“Se informa que, en los casos que aún se encuentran en trámite ante la Corte Suprema, en los que se discute la aplicación del cómputo de prisión preventiva denominado “2 x 1” ?previsto en el artículo 7° de la ley 24.390? en cuanto a delitos de lesa humanidad, se instruyó a la secretaría del Tribunal para que reúna los expedientes. Se informa que, en la semana próxima y por disposición de la Secretaría, como corresponde legalmente y es habitual, se procederá a correr vista a las partes, por el plazo de diez días, para que se expresen sobre la aplicación de la ley 27.362”.

Ese fue el comunicado de la Corte Suprema Justicia de la Nación del pasado 12 de mayo, luego de la aprobación expres en el Congreso de la Nación de la Ley N° 27.362 el pasado diez de mayo, para excluir del beneficio de la reducción de pena a represores casi por unanimidad, exceptuando el voto del diputado salteño Alfredo Olmedo, el único en votar en contra.

La nueva ley se encuentra en vigencia desde este mismo al ser promulgada velozmente a través del Decreto 329/2017, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

Después de las masivas movilizaciones en todo el país en contra del 2x1, la presión de organismos internacionales, la oposición del Congreso de la Nación y organismos de derechos humanos, y la misma crítica del Presidente Mauricio Macri, el máximo tribunal de justicia de la nación quedó en una situación incómoda. Sobre todo los jueces Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco, que votaron a favor del fallo 2x1, otorgando el beneficio al represor Luis Muiña.

Los diarios más importantes de mundo se pronunciaron al respecto. Argentina se convirtió al juzgar y condenar a los genocidas de la última dictadura cívico militar en un país ejemplo en el mundo en materia de derechos humanos. La política estatal de memoria, verdad y justicia, y la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se convirtieron en ícono mundial de lucha contra el genocidio y el terrorismo de Estado.

Los jueces que votaron a favor fueron escrachados en todo el país, sobre todo Rosenkrantz y Rosatti, ambos metidos por la ventanilla de Cambiemos a la Corte a través de un decreto presidencial, sin ningún tipo de discusión en el Congreso.

Es por esto, que la Corte rápidamente debió, esta vez, acoplarse a las demandas de la sociedad civil y retroceder ante un fallo que otorgaba beneficios a los genocidas.

Los principales diarios de mundo se manifestaron al respecto:

Designados por decreto

Carlos Rosenkrantz es abogado, doctor en Derecho, egresado de la Escuela de Leyes de Yale y fue asesor del presidente Raúl Alfonsín. Actualmente dicta Teoría del Derecho (UBA) y es rector de la Universidad de San Andrés. Carlos Rosatti también es constitucionalista y fue ministro de Justicia durante la gestión de Néstor Kirchner, y su gestión terminó tras una pelea con el kirchnerismo.

Ambos fueron nombrados por decreto por el presidente Mauricio Macri y sin acuerdo del Senado. Para esto, el Presidente hizo uso del artículo 99 de la Constitución Nacional, que permite en su inciso 19 al titular del Poder Ejecutivo la posibilidad de hacer el nombramiento provisional de integrantes de la Corte sin tener que pasar por el Senado de la Nación, tal como lo estipula la normativa. Fue por eso que Macri pidió al Senado que le devolviera los pliegos que Cristina Fernández había enviado y recurrió a este artículo en pos de nombrar, de manera casi automática, dos jueces afines. El mecanismo no había sido usado nunca desde el retorno de la democracia en 1983.