Columnistas // 2017-04-03
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Campo Los Andes
Las tierras de la discordia
La inminente subasta, por parte del gobierno, de tierras de un alto valor ecológico ocupadas por familias campesinas y pequeños productores, pone en estado de asamblea permanente a vecinos autoconvocados del Valle de Uco. La concentración y extranjerización del agua y la tierra en un área de frontera configuran el conflicto.


La mágica armonía del Valle de Uco, con sus imponentes cordones montañosos, laderas y valles sembrados de viñedos, pastizales, chacras y frutales; una comarca histórica, donde habita una población pacífica y pujante, se ha visto repentinamente alterada por un proyecto que, promovido por el gobierno nacional y provincial, amenaza con trastocar profundamente el paisaje social y productivo de esa región.

Efectivamente, el anuncio oficial, revelando la intención de poner a la venta 7216 hectáreas pertenecientes al Ejército Argentino, ubicadas en La Remonta de Campo Los Andes en el Departamento de Tunuyán destinadas a “reforzar el desarrollo vitivinícola”, generó una corriente de incertidumbre, preocupación y rechazo en vastos sectores de la comunidad valletana. La escasa información brindada sobre el proyecto así como la falta de convocatoria, participación y consulta a los gobiernos municipales y a los productores de la zona, ha gestado un clima de resistencia y preocupación en torno a los verdaderos fines que tiene la iniciativa. La concentración y la extranjerización del agua y la tierra están en el centro de la polémica.

En este contexto y bajo el lema “No se compra una patria que no se vende”, un grupo de Vecinos Autoconvocados en Defensa del Agua y la Tierra, de distintos departamentos de Mendoza se dieron cita, el sábado 1 de abril, sobre la ruta 40 a la altura del puente que vincula Tunuyán con San Carlos. El objetivo de esta asamblea, que realizó pacíficamente cortes intermitentes de la calzada, fue informar a los transeúntes la naturaleza del proyecto y los riesgos que potencialmente entraña su implementación.

En las tierras a enajenar reside una población dedicada al trabajo rural, que posee cultivos y animales para el autosustento. Entre los pobladores hay personas que hace decenas de años que trabajan esos suelos y sus familias han alcanzado, en muchos casos, tres generaciones en la zona. El proyecto oficial nada dice sobre el destino que tendrán estos pobladores.

A pesar que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que será la encargada de subastar los lotes, afirma que el proyecto “busca alentar el desarrollo productivo de las tierras en favor de los pequeños y medianos productores vitivinícolas y hortícolas de la zona”, las parcelas proyectadas, de 50 hectáreas por unidad, a un valor promedio de 30 mil dólares por hectárea, tornan imposible la compra de esos lotes por parte de los productores locales. Tal como señaló a Va Con Firma el Dr. Marcelo Romano, ex candidato a la intendencia San Carlos por la Unión Cívica Radical, “En La Remonta se está creando un gueto productivo para pocos en lugar de que el gobernador, que es oriundo de esta zona, construya un pueblo donde todos podamos crecer, producir y disfrutar de estos bienes comunes como el agua, la tierra y el ambiente”.

La polémica se agudiza por el uso adicional del recurso hídrico. La Remonta es un sitio de recarga de acuíferos y arroyos que alimentan a las dos subcuencas del río Tunuyán, que riegan a unas 143 mil hectáreas empadronadas desde el departamento de San Carlos hasta La Paz. La demanda de agua que requiere el proyecto, que según el ex ministro Enrique Vaquié se dotará con un sistema de riego financiado con deuda que tomará el estado, agudizará la escasez ya existente. En este sentido el Dr. Romano señalaba, “El rio Tunuyán tiene 370 km de extensión. Nace en ese departamento y muere en La Paz. Cualquier modificación en la cabeza de cuenca, como es La Remonta, va a perjudicar a todos los departamentos que son servidos por este río”.

También Lorena Martín, Concejala del Departamento de San Carlos, comentó a VCF que “Tenemos que defender a los pobladores de esa región interponiendo recursos jurídicos para que los extranjeros que adquieran estas propiedades a través de subasta pública no puedan perfeccionar ese título de propiedad. Los actuales tenedores en interés ajeno deben transformarse en poseedores en interés propio”. También agregó que “En este proyecto no se está destinando ni un litro de agua a la planta potabilizadora. Tres distritos se quedarían sin agua”.

El proyecto gubernamental, a pesar de ser parcialmente conocido, trasunta una mayor concentración de las tierras bajo riego y a un esquema de negocios que facilita la extranjerización del suelo productivo en zona de frontera. Esto es particularmente preocupante cuando existen enormes dificultades para familias campesinas y pequeños productores cuyo acceso a tierras irrigadas para la producción y diversificación de alimentos está literalmente vedada. También es limitado el impacto que este proyecto tiene en la generación de empleo como la casi nula participación de los gobiernos y comunidades locales, directamente afectados por esta iniciativa. En este sentido Juanchi Torres, Concejal de San Carlos, decía a VCF “Este proyecto se ha encarado autoritariamente. Facilita la concentración en pocas manos y deja afuera a quienes ya viven en la zona a subastar. El gobierno regala tierras y agua para que los beneficios sean llevados fuera de la Argentina. Tampoco se ha consultado a los intendentes y menos a la gente. Creemos que es un negociado y debemos luchar para revertir esta situación”.

En el mismo sentido se expresaba la estudiante de sociología María José Valdez, oriunda de Pareditas, para quien este conflicto “no es más que la lógica expresión del neoliberalismo gobernante que tiende a concentrar y extranjerizar la tierra sin consideración por aquellos que habitan y cultivan en La Remonta. Creemos que la tierra debe estar en manos de quienes la trabajan y no de aquellos que quieren transformar este suelo en un negocio usurario”, agregó.

La comunidad del Valle de Uco, como toda otra población del país, comparte la necesidad de generar inversiones productivas pero exige que las mismas estén acompañadas por un fuerte involucramiento de los actores locales, democratizando las oportunidades de inversión a los pequeños y medianos productores, priorizando el protagonismo del capital local y nacional y dotando de mayor transparencia a los procesos y decisiones que se adopten en el desarrollo del proyecto.

El problema está planteado y no hay lugar para la indiferencia o la neutralidad. Hay una comunidad solidaria y con vocación de diálogo pero también con una larga experiencia organizativa en defensa de sus intereses. Está en manos del gobierno defender la dignidad de quienes trabajan y producen o allanarle el camino a la extranjerización, la concentración y la especulación inmobiliaria. 


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