Y la historia pareciera repetirse… Allá por el 2012 los principales referentes de la UCR, con el actual gobernador Alfredo Cornejo a la cabeza, se oponían a la reforma aduciendo que solo la apoyarían si Paco Pérez declinaba de ser reelecto. 

Qué más se argumentaba por aquellas épocas: "La razón es que no está dado el clima para realizarla y consideramos que en caso de que se haga, se meterá de lleno el kirchnerismo nacional en la reforma para ganarle la impronta al justicialismo local. Lo único que les interesa es la reforma de la Constitución sólo por la reelección", advirtió el presidente del Comité Provincial de la UCR, Alfredo Cornejo. 

Hoy los tiempos cambiaron, Alfredo Cornejo es parte del oficialismo, de la alianza Cambiemos que nos gobierna conjuntamente con Mauricio Macri y Lilita Carrió y la oportunidad revive nuevamente.

Se debate en todos los medios si la reelección si o la reelección no. La vicegobernadora se manifiesta en contra, legisladores divididos, algunos intendentes, cuya posibilidad de reelección es indefinida por mandato constitucional, no tienen reparos ni pruritos para salir a opinar en uno u otro sentido, y mientras tanto, no se discute lo importante.

La Constitución de la Provincia de Mendoza data el año 1916 y si bien en su época se caracterizó por la incorporación de algunos derechos sociales, el solo paso del tiempo y el cambio de nuestras sociedades hacen imprescindible una reforma. Nuestra Constitución Provincial es anterior a la Nacional del año 1994 y al otorgamiento de rango constitucional de los principales los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Recordemos que en el año 1948/1949 existió una reforma avalada por todos los partidos políticos de Mendoza, que contemplaba derechos de lxs trabajadores, la familia, adultxs mayores, entre otros, y que fue derogado por un simple decreto del gobierno de facto de 1955, a cargo de su Interventor Federal Isidoro Busquets, volviendo a la Constitución de 1916 de principios del siglo pasado.

Derechos que fueran ignorados por el constitucionalismo clásico de corte liberal, como el derecho a la salud, la paridad de género, los derechos sexuales y reproductivos, derechos de lxs trabajadorxs, el derecho a la vivienda, a la función social de la propiedad, a conocer la identidad de origen, a la información y comunicación, a la pluralidad cultural y al reconocimiento de la diversidad sexual e identidad de género, por citar solo algunas cuestiones fundamentales, hoy son imprescindibles para la concreción de la dignidad humana y el fortalecimiento del sistema democrático.

Sin un acuerdo político y social que incluya la necesidad del reconocimiento de estos derechos e instituciones, seguiremos debatiendo en los medios y en la justicia, la validez de la reforma. No olvidemos que gracias a esa falta de acuerdo político todavía rige en nuestra provincia un Código de Faltas del año 1965, donde subsisten artículos anacrónicos que tratan de homosexualismo, merodeo, prostitución escandalosa y avalan tratamientos compulsivos de la salud entre otras normas que violan principios de igualdad y no discriminación.
Asimismo sería de esperar que el oficialismo, de quien parte la iniciativa, establezca reglas claras y transparentes de discusión y debate con todos los sectores que conforman la oposición, y que no suceda lo que días atrás en la legislatura, que por una maniobra intencionada, violando los acuerdos y aprovechando la mayoría que ostentan, modificaron unilateralmente un artículo de la Ley de Ética Pública, disponiendo elegir por mayoría simple, en lugar de 2/3 de los votos, a la máxima autoridad que tendrá por función controlar a los funcionarios públicos.

No se debe menospreciar la importancia de la reforma, más aún en épocas de retroceso de derechos, ya que cada día más personas en Mendoza, Argentina y el mundo, siguen siendo objeto de políticas de ajuste y de discriminación.