La semana pasada quienes vivimos por estas tierras nos sorprendíamos con las declaraciones hechas a la prensa por parte de Iván Kerr, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y Presidente del Procrear y el Intendente de la Ciudad de Mendoza y Jefe de la UCR, Rodolfo Suárez, respecto de las viviendas del Procrear Ciudad ubicadas en calle Tiburcio Benegas y Suipacha.

Kerr había dudado sobre la posibilidad de que los más de 1000 dúplex de 100 metros cuadrados que se están construyendo entre las calles Suipacha y Tiburcio Benegas puedan ser sustentables en el marco de los créditos Procrear.

Suárez avanzó aún más al sostener que lo que dijo Kerr es lo que viene diciendo el municipio desde hace tiempo. Él no se refiere a un mal diseño de las viviendas o de los edificios, la construcción es perfecta, lo que está diciendo es que es de altísima calidad y no respeta el concepto de vivienda social por tratarse de dúplex con tres dormitorios y dos baños, lo que puede generar un problema si la gente adjudicataria no tiene la capacidad de pagar las expensas para mantener todos los espacios comunes que hay.

Bajo este panorama y previendo que posiblemente sean departamentos caros e inaccesibles para la gente de clase media baja que espera llegar a su vivienda, Suárez propuso venderlos en el mercado: "Les he propuesto y lo he hablado con Kerr... que se vendan en el mercado... Como él bien dijo, esto viene de la gestión anterior y hay que poder adaptar las cosas. Entonces, que lo compre gente que tenga la capacidad de hacerlo y esa plata destinarla a la construcción de vivienda social en (los barrios carenciados de) La Favorita u Olivares”.

Debemos recordar que el “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar”, Procrear, fue creado en 2012 para fomentar el acceso a la primera vivienda y potenciar el crédito hipotecario. Se trató de una política pública impulsada desde el Estado a fin de garantizar el derecho a la vivienda digna para quienes no tienen el poder adquisitivo para comprar una propiedad con el dinero en la mano.

Ya el diputado nacional del FPV por Mendoza Guillermo Carmona había realizado, meses atrás, un pedido de informes desde el Congreso Nacional a la ANSES por las demoras en el sorteo de adjudicatarios y la respuesta fue que se estaban estudiando “modificaciones en las condiciones crediticias actuales”.

Sin dudas, como lo sostuvo Carmona en sus declaraciones, la propuesta del Intendente de vender las propiedades al mejor postor, no sólo desvirtúa el sentido de una política de Estado y los fines que ella persigue, sino que se presume como un gran “negocio inmobiliario para amigos”.

No existe sustento alguno que permita justificar que quienes acuden a créditos hipotecarios por no tener los recursos suficientes para acceder a una vivienda, deban vivir hacinados en pocos metros cuadrados y alejados de las zonas que son “rentables” en el mercado inmobiliario.

El derecho a la vivienda adecuada se encuentra garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y a partir de la reforma constitucional de 1994 se le ha otorgado jerarquía constitucional a numerosos tratados internacionales que garantizan el derecho a la vivienda adecuada.
Tal como lo sostienen diversos autores, a partir de la revolución industrial, se puso de manifiesto que la forma de asentamiento del modo de producción capitalista no era neutra y que los problemas que la ciudad generaba no se distribuían en forma homogénea.

El derecho a la ciudad tampoco es una propuesta nueva. El término apareció en 1968 cuando Henri Lefèbvre escribió su libro El derecho a la ciudad y tomó en cuenta el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. Este filósofo y geógrafo francés enunció que, entre los derecho básicos de los ciudadanos, junto al derecho de libertad, trabajo, salud o educación, se debía incluir el derecho a la ciudad, es decir, el derecho de los ciudadanos a vivir en territorios propicios a la convivencia y ricos en usos diversos, en los que el espacio y los equipamientos públicos sean factores de desarrollo colectivo e individual.

Ana Casal, sostiene que la ciudad del sueño neoliberal es una ciudad que resulta en territorios sobreprotegidos a espaldas de territorios abandonados. Un territorio partido en vez de compartido. Una ciudad fragmentada, una ciudad rota, metáfora geográfica de la fractura social que aísla a grandes sectores de la población, debilita su participación política y le impide su acceso a derechos básicos. La desigualdad territorial genera, en consecuencia, mayores desigualdades sociales. Desigualdades en el acceso a la salud, al trabajo, a la justicia, a los servicios públicos. A su vez, la estigmatización territorial, la “mancha territorial” se suma a otro tipo de discriminaciones que sufren los habitantes de estos espacios abandonados por el Estado y por la sociedad, quebrantando aún más la confianza interpersonal y la solidaridad y reforzando las desigualdades.

Por su parte, Jaime R. Sorín relata que las reflexiones actuales acerca de la ciudad ponen el eje en el goce del espacio público por el conjunto social; hacer ciudad sobre la ciudad, garantizar el uso plural, la mezcla de actividades, romper los guetos. Sin embargo el incontenible avance de la urbanización –más del 50% de la población mundial vive en ciudades – en un contexto de concentración de las riquezas y crecimiento de la desigualdad acentuado por la actual crisis de los países supuestamente desarrollados, genera simétricamente grandes bolsones de pobreza, segregación social, desigualdad, discriminación, exclusión e injusticia.

Continúa Sorín: “No es nueva esta temática en la historia argentina, desarrollada ya en 1883 por Sarmiento en su “Conflicto y armonía de las razas en América”, y luego por numerosos autores hasta el primer cuarto del siglo XX. Con el inmigrante como centro de todos los males, los cuestionamientos terminaban siempre con el desplazamiento de las poblaciones obreras hacia la periferia utilizando el suelo vacante (de valor creciente en las áreas céntricas) para la construcción de edificios de varios pisos que redituaban mayor renta; pobreza, inmigración y conducta inmoral constituían un único argumento que llega hasta nuestros días. Nada diferente a lo que presenciamos en épocas de la dictadura militar con el Brigadier Cacciatore y su “ciudad blanca” para aquellos que la merezcan y el resto de vuelta a sus provincias y con las declaraciones de Mauricio Macri durante la toma del Parque Indoamericano por aquellos que siguen privados del espacio urbano y la tierra para su vivienda; para él “bolivianos y paraguayos” son “delincuentes y narcotraficantes. Un siglo y medio con el mismo discurso….”

A esta altura se hace imprescindible analizar y tener bien en claro cuál debiera ser el rol, tanto del gobierno municipal como del nacional, cuando se trata de la implementación de políticas públicas como lo es el acceso a una vivienda digna y el derecho a la ciudad.

En este sentido, las políticas públicas deben analizarse a través de determinados estándares constitucionales como son la razonabilidad, adecuación, no discriminación, progresividad y no regresividad y transparencia. Debe también evaluarse el accionar de los funcionarios públicos a la luz de las obligaciones de protección, respeto y garantía de los derechos humanos que les impone la constitución.

Tal como lo expresa Roberto Gargarella, los poderes públicos deben realizar un atento control de la constitucionalidad de su accionar y de sus agentes, principalmente cuando se dirigen acciones hacia los grupos más desaventajados y vulnerados en sus derechos. Ello se debe, entre otras cosas, a que por el número reducido de tales grupos, la escasa participación política que se les brinda, o el nivel de prejuicios que cargan sobre sus espaldas, tienen más dificultades para participar de un modo efectivo en el proceso colectivo de toma de decisiones.

Para finalizar y a la luz de estas reflexiones, la propuesta del Jefe del partido oficialista e Intendente de la Ciudad de Mendoza, merece el mayor de los repudios por parte de quienes bregamos por un Estado presente para solucionar los problemas de la gente y no al servicio del negocio de unos pocos, que son los de siempre.