El conflicto nacional docente continúa después de dos semanas de iniciadas las clases en todo el país. La marcha federal por la educación en Buenos Aires fue multitudinaria, y no hace falta aclarar cuántos fueron los presentes, caravanas y sindicatos de todo el país se sumaron a una convocatoria netamente docente.

Es sabido que uno de los reclamos centrales de la movilización es la apertura de la paritaria nacional, que está prevista por la Ley de educación 26.075, promulgada en enero del 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner. La Ley, habla fundamentalmente sobre la destinación del 6% del Producto Bruto Interno a la educación de manera progresiva. Pero además, en el artículo diez se establece que el ministerio de Educación juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente.

A pesar de que la norma es clara, el gobierno nacional decide una vez más someter a sus fines las leyes y las instituciones argentinas, y decidir no llamar a la paritaria nacional docente. De hecho, con ignorancia y mala intención el jefe de gabinete Marcos Peña afirmó ayer en el Congreso nacional que “la paritaria debe hacerse con los empleadores directos, que son las provincias”, y agregó tristemente que no se hacen paritarias nacionales de médicos o de policías.

Sin embargo el conflicto docente ha excedido las conjeturas del gobierno, y hace rato dejó de ser un problema paritario. A este conflicto salarial docente, se agrega el embate directo a la educación pública, no solamente afectando a sus trabajadores, que son quienes la sostienen y han sostenido históricamente, sino también transmitiendo perversamente el mensaje de que la escuela privada está ganando el espacio de la escuela pública, culpa de los paros docentes, y la mala calidad educativa. El argumento creado especialmente para legitimar la mentira es el “Operativo Aprender”, que indica que la escuela privada tiene mejores índices que la estatal, lo que llevó a que el Presidente públicamente se lamentara por aquellos chicos que “tienen que caer” en la escuela pública.

María Eugenia Vidal propone quitar la personería jurídica a los gremios en conflicto, agreden al secretario del Sute Roberto Baradel públicamente, e incluso lo discriminan por su aspecto físico, y recibe amenazas telefónicas de muerte. Proponen premiar a los maestros que no hacen paro, y en Mendoza se cierra la paritaria por decreto y de manera extorsiva se obliga a los docentes a no parar porque se les descuenta el ítem aula, y dada la crisis económica, no todos pueden darse el lujo de perder dinero por una causa justa.

En pos de achicar el Estado al mínimo, no solamente se deja a merced de las provincias el salario mínimo docente, sino que además se arma improvisadamente un operativo estandarizado, sin capacitación docente ni de alumnos, sin previsión, y sin fundamento para evaluar la calidad educativa argentina. El objetivo es, claramente, aunque algunos todavía nos sorprendamos, marginar a la educación pública y sus trabajadores al punto de poder eliminarla.

Aunque el gobierno lo ignore, no podemos dejar de entender la función social de inclusión e integración que tiene la escuela pública argentina. En las peores épocas de crisis, incluso ahora, una gran cantidad de niños comen y duermen en las escuelas, porque en un país donde hay hambre y pobreza funciona además de contenedora social. No es común ver a una escuela privada abriendo las puertas a un niño con hambre y frío, y ofrecerle una taza de leche caliente.

Desde el gobierno han podido instalar un cliché en las clases medias: “qué mal los maestros, no tienen vocación, y los chicos pierden clases”.

Es claro que no siempre todos están a la altura de las circunstancias históricas que les toca vivir. Pero es más claro que un buen sector de la sociedad se ha dado cuenta, que es preferible que los chicos pierdan un día, dos, o tres meses de clases, a clausurar para siempre la posibilidad a nuestros hijos e hijas de formarse y crecer en la escuela pública.