La Declaración Universal de Derechos Humanos fue declarada en 1948, y los diez primeros principios abarcan lo que, a cualquier millennial con sentido común le parecerían derechos básicos, solo por el hecho de existir: nacer libres, trato equitativo para todos y todas, disfrutar de derechos sin importar sexo ni género, raza, religión, color de piel o línea política que sigas, grupo social al que adhieras o tu orientación sexual.

Derecho a vivir en libertad y con seguridad, a no ser torturado ni torturar, a no ser torturado, la ley debe ampararte y aplicar para vos igual que para el resto, es obligatorio que puedas ir a la justicia cuando tus derechos sean violentados, nadie puede enviarte a la cárcel o echarte de tu territorio nacional arbitrariamente y, en caso de que te encuentres en una instancia judicial, ésta deberá ser celebrada en público, sin influencia externa en quienes te juzgan.

 Los derechos humanos fueron declarados tres años después de los Juicios de Nuremberg, en los que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad cometidos en nombre del Tercer Reich a partir del 1 de septiembre de 1939 hasta la caída del régimen en mayo de 1945.

Han pasado setenta y dos años, y uno quiere creer que las cosas han cambiado, aunque sea un poco. Sí, un poco quizás, pero falta, sí que falta. Teclear algunos nombres es suficiente.

En 1998, Matthew Shepard tenía 21 años cuando fue atado a una cerca, golpeado hasta quedar en estado comatoso, asaltado y abandonado por dieciocho horas en el frío del área rural de Wyoming, hasta que una oficial de policía lo encontró luchando por su vida, dando largos y pausados respiros. Pasaría cinco días conectado a un soporte vital, para luego morir. Matthew era gay, y durante el juicio a sus asesinos, los abogados defensores apelaron al “fueron provocados por avances no bienvenidos de personas de su mismo sexo”-alegato aún válido en 47 estados de Estados Unidos.

En 2016, Higui fue violada en manada por un grupo de hombres de su mismo barrio-que previamente habían incendiado su casa- por ser considerada una “chonga”, término argentino para las mujeres lesbianas que se visten y actúan de forma considerada varonil. Higui se defendió del brutal ataque, en el que fue golpeada y ultrajada, en lo que los atacantes consideraban un “correctivo” por ser homosexual. La policía la detuvo a ella, y pasó un tiempo en la cárcel; hoy, espera su condena por matar a uno de los diez agresores. Higui es lesbiana, mujer, y vive en Argentina. Aquí, una mujer muere cada 36 horas.

Entre 2015 y 2018, el número de víctimas de tráfico humano en Europa creció un 44%, con 15.310 víctimas en 2018, frente a 10.598 tres años antes. La mayoría de las víctimas provienen de América o de países eslavos. El 84% de las víctimas son destinadas al trabajo sexual. 1,2 millones de niños son víctima del tráfico humano cada año desde 2002, y esto es sólo una cifra de referencia.

Rusia se pronunció en contra este año contra los abusos cometidos por la policía estadounidense en los crímenes de George Floyd y demás personas de color que han sido asesinadas en 2020 y años anteriores. Al parecer no hay memoria de los abusos de la policía rusa cometidos contra manifestantes de la oposición, a los que les fue negada el agua y alimentos, que fueron privados de acceder a un representante legal y tampoco pudieron comunicarse con sus familias.

 Esto sin contar los ataques físicos que se reportan en las redes sociales y la represión a homosexuales y disidentes-un ejemplo claro es la detención y juicio del grupo de punk Pussy Riot en 2012. Durante los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, varias mujeres identificadas como las Pussy Riot fueron azotadas con látigos por la milicia de ese país.

En la región de Xinjiang, ubicada al noroeste de China, el régimen de Xi Jinping alberga numerosos campos de concentración donde la minoría musulmana uigur es sometida a trabajos forzosos y es víctima de sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El gobierno chino, con total descaro, desmiente esto y se refiere a los campos como centro de “educación vocacional” donde se trata de erradicar el extremismo. Queda un sabor agrio, un poco remite al “el trabajo te hará libre” que aún descansa en la entrada de Auschwitz.

En 2020, Facundo Astudillo Castro tenía veintidós años. El 30 de abril fue llevado para no ser visto más por la policía, por romper la estricta cuarentena impuesta por el gobierno nacional debido a la pandemia por COVID-19.  Las últimas personas que lo vieron lo recuerdan con las manos contra el móvil de los agentes. El 15 de agosto encontraron su cuerpo en avanzado estado de descomposición, para luego revelarse mediante una autopsia que había sido ahogado.

Luego de un exhaustivo proceso buscando evidencia y responsables, los fiscales concluyeron que no hay suficiente evidencia condenatoria para enjuiciar a los asesinos.  Lo curioso es que se encontró más restos óseos, que no corresponden a Facundo, que apuntan a un modus operandi de la policía de la zona. Facundo murió, y con él se fueron las posibilidades de una respuesta al abuso de los oficiales que debían proteger, no matar.

Es el año 2020, y todo esto ha ocurrido en setenta y tres años, amén de todo lo que no entra en un artículo periodístico.

 No es una película, esto pasa hoy, de nada sirve asombrarse de los metrajes sobre las grandes guerras del pasado y jactarse de lo que se ha avanzado, si se pierde la batalla de hoy, si hay niños en cajas lejos de casa, jóvenes con miedo en el clóset, adolescentes aterrados de ir a la escuela, si llevar una bandera te condena, si la conciencia de clase te hace un “zurdo empobrecedor” y apoyar el bien de la mujer te condena, según la misma institución que quemó a las mujeres que intentaban cambiar el mundo, y picanearon embarazadas durante la última dictadura cívico militar?

¿Son los derechos humanos realmente derechos o un etéreo privilegio?