Como ya es habitual desde hace algunas semanas, este sábado se produjo una nueva reunión de dirigentes y militantes del Frente de Todos en el Departamento de Las Heras, nucleados tras el interés común de provocar una reacción positiva al interior del PJ, habilitando el debate y la discusión de un programa de desarrollo para la provincia. Esta expresión cuenta con referentes de departamentos del Gran Mendoza, como lo son, entre otros, el senador Rafael “Rafa” Moyano de Guaymallén, Mariano Martínez, de Godoy Cruz (Peronismo para Todos), junto al Secretario de Malvinas de la Cancillería y la candidata a presidir el PJ, la maipucina Fernanda Lacoste (ambos referenciados en la Corriente Nacional de la Militancia).

El encuentro sirvió para detallar los pasos dados respecto a la dinámica que marca la agenda electoral que desembocará con la elección de autoridades del Partido el próximo 11 de diciembre, en pleno desarrollo del Mundial de Futbol de Qatar. La fórmula que integra Lacoste y Moyano estuvieron el viernes en Tunuyán, celebrando el día de la Lealtad en un acto que contó con la organización del intendente Martín Aveiro y al que acudieron dirigentes de toda la provincia. El festejo dio pie para afianzar relaciones con sectores locales que comparten la lectura que plantea este espacio que se está consolidando para constituirse en una opción viable en todo el territorio.

Precisamente lo apresurado de la agenda impuesta por el oficialismo partidario, que impide un adecuado acercamiento con las y los afiliados en las vísperas de un año electoral que plantea un serio desafío al Justicialismo y los partidos aliados que integran el Frente de Todos, se encuentra entre las principales críticas que este sector que se ha ido configurando desde la voluntad de no resignarse a ser funcional a los intereses a la Alianza gobernante (CM) y los de Cornejo. La visión que buscan impulsar es producir un revulsivo en el PJ que decante en un proceso participativo dinámico que recupere la potencia electoral del peronismo el año próximo.

Sin embargo, la principal incógnita a resolver es la posición que tendrán los intendentes justicialistas quienes no se muestran muy entusiasmados con el cronograma impulsado por el sector que hoy conduce el PJ, integrado por la actual presidenta Anabel Fernández Sagasti y su operador Carlos Ciurca. Inicialmente la fecha de presentación de listas vence el 31 de octubre, pero hay conversaciones cruzadas que permiten inferir que todavía falta mucho para entrever una solución política que contemple como principal objetivo recuperar la competitividad electoral.

Cornejo en un foro de derecha internacional. El legislador y principal dirigente político del radicalismo mendocino, el senador Alfredo Cornejo, fue invitado por la Fundación Internacional para la Libertad, cuya cara visible es el escritor ultraliberal peruano Mario Vargas Llosa, a participar de un foro desarrollado en la ciudad de Madrid. También estaban invitados al mismo el ex juez brasileño Sergio Moro y el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.

El panel que compartió Cornejo con otros referentes de la derecha latinoamericana como el chileno Cristian Larroulet (ex ministro del Sebastián Piñera); el ex diputado peruano Enrique Ghersi y el mexicano Roberto Salinas León, se denominó "Retos y oportunidades de América Latina”. En su exposición, puso de manifiesto un repertorio que comienza a impregnar la propuesta de gobierno de Juntos por el Cambio en vista a las elecciones de octubre de 2023:  poner como prioridad la reforma laboral a gran escala, meter mano en el sistema previsional y bajar impuestos a los grandes grupos concentrados de la economía, quienes son los auspiciantes de este sector. “la Argentina necesita con urgencia reformas en lo laboral, previsional e impositivo”. A lo que agregó un matiz discordante para los oídos de sus Interlocutores, la necesidad de un “estado fuerte”, pero para ponerse al hombro los cambios estructurales que planean ya desembozadamente desde JxC para retornar a una economía a agroexportadora donde los costos laborales y previsionales no incidan demasiado. Para lograrlo, el senador planteó que es necesario concentrar poder político en torno a semejantes reformas.

Cerró este decálogo del buen alumno de Vargas Llosa con profusas citas de sus apologéticos libros sobre doctrina política, donde siempre se alude a una especie de “sentido común” que supuestamente es el capitalismo salvaje.  “Una economía sana y pujante para que los ciudadanos se desarrollen en libertad, aprendiendo en las escuelas, transitando seguros las calles y abandonando de una vez el elogio absurdo del pobrismo y la demonización de la riqueza". Laissez faire, laissez passer en estado puro: completa libertad económica, libre mercado, libre comercio, bajos o nulos impuestos, libre mercado laboral y mínima intervención de los gobiernos. Nada se dijo de abordar en su propuesta un programa que contemple el acceso al bienestar de las y los millones de argentinos que aspiran a una vida mejor, a lo que la derecha internacionalizada en donde busca inserción Juntos por el Cambio denominan genéricamente (y también peyorativamente) como “populismo”. Para esa parte de la ecuación Cornejo no dedicó ni una línea. En definitiva, lo que vociferó Cornejo es el debate pendiente sobre dos modelos de país que estarán en pugna en 2023.

Atentado contra Cristina. Algo huele muy mal detrás de la investigación sobre el intento de magnicidio cometido ya hace casi dos meses atrás en el barrio de Recoleta.  Si hay una evidencia que deja la investigación del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner es que la justicia, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia  y los medios se mueven al ritmo de los propios intereses que tienen en juego.  A pesar que desde un principio  estaba probada la identidad y responsabilidad  de los atacantes,  así como su  pertenencia  a Los Copitos y a Revolución Federal, y la relación de estos  con la empresa Caputo Hermanos, la firma ligada al exministro macrista Luis Caputo, la investigación avanza con sospechosa y calculada lentitud. Si el intento de magnicidio contra quien fuera dos veces presidenta y hoy ejerce el cargo de vicepresidenta de la nación se ralentiza por falta de voluntad, escasez de recursos y chicanas judiciales, qué seguridad y protección tienen quienes recurren al sistema de justicia o seguridad en su sola condición de ciudadanos de a pie. Pero este comportamiento institucional contrasta visiblemente con la celeridad y dedicación con la actuaban estos mismos organismos en la etapa de  la anterior gestión.  Durante el gobierno  del presidente Macri,  por mucho menos que una pistola en la cabeza de una dirigenta política, se activaban con urgencia los dispositivos de alerta. Un hombre de Mar del Plata fue detenido en el 2016 por realizar amenazas telefónicas, otro de Quilmes en el 2017 por usar Facebook contra el presidente. Incluso se movilizó la policía y al justicia hasta La Pampa para detener un sujeto que usaba las redes sociales para proferir  amenazas similares.  "No vamos a permitir que nadie genere miedo o incertidumbre. Aquellos que cometan amenazas o intimidaciones no quedarán impunes: vamos a trabajar para que rindan cuentas ante la Justicia", dijo  Patricia Bullrich en aquellos momentos. Sin embargo la hoy  presidenta del PRO ni siquiera repudió  el intento de magnicidio.  

Un ejemplo  ilustra mejor los avatares que sufre esta investigación. Por el atentado contra Cristina Fernández se investigan dos organizaciones delictivas: Los Copitos y Revolución Federal.  La jueza María Eugenia Capuchetti lleva adelante la investigación sobre los primeros, mientras que el juez Marcelo Martínez De Giorgi indaga las andanzas de los segundos.  Sin embargo , sobran evidencias para vincular ambas organizaciones. Primero fue Agustín Rossi, interventor de la AFI quien alertó sobre esta relación. «Necesitamos que se investigue la vinculación del grupo de Revolución Federal y la banda de los copitos» afirmó. Luego la propia Cristina Fernández de Kirchner quien señaló sobre RF: "Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra."  También en el escrito presentado a la justicia por los abogados de la vice presidenta afirma que es probable  que Fernando André Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los dos acusados  atentar contra la vida de la dirigente peronista, tuvieran relaciones con Revolución Federal.  Sin embargo, para el Presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, el juez que visitaba a Macri cuando este estaba en Casa Rosada,  no hay conexión entre los grupos y rechazó  este pedido hecho por los jueces y decidió mantener los expedientes por separado. Este criterio no cambió aún cuando se descubre que Jonathan Morel, fundador de Revolución Federal recibió más de trece millones de pesos de manos de la decoradora  Rossana Pía Caputo, hermana de Toto Caputo, el “Messi” de las finanzas en la era  Macri. Supuestamente Rossana Caputo pasó por “casualidad” un día por la carpintería de Morel en  Boulogne, en el conurbano bonaerense, y le encargó que fabricara unos muebles   para un emprendimiento que su empresa estaba ejecutando en Neuquén, a unos 1000 kilómetros de dónde se encuentra el modesto taller del aprendiz de carpintería.   Solo hace dos días fue detenido Jonathan Morel, el cabecilla de Revolución Federal, cuando ya han pasado más de cincuenta días del atentado contra Cristina Fernández.  Tal vez, cuando se responda la pregunta que se hace en la Revista Anfibia Nicolás Baintrub, se devele parte del misterio: ¿Por qué el Grupo Caputo, una de las empresas constructoras más grandes del país, contrataría para un edificio en Neuquén a una carpintería de barrio de Boulogne, a más de 1.100 kilómetros, cuyo dueño de 23 años aprendió a trabajar la madera en YouTube?.  Quizá cuando se descubran los autores intelectuales del atentado y quienes financiaron la operación, se expliquen las razones de tanta lentitud en el desarrollo de la causa.

Avanza el Presupuesto 2023. En diciembre de 2021, Juntos por el Cambio dejaba sin Ley de Presupuesto a la argentina. Después de 38 años de democracia la oposición rechazaba  la principal herramienta que tiene un gobierno  en materia de gastos y recursos de la administración pública nacional. El gobierno de Mauricio Macri no solo había contraído una deuda monumental con el FMI sin autorización del Congreso, sino que  luego mandó a sus legisladores a obstruir el gobierno del Frente de Todos pisándole la ley  más importantes que tiene un gobierno para gestionar. En el 2010,  durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se atravesó una situación similar cuando la oposición decidió no dar quorum en el recinto. El escenario es distinto ahora. Esta semana la Comisión de Presupuesto y Hacienda de  Diputados emitió  dictamen sobre el proyecto de Presupuesto de 2023  y este próximo martes 25 , en una sesión especial, lo debatirá en el recinto de la Cámara baja. Entre los artículos que mayor polémica van a generar, está el relacionado con la eliminación de la exención en el impuesto a las Ganancias para jueces y empleados del Poder Judicial. Si bien el personal nombrado después del 2017  ya paga ese tributo, ahora, con las modificaciones incorporadas,  alcanzaría a la totalidad de los miembros, “independientemente de la fecha de su nombramiento”.  Por otro parte, este presupuesto contempla una tasa de inflación del 60%. Sobre este porcentaje es que se estiman los ingresos que va a recibir el fisco. Sin embargo el último informe que elaboró el Banco Central, en base a una encuesta de expectativa sobre pronósticos macroeconómicos que la entidad realiza mensualmente, la proyecciones inflacionarias esperadas para el próximo año alcanzarían el 90%.  De llegarse a esta última tasa de inflación, los ingresos que recibiría el gobierno crecerían en el  orden de los U$S 18.000 millones, del cual el gobierno que encabeza Alberto Fernández podría  disponer discrecionalmente. Frente a esa hipótesis, la oposición solicitó y consiguió incorporar una “cláusula gatillo” mediante la cual se establece que,  “Si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% para el período acumulado”, el presidente no podrá distribuir por decreto ese excedente sino que debe mandar un proyecto al Congreso para que sean los legisladores quienes aprueben el destino de los recursos adicionales. Lo que no se dice es que también los gastos que realiza el estado se indexarán de acuerdo a la inflación. Un gran triunfo de la oposición en para un año electoral. Habrá que analizar, concluido los debates, si este Presupuesto será capaz de sostenerse en un escenario internacional en fase recesiva y si el gobierno podrá estabilizar la economía y una recomposición del poder adquisitivo de los salarios cumpliendo a su vez con las metas pactadas con el FMI.