Allá por los años 90 se inició un proyecto de parque de esquí en Manantiales. El proyecto se detuvo por la quiebra de sus proponentes y en el año 2008 la empresa UCO LOS TRES VALLES SRL retomó la iniciativa con un megaproyecto denominado PROYECTO CERRO PUNTA NEGRA.

El proyecto incluía la construcción de un club-house, un loteo de 20 parcelas, senderos turísticos, una central hidroeléctrica y un parque de nieve de 14 km, todo ello ubicado en la reserva Manzano Histórico- Portillo de Piuquenes, un paraíso natural de 314.600 hectáreas emplazado en plena precordillera mendocina. 

En el año 2012 por ley provincial 8400 y atendiendo al pedido del pueblo del Valle de Uco, esta zona es declarada área natural protegida debido a la riqueza de sus recursos hídricos, flora, fauna, minerales y material arqueológico entre otros bienes comunes, por lo que la empresa señalada debía adecuar el proyecto a dicha normativa que establece en su art. 5 conservar los recursos, preservar las fuentes de agua y todo lo concerniente al patrimonio cultural en la zona. 

En el año 2016 y sin contar con autorización alguna por parte de las autoridades del Gobierno de Mendoza, la empresa comenzó la construcción ilegal de una hostería y un club house. Debido a las denuncias de los vecinos/as de la zona y las inspecciones de los guardaparques,  la empresa fue multada por el Gobierno de Mendoza, luego de no haber acatado distintas intimaciones a detener las obras. A pesar de ello, el gobierno de Mendoza redujo la multa a $ 200.000 y la empresa no cumplió con reducir los pasivos ambientales que había ocasionado. 

Tal como lo establece la normativa provincial y nacional y en especial la ley provincial N^o. 6045, el IADIZA (Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas) dependiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) es el organismo especializado encargado de realizar el informe técnico de Manifestación General de Impacto Ambiental y aprobar o rechazar el proyecto. El IADIZA realiza dictamen negativo considerando que "el proyecto Cerro Punta Negra no es compatible con los objetivos de la creación y valores de conservación del Área Natural Protegida y que la empresa desconoce la legislación ambiental".

No fue el único dictamen desfavorable que recibió el proyecto, también realizaron observaciones contrarias al proyecto la Dirección de Recursos Naturales, la Dirección de PATRIMONIO CULTURAL, el Departamento de FLORA NATIVA de la Dirección de Recursos Naturales Renovables y el Departamento General de Irrigación.

Sin embargo, hubo algunas voces a favor. Pocos días antes de que se llamara a  una audiencia pública tal como lo establece la ley provincial 5961 en la etapa de evaluación de impacto ambiental, la Federación Económica de Mendoza (FEM) emitió un comunicado en el que expresó su apoyo al emprendimiento turístico Cerro Punta Negra y también la Cámara de Comercio, Agricultura y Turismo de Tunuyán consideró fundamental apoyar iniciativas que dinamizan la economía, el empleo y el turismo. 

La audiencia pública (virtual por efectos de la pandemia) fue contundente en cuanto a voces contrarias al proyecto, argumentando el impedimento legal de realizar emprendimientos inmobiliarios en la reserva, el pasivo ambiental que habrían dejado otros proyectos y los dictámenes negativos de los organismos especializados. 

Llama poderosamente la atención y fue señalado en la audiencia pública, que la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Mendoza, habiendo contado con los dictámenes desfavorables de organismos de gran prestigio como el  IADIZA y  la Dirección de Recursos Naturales Renovables, haya dispuesto encargar otro Dictamen Técnico a una universidad privada, la Universidad Champagnat, quien consideró en términos generales su aprobación supeditado al cumplimiento de condiciones. 

Esta medida, sin precedentes en nuestra provincia, de encargar otro dictamen técnico a un organismo privado, fue entendido por sectores ambientalistas como una clara gestión por parte del Gobierno provincial a favor del proyecto. 

Sin embargo, el 6 de agosto del corriente año, mediante la resolución 141, la Secretaría de Ambiente de Mendoza negó la autorización del proyecto "Cerro Punta Negra", concluyendo que “con sustento en las opiniones técnicas, científicas y jurídicas obrantes en las actuaciones bajo análisis, se observan elementos de suficiente contundencia sustancial (ambiental) para disponer la denegación de la autorización ambiental”.

También se dispuso que la empresa “deberá restaurar el sitio de implantación de la Hostería/Club House, asegurando la recomposición ambiental mediante la reposición de la vegetación desmontada y garantizar la reparación ambiental de los daños y/o afectaciones ocasionadas por el inicio de la construcción sin la debida factibilidad ambiental del proyecto", todo ello en un plazo de 30 días para el inicio de obras.

Sin dudas Mendoza tiene una tradición en la defensa de sus recursos naturales y fue la reacción social en sus diversas manifestaciones la que logró ponerle coto a un proyecto comercial inmobiliario y obligar al gobierno provincial a negar la autorización. 

Hay que señalar que la empresa UCO LOS TRES VALLES SRL, propiedad de Horacio Enrique Junco y Alejandro Ceferino Junco, tiene varios negocios en nuestra provincia, entre ellos varios restaurantes en Las Leñas como “Brasero” y el montaje de medios de elevación, por lo que deberá prestarse atención a como sigue  esta historia, sobre todo teniendo en cuenta que la misma resolución de la Secretaría de Ambiente de la Provincia expresa respecto de la denegación del proyecto:  “Que ello no obsta ni implica menoscabo alguno en los derechos del proponente interesado en formular futuras presentaciones de proyecto(s) ante esta autoridad competente ambiental, que se encuentren mejor ajustados a los parámetros y reglas impuestas por la normativa vigente en el área en cuestión, y que cumplan con los objetivos propuestos por el área natural protegida.”

Si bien es importante fortalecer el desarrollo económico y turístico de la región y de Mendoza, no a costa de violar la normativa de protección ambiental. Tal como lo establece en sus principios el recientemente aprobado Convenio ESCAZU para toda Latinoamérica y el Caribe (suscripto por nuestro país), el objetivo es asegurar la protección del ambiente y los derechos humanos en un modelo de desarrollo sostenible y garantizando la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.  El proyecto Cerro Punta Negra es un ejemplo de ello.