El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, confirmó las "masacres" de civiles en Bolivia, al presentar su informe final sobre las muertes en Senkata, Sacaba y El pedregal, ocurridas luego del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.

En ese informe, fruto de una prolífera investigación que llevó meses, incluyó entrevistas y recabó material probatorio, se describe que: "La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia”.

Al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas. Esto incluye situaciones de fuerte racismo, discriminación e incluso abuso sexual a las mujeres de pollera, mujeres indígenas bolivianas que fueron foco de esas violencias.

La representante del GIEI, Patricia Tappatá, presentó el informe, junto con recomendaciones de la CIDH, al presidente boliviano Luis Arce, y especificó que se concentraron estrictamente en dilucidar la responsabilidad del Estado en la vulneración de derechos humanos fundamentales.

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia recibió el informe, pidió disculpas públicas y anunció una serie de tareas a encarar desde el Ejecutivo y Legislativo boliviano en pos de restituir derechos y reconstruir la institucionalidad del país hermano, señalando las responsabilidades penales de los autores y ejecutores del golpe.

En lo inmediato, Arce anticipó: “Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos”, para avanzar en esa materia.

El Estado boliviano aceptó cada una de las recomendaciones y se comprometió a llevarlas a cabo. El presidente se comprometió a rever la composición de las fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta que aportó los elementos necesarios para darle fuerza al golpe, a la vez que se propuso desmontar los grupos parapoliciales, como la Resistencia Juvenil Cochala.

Penélope Moro, periodista y hermana del periodista Sebastián Moro, muerto en la insipiencia del golpe de Estado en ese país en noviembre de 2019, reflexionó sobre los compromisos políticos asumidos por el presidente Luis Arce y el potencial avance en Memoria, Verdad y Justicia que este proceso abriría.

Para Penélope, “queda esperar que Bolivia, más allá de lo discursivo, concrete todas las voluntades que han sido manifestadas, que su población encarne un proceso de memoria histórica reciente”. “Porque la carga judicial no tendrá legitimidad si en el pueblo no hay conciencia suficiente para que estos hechos no ocurran nunca más”, refiere.

Y es que esto implicará una vuelta de tuerca a la perspectiva judicial boliviana sobre los responsables: “Si bien hay aprehendidos por la última dictadura, se los responsabiliza por hechos de corrupción. De ahora en adelante deberán asumir responsabilidades penales”, señala Penélope.

Al mismo tiempo, la periodista entiende que esto radicará en un largo y complejo proceso, para el cual es fundamental la voluntad política para concretarlo. Asimismo, las expectativas del escenario que se vislumbra “son las mejores”, dice Penélope, que entiende la necesidad de contagiar a la sociedad boliviana el deseo de justicia, constituyéndola como causa colectiva.

Para la familia Moro, este martes “fue un día histórico”. Como hermana de la primera víctima del golpe en Bolivia, y también como periodista, Penélope grafica la entrega del informe de la CIDH a Arce con la magnitud de lo que fue en Argentina el informe de la CONADEP en 1984 o cuando Néstor Kirchner ordenó descolgar los cuadros de genocidas del Colegio Militar, en 2004.

Todo esto, el informe del GIEI y los anuncios de Arce, reimpulsan la causa por la muerte del periodista argentino Sebastián Moro, en parte por ser incluido en la misma investigación oficializada por la CIDH. Y a la vez, por ser enumerado entre las víctimas fatales por el propio presidente boliviano.

“Es un gran avance, le da impulso a la causa”, considera Penélope. Sin embargo, subraya: “Esperamos que estos logros no queden simplemente en lo simbólico, sino que se concreten en materia judicial, para lo que necesitamos la cooperación de ambos Estados para hacernos cargo de la causa, que no es solo por él, sino por cada trabajador de prensa que se debe al pueblo para el que comunican”. La de Sebastián es una causa colectiva.