El DNU publicado por Presidencia de la Nación que declara las telecomunicaciones como servicio público establece a lo largo de su articulado que dichos servicios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el acceso a las redes de telecomunicaciones son esenciales y estratégicos en competencia.

Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de TIC’s fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación y serán regulados por la autoridad de aplicación, constituida por el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, según estipula el DNU.

A la vez, se congelan las tarifas de los servicios de telefonía celular, internet y televisión paga desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC’s. De este modo se desactiva el aumento previsto por las empresas  a partir de septiembre, que establecía incrementos de entre 6 y 15% y que anunciaron a principios de agosto.

Desde el ENACOM consideran que a partir de este DNU “se repuso la potestad que tenía el Estado para regular los precios, lo que estaba incluido dentro de la ley de Argentina Digita y que fue derogada por el Decreto 267, que firmó el ex presidente Mauricio Macri”.

Los aumentos fueron durante un buen tiempo  unilaterales, definidos por las mismas empresas. El informe sobre el Índice de Precios al Consumidor de enero de 2020 da cuenta que, durante 2019, la inflación acumulada fue del 53,8%. Ese año, y de acuerdo al mismo informe, el rubro de comunicación (telefonía celular y servicios de internet) aumentó 63,9% en el mismo período, superando a la inflación notablemente.

Las empresas coincidieron, oportunamente, en señalar que los “ajustes de precios” llevados a cabo fueron necesarios para mantener el equilibrio entre los costos incrementales de la industria, el despliegue de las redes de 4G y fibra óptica, y la incorporación de nuevos servicios.

La demanda de estos servicios, en pandemia y su consiguiente cuarentena, han aumentado notoriamente. A fines de mayo, desde FOETRA, el sindicato de los trabajadores de las telecomunicaciones de nuestro país, indicaron que se triplicaron los consumos de datos móviles e internet en la Argentina.

Julio, un vecino cualquiera, paga alrededor de 1.200 pesos por un servicio de 12 Megas de internet en su domicilio, en pleno Dorrego, Guaymallén, donde la cobertura de las empresas de internet es vasta y diversa. Durante años utilizó Speedy que, a fuerza de no responder y funcionar con notoria lentitud, dio de baja hace dos meses.

Hace dos meses, Julio instaló el servicio de internet de la empresa Arlink, el que mantiene vigente hasta ahora. Si bien el servicio funcionó plenamente las dos primeras semanas, desde hace al menos un mes registra problemas para la conexión, la reproducción, la velocidad de descarga, sin llegar siquiera a los Megas ofrecidos por los que paga.

Desde hace al menos  una decena de años, el top de la denuncias realizadas  a Defensa del Consumidor, en Mendoza y en el país, lo encabezan las empresas de telecomunicaciones, sobre todo telefonía celular y servicios de internet.

Según información difundida desde la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia, en 2019 los reclamos por prestaciones deficitarias, incumplimientos de ofertas, promociones e incapacidad de dar de baja estos servicios representaron el 25,2% de las denuncias que se volcaron a ese ente de control.

Sin embargo, muchos rechazan, con extraños fundamentos, la iniciativa del gobierno nacional de avanzar en la regulación de precios y prestaciones de servicios de las empresas de telecomunicaciones. “Nos van a robar información privada”, “Quieren hacer dumping”, “Vamos camino a ser un país comunista”, son algunos de los resquemores manifestados en redes contra la medida.

No obstante, no es una novedad el reclamo de que dichos servicios sean públicos. En 2014, los legisladores de Juntos por el Cambio Gladys González y Gerardo Morales, ahora gobernador de Jujuy, presentaron un proyecto en la misma línea. “El servicio de telefonía móvil de la Argentina ha demostrado en los últimos años ser uno de los peores y más caros del mundo”, había resumido Morales.

Oportunamente, los legisladores del macrismo señalaron la necesidad de esta regulación: “Los altos precios no han garantizado un buen servicio. Las quejas de los usuarios en las oficinas de Defensa del Consumidor indican todo lo contrario: el servicio es malo, y las empresas no responden por ello”, dijeron.

Tras el anuncio del gobierno, el senador nacional del radicalismo Julio Cobos celebró la decisión: “Desde hace años venimos insistiendo con esto. Es razonable que si la telefonía fija es un servicio público, también lo sea la telefonía celular por el impacto social que tiene; la tecnología distinta no es argumento suficiente para esa diferencia, el fin es el mismo”, publicó el Twitter.

También, han expresado su apoyo 26 entidades de defensa del consumidor, a nivel nacional, que integran la Comisión de Usuarios de TIC’s, quienes han sostenidamente solicitado se avance en esta regulación: “Esta decisión del Gobierno nacional es una medida anhelada desde hace más de una década por las Asociaciones de Usuarios y Consumidores que hoy finalmente, se transforma en realidad”.

“Expresamos nuestro total apoyo a la medida y convocamos a todos los usuarios TIC de nuestro país, a manifestar su apoyo a lo que constituye una medida trascendental para garantizar el derecho humano a las TIC’s, para el desarrollo de una sociedad más igualitaria, garantizando el acceso de todas las personas a dichos servicios”, manifestaron en un comunicado desde CUSTIC.