El pasado 26 de junio se anunciaba la finalización de entrega de armas por parte de los guerrilleros desmovilizados de las FARC. La Fundación Paz y Reconciliación hace un seguimiento de la situación y se pregunta en qué va la implementación de los acuerdos de paz, sus retos, realidades y las necesidades urgentes del momento político que vive Colombia, así mismo, desde VCF consultamos a docentes y periodistas de aquel país para que nos cuenten desde su visión y sus ciudades cómo va la paz en Colombia.

El informe deja una serie de conclusiones, donde la mayor preocupación es el tránsito legislativo de los acuerdos de paz que encuentran muchas trabas de los sectores de derecha en el Congreso, junto a la expansión paramilitar y lo que se desprende de allí, además de la inseguridad que tienen los excombatientes de las FARC en las distintas regiones del país.

José Luis Fonseca asegura que “los paramilitares, siempre cercanos a la derecha, se dice que tienen planes para asesinar al secretariado de las FARC que quiere armar su grupo político. Así se vive con tensión incluso después de la desmovilización”.
Los asuntos menos graves según el informe son la elaboración de los planes estratégicos de seguridad y paz, así como los planes de desarrollo local. Aunque estos últimos no tienen la misma premura que el tránsito legislativo del acuerdo de paz por el Congreso de la República. Y los temas que están siendo superados sin mayores inconvenientes son la dejación de armas y los planes de desminado.

Proceso de dejación

Según el análisis que realiza la fundación, esta parte del acuerdo ha sido un éxito y se entregaron un promedio de más de un arma por guerrillero. Para el analista León Valencia “hay más armas que guerrilleros. En el proceso de paz en Afganistán se entregaron 0.74 armas por guerrillero y en Nepal entregaron 0.3 armas por guerrillero. Es decir, por cada tres guerrilleros se entregó un arma. Aquí es distinto, es de 1,2 armas por cada desmovilizado”, señaló el investigador. Las calidades de las armas también cuentan, las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, que son las potencias armamentistas del mundo ya han certificado el estado de las armas y el número de las mismas.

Reducción de la violencia

Otra de las conclusiones del estudio es el indicador sobre reducción de homicidios por cuenta del proceso de paz. Aunque el hecho es el más significativo, la opinión pública no ha dimensionado dichas cifras. “La evaluación del cese bilateral al fuego es sumamente positivo. Desde mediados de 2016, cuando se firmó, Colombia ha salvado más de tres mil personas de morir o quedar heridas en acciones relacionadas con el conflicto armado. Los indicadores de violencia se fueron a la baja en 2016 […] Igualmente, en muchos de estos municipios los secuestros descendieron hasta llegar a cero y los niveles de extorsión bajaron”, indica el estudio.

En este sentido, analiza el profesor Jaime Alberto Pulido de la Universidad de Boyacá que “las FARC producían hechos sistemáticos de hostigamiento contra las fuerzas militares, no tanto contra la población civil. Esto queda evidenciado cada vez que la gente sigue con su rutina normal, pero con una escalada de violencia cotidiana, de riñas de crímenes por robos y esa es una violencia estructural social y no política”.
El diagnóstico demuestra que la presencia de las FARC en los territorios era de autoridad. El vacío que dejaron las FARC tras el proceso de movilización a las Zonas Veredales de Normalización fue un reto para el Estado que no fue capaz de ingresar con su institucionalidad y tampoco replegar las organizaciones paramilitares que ya coparon algunas de esas zonas.

En el mismo sentido, analiza el periodista de la ciudad de “La Mañana de Sogamoso” José Luis Fonseca, sostiene que “Se decía que iba a bajar el narcotráfico en el país con la desmovilización de las FARC, porque ellos controlaban la mayoría de los cultivos de coca. No es así, han aumentado los cultivos ilegales de coca como Cauca, Nariño, Chocó y en la parte del Pacífico”.

Los riesgos

“En otros territorios parece que la salida de la guerrilla generó una especie de auge de la anarquía criminal, es decir, la inseguridad ha aumentado con la salida de las FARC: el robo de ganado, el atraco en carretera, y los conflictos vecinales que terminan en violencia. Esto significa que no se trata de crimen organizado, sino de delincuencia común que ha comenzado a aumentar. El ELN, por su parte, está copando algunos espacios dejados por las FARC en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Chocó. Se espera que en la medida en que avance el proceso de paz con esta guerrilla y se materialice un cese bilateral al fuego y de hostilidades, los índices de violencia puedan disminuir de manera sustantiva”, indican las investigaciones de campo hechas por la Fundación Paz y Reconciliación.

Jaime Pulido asegura que “es claro que aquí el actor armado no es un responsable de la violencia cotidiana. El país tiene una expresión de violencia que no hemos resuelto hasta que no se resuelvan las causas estructurales: la inequidad, la desigualdad, la exclusión, la marginación”.
Esa es una de las preocupaciones que salta a la vista a la hora de evaluar los resultados del proceso de paz. Las comunidades en los escenarios de guerra están empezando a cuestionar las promesas de transformación social para sus territorios. Habitantes de municipios en conflicto reclaman mejoras en la infraestructura de rutas, provisión de servicios públicos e iniciar los planes de sustitución voluntaria que contiene el acuerdo de paz. Para eso el Ejecutivo no ha materializado ningún plan o programa con enfoque diferencial para esas poblaciones y por el contrario está siendo permisivo con la presencia de bandas paramilitares.

“Para hacer frente a los procesos de reconfiguración de la criminalidad, es necesario que la institucionalidad y las promesas del acuerdo de paz puedan ser territorializadas y su implementación sirva como escudo a los esfuerzos de expansión de las organizaciones criminales”, señala el informe.
Los incumplimientos

Solamente el 10% de las acciones de las obligaciones que se desprenden de los acuerdos de paz tienen las FARC. El restante 90% son aspectos que van a beneficiar a toda la sociedad. Por ejemplo, en la construcción de mejoras viales para facilitar a los campesinos las condiciones de acceder al mercado y ofrecer sus productos, la ampliación de la democracia con las reformas estructurales del punto de participación política o la entrega de tierra a los campesinos colombianos que nunca la han tenido, o que si la tienen es muy poca.

En este sentido, analiza María Fernanda Neiza de RCN televisión en Bogotá que “hubo entrega de armas, pero no ha sido en todas las poblaciones y realmente las condiciones de las comunidades alejadas de las capitales es muy difícil. En un 80% de las veredas del país no tienen servicios públicos”.

“Económicamente Colombia está pasando por una crisis” analiza el profesor Lenin Rivera de Yopal en el departamento de Casanare. “Las petroleras no están haciendo perforaciones y en muchos sectores ha generado desempleo” agrega.
Por eso son contundentes las conclusiones del informe: “Existen tres componentes fundamentales para que lo acordado no sea letra muerta: (i) Presupuesto, (ii) capacidad institucional administrativa, jurídica y técnica en los territorios, y (iii) voluntad política”. Los ritmos del Estado y la burocracia van en contravía a la implementación del acuerdo de paz. Hasta ahora el gobierno nacional no ha tenido como prioridad el desarrollo del acuerdo de paz y solo se ha centrado en el proceso de dejación de armas de la insurgencia.

“Yo creo que el presidente está caído porque es un proceso que se quedó como a medias. Independientemente de que haya un grupo que entregó armas, sigue existiendo guerrilla en muchas partes” analizó la periodista Neiza.

Lo más apremiante es la lucha contra el paramilitarismo y la implementación de los acuerdos de paz por alguna vía ágil. En lo inmediato el gobierno colombiano, asegura este informe, debe iniciar la ejecución de todos los planes integrales de reintegración de combatientes, los programas de desarrollo social que demanda el acuerdo y defender en el legislativo la intentona de la derecha por desbaratar los acuerdos de paz.