Muchos creímos que la sociedad argentina había llegado a un relativo consenso social en materia de derechos humanos. Que la fórmula ‘Nunca Más’ era algo así como un límite ético político que no se podía ni debía cruzar. Sin embargo, a partir de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, hemos visto reaparecer personajes, discursos y posicionamientos que justifican prácticas de la Argentina siniestra. ¿Qué pasó? ¿El consenso no era tal? o ¿existe y resulta necesario romperlo?

Podríamos suponer que en estos más de 30 años de democracia mantuvimos una fantasía, la de haber dejado atrás la peor página de nuestra historia. Que en realidad fue sólo la persistencia e integridad moral de los organismos de derechos humanos, Madres y Abuelas en especial, la que sostuvo la necesidad de un cambio de paradigma político estatal donde se abandonara la idea de ‘matar al contestatario’ como forma de resolver el conflicto. Que esa demanda continua encontró momentos de aceptación y rechazo por parte de los distintos gobiernos que se sucedieron y que, en el mientras tanto, el resto de la sociedad fue una espectadora pasiva que acompañó con sus más y sus menos la política pendular seguida respecto a los crímenes cometidos por el terrorismo estatal.

En otro sentido, se podría argumentar que la demanda por justicia y revisión del pasado reciente fue una construcción social más amplia que el movimiento de derechos humanos, aunque referenciada en él. Un camino que requirió de distintos peldaños de estabilidad y continuidad democrática para que se convalidara el Estado de Derecho. Que fue necesario salir del pretorianismo, que hizo falta educarnos en materia de garantías constitucionales y que debimos adquirir certeza sobre el funcionamiento de una justicia independiente y justa (valga la aclaración).

Que también fue requisito erradicar la lógica de violentar a las instituciones y abandonar la violencia discursiva. Que esa gradual revalorización democrática se manifestó en las cada vez más nutridas movilizaciones del 24 de marzo, incluso en tiempos de Punto Final e indultos. Y que todo esto y otras tantas cosas hicieron posible asentar ciertos principios rectores ante cualquier intento de violación generalizada de derechos.

Esta última lectura me inclina a pensar que ese fue el consenso social al que arribamos. El que defiende el derecho a la vida por sobre cualquier otro. Por eso la respuesta a la desaparición de Santiago Maldonado fue de tal relevancia social y política.

Si la acción inmediata del gobierno hubiera sido el acompañamiento para esclarecer los hechos, el desarrollo de los sucesos hubiera sido otro. Al echar mano a viejas prácticas de encubrimiento y apurarse -por la inminencia de las elecciones- a instalar un relato único, totalizador y falso a través de su brazo armado mediático, terminó por lanzar la primera piedra que quiebra el consenso que tanto costó edificar.

La concentración monopólica de medios ha logrado que un coro de opiniones y falsas noticias que se escuchan en radios, televisión, periódicos y twitteros rentados para operar en redes sociales, conviertan a todas las voces en sólo una. Una cadena nacional que trasmite las 24 horas y que coloniza cada rincón de nuestro mundo privado. Donde los protagonistas involucrados están obligados a desmentir lo que se difunde a través de un ejercicio agotador, cuya eficacia para revertir la mentira o difamación es bastante escasa.

Esa invariada y monolítica voz, hoy es la honda que impulsa la piedra. La que intenta romper el único acuerdo que hasta aquí creímos haber logrado. Será por eso que Sergio Maldonado, hermano de Santiago, lo sintetizó claramente“Pasen música si no tienen que decir”. Pero dejen de empujarnos al abismo del olvido y la impunidad. Porque de ahí venimos y no estamos dispuestos a regresar.