Hay que destacar además que 72,5 millones de estos niños, niñas y adolescentes, lo hacen en actividades peligrosas que ponen riesgo su salud y su seguridad, llevándolos incluso hasta la muerte. En tanto que una tercera parte de los niños de entre 5 y 14 años está fuera del sistema escolar; y casi dos terceras partes de los que tienen entre 15 y 17 años trabajan más de 43 horas por semana.

En tanto que a nivel nacional el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social junto con la OIT, Unicef y otros organismos elaboraron un compendio, el cual se difundió durante la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil desarrollada en la Ciudad de Buenos Aires los días 14, 15 y 16 del corriente mes.

La encuesta incluyó por primera vez datos de menores que viven en ámbitos rurales aislados de todo el país. Si bien, según el informe, la problemática disminuye, su versión más peligrosa persiste y se sitúa sobre todo en zonas urbanas. A pesar de que el trabajo infantil es un delito penal y está prohibido en la Argentina, hay alrededor de 715.484 niñas y niños, entre 5 y 17 años, son explotados en emprendimientos privados o se dedican a tareas de autoconsumo familiar o actividades domésticas intensivas, lo que representan 9,4% de la población.

En diálogo con VCF Carmen Rodríguez, inspectora laboral y especialista en la materia nos comenta al respecto: “El trabajo infantil es peligroso en todas sus formas, un niño no debe trabajar. En Mendoza, este tipo de práctica se pueden ver cuando encontras un niño cosechando -ajo, papa, uvas y tomate- donde está expuesto a todo”.

Rodríguez afirma que esto sucede porque muchas veces las empresas ocupan al grupo familiar completo para trabajar, ya que el sueldo que se les otorga es mínimo. Entre una de las características que menciona se encuentra el origen de las mismas, que por lo general viene del norte del país o de Bolivia, estas vienen a la provincia en temporada de cosecha y se instalan bajo condiciones muy precarias. Por lo que los menores no solamente son obligados a trabajar, sino que están expuestos a condiciones que afectan su salud, como “el tema de los pulmones por la fumigación de plantaciones, o los insectos, los vidrios y entre muchas otras cosas”.

“En los campos de ajo se usan a los menores para acomodar los mismos en las cajas de exportaciones ya que la mano del niño es chiquita y ese ajo no se rompe” comenta la inspectora. Quienes además sufren las malas condiciones, son los bebes, ya que si bien no realizan ninguna labor, si están expuestos a los condiciones en las que trabajan sus padres.

Rodríguez revela que estuvo muy asociada a la temática en la gestión anterior, más precisamente en la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, en la cual se formaron los centros socio-educativos, los cuales surgieron para albergar a los hijos de los trabajadores rurales con el objetivo de prevenir y erradicar el trabajo infantil en Mendoza.

Sin embargo, la especialista en este campo, considera que actualmente no se está haciendo mucho foco en la prevención ya que “en esta época, que comienza la temporada de cosecha, no hay los controles suficientes”. Además considera que si bien hay muchas empresas que no toman menores, “hay otras que son medianas y que vienen de afuera por el ajo, toman a toda la familia” incluyendo los menores de edad.

Otra de las cuestiones por las que se lamenta Rodríguez es la situación económica actual, y denuncia que el dinero no les alcanza a estas familias por lo que debe trabajar el grupo completo. Por otro lado, también cree que esto se agravará con las reformas en la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya que la gente que vive en la zona rural, muchas veces no tiene acceso a la documentación requerida. Por lo que podrían dejar de recibir este beneficio y estos menores que se encuentran contenidos en la educación, volverían a formar parte del trabajo ilegal.

“El tema de la economía de una familia influye, ya que la misma empieza a desarmarse, los niños quedan desamparados en un montón de cosas como la salud, la educación. Por lo que la escolarización depende en un alto grado de la asignación”.

Para finalizar la inspectora laboral subraya, el hecho que hay una ley de protección al niño no solamente a nivel nacional, sino internacional, “se debe preservar al niño, niña o adolescente y se debe seguir respetando la misma ya que costó muchísimo trabajo lograr que los niños estén escolarizados, mediante la AUH ya que se dinero les sirve para comprarse el guardapolvo, los útiles y las zapatillas”. Y agregó: “En lo que se refiere a las personas de Bolivia, más allá que se hable de cultura de trabajo en su país, están acá y acá se debe respetar la ley”.

Sin dudas, diferentes cuestiones se deben tener en cuenta para comprender y reflexionar sobre esta problemática, una realidad que convierte a América Latina en la región más desigual del planeta. Entre las cuales se encuentra, la exclusión de los pueblos indígenas, la migración generada por el cambio climático, la violencia generalizada o la exclusión económica. Es importante rever esta dura realidad ya que en muchos casos este trabajo sirve para que podamos acceder en nuestro entorno a productos cuyo precio se sustenta sobre este tipo de explotación.