No se trata de todos los conflictos sino de las tomas, ocupaciones o piquetes que a pesar de las instancias de diálogo derivan en crónicos y afectan el funcionamiento de las instituciones o resortes esenciales de la economía provincial, como la escalada en el conflicto interno de la Uocra por el reparto de cupos laborales o las disputas territoriales en la zona de la explotación hidrocarburífera no convencional de Vaca Muerta.

En este contexto, el allanamiento del martes en Tratayen no es un rayo en una tarde serena sino que forma parte de una serie de medidas de similar inspiración. En poco más de dos semanas el Ministerio Público Fiscal imputó a una veintena de integrantes de dos comunidades mapuches, ordenó la comparecencia por la fuerza de miembros de la comunidad Campo Maripe y comenzó a tramitar dos causas penales en contra de otros grupos.

En el caso de Tratayen, las escasas armas secuestradas -los involucrados aseguran que “fueron plantadas”- y su modesto poder de fuego, no alcanzarían para hacer ningún desbarajuste de proporciones, pero sirvieron al menos para que el jefe de los fiscales, José Gerez, justificara en una conferencia de prensa la medida punitiva y la detención de tres personas.

Precisamente, fue Gerez quien proporcionó la pista más importante sobre el giro oficial en el tratamiento aquellos conflictos sociales que, por decirlo de algún modo, se salen de madre.

En una entrevista aparecida hace algunos días en el diario Río Negro, el fiscal general de la provincia admitió que existe “un cambio firme en la política de persecución penal” de este tipo de conflictos. Y tras reafirmar que en primera instancia existe voluntad de diálogo, advirtió que serán “implacables” cuando a través de la negociación no se logre restablecer el orden.

Aunque el gobernador Omar Gutiérrez tomó cierta distancia del asunto al aclarar que la policía actuó como “auxiliar” de la justicia, no es posible imaginar que el Ejecutivo sea totalmente ajeno a este cambio de política. Es un hecho que, más allá de lo que plantea la Constitución, en Neuquén y en la Argentina la división de poderes está lejos de ser un dogma inquebrantable.

En todo caso, en su largo ejercicio del poder el MPN reconoce idas y venidas en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, y si bien el primer gobierno de Jorge Sapag recuperó formas y modales institucionales en la relación entre los poderes del Estado, no está lejos en el tiempo la colonización de la justicia acometida por Jorge Sobisch.

Teniendo en cuenta la doctrina del alineamiento automático que practica el MPN con los distintos gobiernos nacionales, está claro también que este giro en la forma de tratar los conflictos debe leerse en el marco del cambio más grande aún que protagoniza en ese campo el gobierno nacional de Cambiemos.

Dicho de otra forma, es cierto que durante los gobiernos de Jorge Sapag la justicia y la policía se inclinaban a mirar para otro lado ante cortes, piquetes y tomas. Pero no es menos cierto que por entonces el gobierno nacional de los Kirchner preconizaba la resolución pacífica de los conflictos. El gobernador no sólo actuaba en sintonía, además procuraba remontar la traumática herencia que significó el asesinato del Carlos Fuentealba.

Aquello puso en riesgo no sólo al gobernador de entonces sino también la continuidad del MPN en el ejercicio del poder en la provincia.

Pero ahora la música de fondo es otra y el fino oído del partido provincial le indica que debe actuar en sintonía.

“Efectivamente, hay un cambio”, admitió una alta fuente oficial y precisó que lo que ocurre hoy día no es comparable a la etapa de Sobisch ni tampoco a la de Sapag. “En todo caso es algo intermedio -apuntó-, estamos convencidos de la necesidad del diálogo y lo llevamos hasta las últimas consecuencias, pero no admitimos los abusos de un sector por encima de otro”.

“Este tipo de desequilibrios conspiran contra el horizonte de más producción y más trabajo”, agregó el vocero con un ojo puesto en las inversiones en Vaca Muerta.

No es todo. Además de la histórica sintonía con Nación y de las especificidades del gobierno neuquino actual –que en su momento lo llevaron a rechazar el protocolo antidisturbios de Patricia Bullrich y hoy lo colocan en el mentado punto “intermedio”- el oficialismo local no quiere que ningún conflicto se le vaya de las manos.

Y esto implica no solamente actuar antes de que se vuelva incontrolable, sino también y muy especialmente evitar que intervenga una fuerza federal que no controla como la Gendarmería.

Después de todo, la sombra de lo ocurrido en Chubut con la desaparición de Santiago Maldonado, no puede sino estar presente para los avezados cuadros políticos de un partido que maneja el poder en la provincia desde hace más de medio siglo.

No en vano la fuente admitió que hace un par de meses, cuando la Gendarmería estuvo a punto de actuar en el conflicto con la comunidad Campo Maripe, en el gobierno local pasaron la noche en vela.