus juegos preferidos: la evasión impositiva y previsional, fuentes de los recursos que finalizan en los paraísos fiscales.

¿Y quienes pagan la fiesta? En primer lugar los jubilados, al cambiar la fórmula de ajuste de los haberes, que pasa de una participación en el aumento general de los salarios y crecimiento del producto nacional, a un ajuste por inflación, según el índice del Indec, con un semestre de atraso; para hacer pasable la reforma se le agregó que la jubilación mínima será un 82% del salario mínimo, sin aclarar que actualmente es el 81%, y un “plus”, para que los aumentos parezcan por encima de la inflación, que inicialmente consistía en un adicional anual sobre el ajuste a un tasa equivalente al 5% del crecimiento de la economía nacional (si esta creciera al 4%, cifra a la que difícilmente llegue, el ajuste será un adicional del 0,2%, monto prácticamente inexistente). Según trascendió el viernes, en el dictamen de la comisión del Senado se cambió ese “plus” y en su lugar se resolvió que el 30% del ajuste fuera con la variación de los sueldos, lo mejora un poco, pero no mucho, al resultado final. Con esta medida el FMI había calculado el año pasado un “ahorro” de 100.000 millones de pesos, “ahorro” que en realidad es una traslación de fondos desde los bolsillos de jubilados y beneficiarios de la AUH a favor de los empresarios, que pagarán menos aportes e impuestos.

También paga la fiesta la Anses, que va a ver disminuidos sus ingresos por la pérdida de su participación en el 20% de lo percibido por el impuesto a las Ganancias (unos 111.000) millones de pesos más la caída en los aportes patronales y los pagos ordenados por la justicia a favor de las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, suma que no alcanzará a paliar lo recaudado por el impuesto al cheque, que será su ingreso impositivo, más la caída en el pago de las prestaciones. Podría significar el comienzo de la desfinanciación del sistema jubilatorio argentino, para concluir en un futuro que el sistema no es viable y que hay que privatizarlo, volviendo a un régimen del tipo  de las AFJP, de triste recuerdo.

También lo pagan los trabajadores en actividad, que sufrirán diversas medidas de flexibilización laboral, el aumento a los 70 años de la jubilación obligatoria y la perspectiva de menores ingresos en su futuro de jubilados.

Por último, participarán del pago, aunque fuere en forma indirecta, las provincias, aun en el caso dudoso que las cuentas finales entre las pérdidas y la mejoría de ingresos resultara equilibrado (excepto la provincia de Buenos Aires que, junto a los empresarios, puede considerarse una de los beneficiarios de la fiesta), ya que están cediendo a las autoridades centrales el poder de decisión sobre los recursos fiscales propios. Del antiguo federalismo quedará solo la cáscara formal.