Se dice que la renuncia del Ministro Guzmán disparó la crisis. Pero solo fue la manifestación de una crisis económica-social arrastrada desde hace tiempo, agravada por circunstancias extraordinarias (pandemia, guerra), y que pretendió resolverse con algo tan inapropiado como legitimar deudas fraudulentas con privados y con el FMI. Las falencias de la gestión, las desprolijidades, los reproches internos, los cambios de gabinete, exhibieron públicamente que la declamada unidad del Frente de Todos encubre rumbos, programas y medidas contradictorias. Muy grave, sobre todo cuando el poder económico y la derecha política anuncian sin tapujos que “vienen por todo”, incluso recurriendo al golpe de estado.

En 2020, el ahora ex ministro Guzmán celebraba (con aplausos de casi Todos) un acuerdo con los bonistas privados, primero del exterior y luego de los residentes locales. Se cambiaron papeles viejos devaluados y de dudosa legalidad por una nueva emisión de bonos, 105 mil millones de dólares, prácticamente sin quita de capital y con intereses menores a los anteriores, pero altísimos para tiempos de pandemia. Algunos planteamos que era mal camino. Fue el que se recorrió en la negociación con el FMI.

Cuando se presentó el acuerdo con el organismo internacional, las diferencias estallaron marcando un punto de inflexión en el Frente de Todos. Se legitimó un préstamo irregular del FMI, por presión de Trump, a un país insolvente y con la finalidad política de salvar al gobierno de Macri. Para pagarlo se contrajo un nuevo préstamo por alrededor de 45.000 MD, sometiendo el país al control del FMI: condiciona la soberanía económica, limita el desarrollo, subordina la solución de los problemas sociales al pago de la deuda. 

En ese momento el presidente Alberto Fernández expresó que, despejado el tema de la deuda, le declaraba la guerra a la inflación. El resto es la historia reciente de la verdadera guerra desatada por los agentes económicos más poderosos del país: corrida cambiaria, remarcación salvaje de precios, pérdida del valor adquisitivo de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales. Todo acompañado por la emergencia de las contradicciones internas del gobierno y los  cambios de gabinete, abriendo una crisis político-institucional que  desnudó la falta de solución auténtica para los graves problemas económicos y sociales.

La renuncia de Guzmán no es la causa profunda de la crisis, sino el disparador  que reveló el fracaso del rumbo escogido por el Gobierno Nacional. Hubieron errores de diagnóstico y de camino escogido, indefiniciones y conciliaciones con los principales responsables de las penurias populares. Desaprovechó el momento para suspender los pagos de la deuda pública e investigar a fondo su legalidad y legitimidad; hipotecó el desarrollo argentino refinanciando el impagable préstamo del FMI;  fue incapaz de avanzar en la expropiación de Vicentín, clave para  intervenir en el estratégico comercio agroexportador; no recuperó el control nacional sobre el río Paraná (verdadero fugaducto de las riquezas argentinas); se mostró impotente frente a los grupos oligopólicos que provocan los movimientos especulativos; y sigue una lista de pendientes para con las mayorías populares.

Lo dicho no significa desconocer las diferencias con el gobierno de Macri, ni las circunstancias excepcionales que debió afrontar el Frente de Todos, como la pandemia del COVID-19 y la crisis internacional por la invasión rusa a Ucrania. Pero el rumbo central del Gobierno ya se avizoró en el discurso de Fernández del 1° de marzo de 2020: por un lado reconoció la emergencia social y alimentaria de grandes sectores; por otro confió en un rumbo exportador, impulsado por las grandes corporaciones petroleras, mineras y agrarias,  para conseguir dólares que retornan a los que prestan y fugan, en un círculo perverso de Deuda Eterna. Además,  las situaciones de crisis requieren de un coraje excepcional, so pena de ser tragados por la misma. 

En mi opinión, la coyuntura de crisis desnudó y agudizó una estructura polarizada de nuestra Argentina dependiente, con un desarrollo capitalista concentrado, unilateral, especulativo, incapaz de contener a los 47 millones de habitantes. Se han vuelto antagónicas las contradicciones entre un polo minoritario pero muy poderoso, expresado fundamentalmente por grandes propietarios de tierras y agroexportadores, capital financiero, oligopolios industriales y comerciales, grupos mineros y petroleros, todos con aceitados vínculos con los circuitos internacionales del capital y las embajadas extranjeras. En el otro polo han ido creciendo los trabajadores informales, que oscilan entre la desocupación y la precariedad laboral, los cuentapropistas de oficio y subsistencia, los trabajadores formales empobrecidos, pequeños y medianos productores agrarios, pymes industriales y comerciales. Una capa de burguesía nacional oscila en sumarse a los negocios dominantes o ser arrastrada por el hundimiento del mercado interno, la escasez del crédito, etc.

Esta polarización, en el marco de la dependencia y del restrictivo acuerdo firmado con los bonistas privados y fundamentalmente con el FMI, ha tornado imposible avanzar satisfaciendo ambos extremos. No queda margen para redistribuir ingresos sin afectar intereses concentrados. Por ejemplo, dar un aumento de los planes sociales sólo provoca inflación si a la vez no se atacan los factores que traban el incremento de la producción.  

Asistimos a una combinación perversa de factores: el poder económico desató una corrida cambiaria presionando para que el dólar suba a unos 300 ó 350 pesos; el Tte. Cnel. Aldo Rico convocó a dar un golpe de estado (sin respuesta contundente del Gobierno); la oposición de derecha se mostró más virulenta que nunca (Macri con la Sociedad Rural; Elisa Carrió  pidiendo que “hagan patria guardando su dinero”; Juntos por el Cambio clamando por el ajuste fiscal y trabando cualquier tibia medida); y algunos medios de comunicación instalando una gran confusión deliberada sobre temas cruciales, como “los productores”, “el campo”, el gasto público, etc.

Frente a esta campaña, el Gobierno del Frente de Todos se ha mostrado, cuanto menos, impotente. En parte porque el Frente no funciona como tal; solo algunos parecen autorizados a tomar decisiones, y además peleados entre sí.  Entonces, no hay un rumbo definido, ni medidas claras, ni comunicación convincente.

Tomo algunos ejemplos referidos a los temas agitados por la oposición y parte de la prensa. 
Gasto público y déficit fiscal. En el primer trimestre del año el gasto en intereses de la deuda pública (Tesoro más BCRA) fue de más de 600.000 millones de pesos, mientras el principal plan social, Potenciar Trabajo, insumió 75.000 millones de pesos. ¿Quién es responsable del déficit? ¿Quién recibe más subsidios: los planeros o las grandes empresas petroleras que operan en  Vaca Muerta? ¿Cuáles son los costos de la producción de gas, petróleo, energía eléctrica? El Gobierno siguió pagando escrupulosamente intereses de deuda y subsidios a grandes empresas, y suspendió el Ingreso Familiar de Emergencia. Las organizaciones sociales han tenido que soportar un ataque judicial, político y mediático sin precedentes, y salir a mostrar que efectivamente trabajan en contraprestaciones que tienen un alto valor social (como la contención alimentaria y sanitaria en plena pandemia). La “ayuda social” es insuficiente para escapar de la pobreza.

El campo y  los productores. Se trata de una generalización errónea y mal intencionada, en la cual caen también, demasiado a menudo, los defensores del gobierno. Tanto en el campo como en la ciudad hay ganadores y perdedores. El campo no es plano, el término productores esconde enormes diferencias. ¿Qué hay en común entre un productor hortícola mendocino que trabaja con su familia una hectárea arrendada y un gran terrateniente capitalista de la pampa húmeda? Y más aún, detrás de la denominación los sojeros,  se oculta que un 10% de los productores controlan el 70% del cultivo. 

En El Campo debe diferenciarse una cúpula agraria concentrada (terratenientes rentistas y capitalistas, pooles y fideicomisos, grupos agroindustriales, grandes empresas contratistas de servicios) y una base agraria (obreros rurales, pequeños productores familiares, mini-rentistas, productores capitalizados pequeños y medianos). Muchos se desloman sobre los surcos, con trabajo personal y familiar; unos pocos se benefician de la renta del suelo, las ganancias normales y las ganancias extraordinarias. La inserción en el negocio exportador es también diferencial. La cúpula aumenta sus ganancias extraordinarias  por varios factores: espalda financiera y escalas productivas para esperar, aumento de precios internacionales y devaluación monetaria. A lo que se suman  las maniobras de contrabando, sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones. 

El desarrollo capitalista en el campo argentino, particularmente en los cultivos de la pampa húmeda, produjo una concentración creciente de la propiedad territorial, del capital y de la producción agropecuaria. La llamada Mesa de Enlace representa los intereses de la cúpula concentrada pero arrastra al 90% perjudicado. El Gobierno debe aplicar medidas diferenciadas, por ejemplo segmentación de las retenciones: aumento sobre los grupos concentrados, disminución para los medianos, eliminación para los pequeños. 

Un dato ilustrativo: los 10 principales grupos de siembra de la Argentina operan sobre 1.310.000 hectáreas de campos propios o alquilados. Adecoagro (vinculada al magnate financiero George Soros) y Aceitera General Deheza (familia Urquía de Córdoba) lo hacen sobre 210.000 y 200.000 hectáreas respectivamente. Para tomar dimensión basta pensar que toda la superficie cultivada de Mendoza es de 270.000 hectáreas. 

La escasez de dólares. Argentina exportó en 2021 unos 78.000 millones de dólares, un récord después de las cifras de 2011 y 2012. Un  poco más de la mitad se explica por los complejos de soja, maíz, trigo y girasol. Pero ¿es Argentina el receptor directo de esos dólares?

¿Quiénes tienen en sus manos ese fabuloso negocio? El ranking de las empresas agroexportadoras nos muestra para la campaña 2019 que 10 grupos representaron el 91% sobre un total de 97,5 millones de toneladas de granos, legumbre, harinas y aceites vegetales. Encabezados por el gigante chino COFCO (15%), seguido por las estadounidenses Cargill (12%), Archer Daniels Midland (11%), Bunge (9,5%) y la nacional AGD (9%). Las 5 restantes del selecto grupo eran Vicentín, Oleaginosa Moreno Luis Dreyfus, ACA y Molinos Agro.

Los exportadores esperan por una devaluación que aumente su renta extraordinaria (por encima de la ganancia normal), mientras los consumidores argentinos ven inalcanzables los productos básicos: harinas, pan, fideos, arroz, aceite, yerba, lácteos. E incluso productos como los hortícolas que se comercializan adentro y no se exportan.

Allí deben rastrearse los tenedores de dólares que faltan en el Banco Central y reclaman los importadores (a veces ellos mismos). Ese es el verdadero origen de la presión para un dólar a 350 pesos y una botella de aceite a 700 pesos en nuestras  góndolas. Los sectores medios que corren a comprar dólares ilegales sobrevaluados contribuyen (conscientemente o no) a crear el clima apropiado, anticipando su propia ruina: guardarán unos pocos dólares mientras el flujo de ingresos mensuales se verá severamente afectado. La devaluación es el paraíso para los exportadores (concentrados y mayormente extranjeros), un castigo para la importación de bienes esenciales, y el infierno para asalariados, jubilados y perceptores de ayudas sociales.

Entonces ¿la salida es Massa? La situación compleja y crítica no se arregla con cambio de nombres, sino con un golpe de timón que cambie el rumbo. 

Sin desconocer las diferencias personales, no se trata de Guzmán, Batakis o Massa. No alcanza  con el novedoso “volumen político” (¿?) otorgado primero a Manzur, luego a Scioli y ahora a Massa. Los ministros y ministras son devorados por una real y concreta lucha de intereses y objetivos contradictorios, que se han tornado antagónicos. Puja distributiva, según algunos. Aunque a muchos les parezca un término anticuado, lucha de clases, describe adecuadamente lo que practican desde el bloque dominante cuando proponen sin rubor liquidar ayudas sociales, modificar leyes jubilatorias, anular derechos laborales, reducir el salario real (llamado “costos laborales”). 

Un anticipo de lo que pretende la coalición opositora está dado por el gobierno de Suárez en Mendoza: durante el trágico año 2020 no otorgó un solo peso de aumento a empleados públicos, para luego exhibir superávit fiscal. Milei ha sido claro: existe el derecho a morirse de hambre, o la opción de vender órganos, niños, armas. Todo se compra o vende en el mercado. 

La tibieza gubernamental ha envalentonado una oposición que trabaja para el fracaso del  Frente que había despertado esperanzas populares en 2019. Prepara el terreno para que el desánimo y la sumisión, aunque temporales, le permitan hacer el gran ajuste en 90 días. El fracaso del plan económico del gobierno arrastra y desprestigia a las propuestas progresistas, populares, nacionales y de izquierda.

En estas condiciones, solo grandes movilizaciones de los contingentes obreros, campesinos, juveniles, femeninos, precarizados, populares, podrán exigir, imponer y sostener el cambio de rumbo económico descargando la crisis en quienes realmente la provocan. No se podrá mejorar la falta de trabajo genuino, ni las magras remuneraciones, ni parar la inflación sin tomar medidas profundas, como por ejemplo:

-    Suspensión del pago de la deuda, auditoría e investigación que separe deudas legítimas de estafas.

-    Anulación del acuerdo con el FMI y rediscusión sobre la base de investigar las responsabilidades del Organismo y del gobierno anterior en el otorgamiento irregular de ese  crédito impagable.

-    La nacionalización del comercio exterior y el consecuente control del ingreso/egreso de  las divisas.

-    Desarmar la bomba de las Leliqs (gran negocio del capital bancario), nacionalización de los depósitos y direccionamiento del ahorro nacional hacia el crédito productivo, que ponga en marcha la pequeña producción agraria e industrial.

-    Aplicación de la Ley de Abastecimiento para controlar a los oligopolios formadores de precios, ajustar los mismos a los costos reales de producción y combatir el acaparamiento especulativo.

-    Segmentación de retenciones, distinguiendo según el tamaño y volumen de la producción agropecuaria. Reforma impositiva progresiva, eliminación del IVA sobre la canasta alimentaria.

-    Paritarias libres. Aumento sustancial de las jubilaciones mínimas al nivel de la canasta de consumo.

-    Auxilio inmediato a las familias sin ingresos o menores a la canasta alimentaria, en camino a la organización de proyectos productivos que incorporen la fuerza de trabajo ociosa o subutilizada.

El verdadero drama del Gobierno es que la oposición de derecha lo derrote o lo voltee por haber perdido el sustento popular y no por haber intentado cambiar el rumbo. Si la oposición lo va a enfrentar, cuestionar y desestabilizar -aun cuando no aumente las retenciones, les conceda el dólar soja y prometa pagar al FMI-, entonces bien vale la pena luchar por cambiar la suerte del país y de las mayorías populares. Por supuesto que no hay garantías de triunfo previas, pero tampoco las tuvieron los patriotas que enfrentaron con las armas en la mano a las Invasiones Inglesas y luego a la Corona Española.

 Mendoza, 30 de julio de 2022
* Sociólogo. Profesor Consulto de la UNCuyo.