Quince días de manifestaciones en Colombia. Desde el 28 de abril, una vez más los nacidos en las costas, en las montañas y en los llanos cambiamos el chip sobre la realidad, desafortunadamente las malas noticias se convirtieron en ‘pan de cada día’ y en los últimos años aprendimos a convivir con el miedo y la melancolía de tantas desgracias, por aquello de las pandemias, los bombardeos en las zonas rurales y las muertes de nuestros líderes sociales, entre otras causas de descontento social. Los rostros de dolor y de zozobra se trasladaron a las calles, y aunque no se puedan ver por los tapabocas, las personas van a la tienda con  miedo, quienes tienen que salir a su trabajo van con malestar pues la violencia ha tocado a varias ciudades del país.

Yanira es una madre cabeza de familia que vive en Tunja, para ganar su sustento tiene dos trabajos como personal de servicios generales domésticos. Su inconformismo pasa por el malestar que le producen las marchas para salir y llegar a su hogar, a pesar de la incomodidad que le genera esta situación está de acuerdo con que es hora de cambiar una estructura que se beneficia de la corrupción.
Tunja es una ciudad intermedia en Colombia, a comparación de Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá, ciudades que han vivido con rigor los días del llamado paro nacional, siendo Bogotá y Cali los principales focos de la crisis social, marcada por la el abuso de la fuerza policial en distintos casos.

Según registros de la Defensoría del Pueblo, en el transcurso de estos días de manifestaciones, en el país se han llevado a cabo: 1.630 concentraciones, 699 marchas, 943 bloqueos, 213 movilizaciones en 689 municipios de los 32 departamentos. Se hace un nudo en la garganta saber que con corte al 6 de mayo, se registraron 26 homicidios en el marco de la protesta, 11 de ellos ligados directamente. Sin embargo, las cifras entregadas por los organismos oficiales distan mucho de las entregadas por las organizaciones no gubernamentales, en el caso de los desaparecidos hay reportes de 471 casos. 

La Defensoría del Pueblo, criticada además por estos días porque el director nacional se encontraba en su casa de descanso durante el primer fin de semana crítico, informa que 354 ciudadanos resultaron lesionados y 38 miembros de la fuerza pública, solo entre el 6 y el 7 de mayo, cifras muy crudas. Hay un abismo, tan grande como un océano, entre la clase dirigente del país y los ciudadanos de a pie. 

La chispa que encendió la llama fue la fallida reforma tributaria, la cual descabezó ya Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda, el presidente Iván Duque insistió en no retirar el proyecto de ley, que según él permitía tapar el hueco fiscal del país y subsidiar algunos proyectos del gobierno. Sin embargo las movilizaciones durante sus primeros cinco días hicieron retractarse al mandatario y obligar a retirar el proyecto de ley del congreso. 

La protesta ganó un primer round, en palabras coloquiales le ‘midieron el aceite’ y encontraron unos representantes del estado dubitativos y sin un norte claro, pues aquella reforma pretendía grabar impuestos sobre la clase media del país. Durante varios años la clase obrera ha sufrido impuestos temporales durante más de 20 años. La bomba de tiempo ha empezado a reventar.

Las movilizaciones no paran, los días y las noches de impaciencia siguen, pues se escuchan voces de algunos partidos políticos que proponen un estado de conmoción interior, que le daría facultades al presidente para utilizar la fuerza pública en casos que él considere necesario. Este lunes se espera una reunión entre el primer mandatario con algunos representantes de los gremios. Una luz al final de un túnel muy largo, pues los múltiples escenarios críticos protestan por los precios de la gasolina, la desigualdad social, el modus operandi de este gobierno, el descalabro en la salud, que en plena pandemia tiene en puertas del congreso otra reforma similar a la tributaria.  

Dentro de sus voces a favor está Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente, ex ministro de Vivienda y del interior, el jefe del partido político Cambio Radical, y una de las cartas tapadas para al cargo de Presidente de Colombia, pues el próximo 29 de mayo del 2022 serán las elecciones. 

Por su parte, otro de los abanderados de la propuesta es el ministro de salud, Fernando Ruiz, ficha de Vargas Lleras, y autor de la propuesta, quien además envió un mensaje de urgencia al congreso para que le dé celeridad a este proyecto de ley. 

Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, dice que este proyecto no es una reforma sino un ajuste a mecanismos ya existentes y que el proyecto no cambia el papel de las EPS. Gustavo Morales, presidente del gremio de las EPS del contributivo, fue un poco más drástico al calificar el proyecto, pues lo tildó de inoportuno, porque distrae a los actores en plena pandemia; e innecesario, porque algunos puntos positivos no requieren de una ley.

Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, sostiene que este proyecto desde su origen tiene vicios de trámite ya evidenciados en las audiencias y además considera grave que se incluya un capítulo que toma decisiones de la emergencia sanitaria y las vuelve permanentes.

Hay pensamientos y posiciones encontradas, así como hay personas que defienden la protesta, incluso virtual, hay quienes por el contrario proponen censurar en las redes sociales lo que sucede en el país. Incluso, esta semana Facebook e instagram bloqueron todas las historias que tuvieran que ver con el paro.

Los líderes sociales asesinados; las fuerzas militares inmersas en episodios de destrucción hacia los niños de nuestro país; departamentos en el olvido como Chocó, Amazonas, Guajira y Orinoquia; la falta de mano dura del gobierno con el narcotráfico apadrinado por el paramilitarismo en puntos específicos en el país; familias enteras que según el Dane (Entidad responsable del procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia) no tiene acceso a 3 comidas diarias; el abandono a las comunidades indígenas, patrimonio de la humanidad, son apenas una muestra de un sector que no le teme a morir por la pandemia sino por su descontento social.

Valga la redundancia, al gobierno le urge darle un giro a su forma de gobernar, pues restan 15 meses para que acabe el mandato, y hasta sea necesario preguntarse si una visión como esta pueda terminar a cabalidad. Sería una locura. Los triste de la situación es que en las periferias a la silla presidencial las aves de rapiña comienzan a merodear, haciéndose pasar por héroes, salvadores y hasta mediadores.