Sería iluso pensar que, a pesar de los caso los casi 38 años del retorno a la democracia, la estabilidad institucional en Argentina  está plenamente consolidada. Periódicamente reflujos autoritarios, que tienen más consenso del que cabría desear y suponer,   arrasan con libertades, principios republicanos  y derechos sociales y económicos que dan por tierra con la promesa esgrimida por Raúl Alfonsín de que “con la democracia se come, se cura  se educa”.  

Uno de esos pilares que sostiene el delicado equilibrio de la frágil institucionalidad Argentina,  es la clara  y decisiva división que debe existir entre el sistema de  seguridad  interior  y la defensa nacional.  En Argentina este consenso básico fue trabajosamente construido  entre radicales y  peronistas,  y  se plasmó en tres leyes y un decreto aprobado bajo cuatro gobiernos de distinto color político. La ley 23.554 de defensa nacional de 1988,  promulgada por Alfonsín; la ley 24.059 de Seguridad Interior promulgada  en 1992 por Carlos Menem;  la ley 25.520 de Inteligencia Nacional,  sancionada en 2001 durante el gobierno del Dr. De la Rúa, y el decreto 727/2006 dictado por el presidente Néstor Kirchner  que reglamentó, después de casi veinte años,  la ley de Defensa.

Sin embargo  el presidente Macri, en su  afán de ser confiable al capital trasnacional desplegó, en materia de política exterior,  un incondicional alineamiento con los Estados Unidos, la Unión Europea y las corporaciones financieras internacionales a quienes percibía, no en función de sus intereses económicos y  geoestratégicos, sino como modelos de civilización,  orden,  libertad y presuntos  defensores del libre comercio.   Esta visión de lo que llamó “el mundo” lo llevó a adoptar, en materia de política de defensa, la  doctrina elaborada por el  Pentágono y  desplegada por el Comando Sur norteamericano, que promueve  el involucramiento de las Fuerzas Armadas  en  la lucha contra las llamadas “nuevas amenazas”.  El listado de funcionarios, militares y  acuerdos de cooperación firmados con Estados Unidos durante la gestión de Mauricio Macri dan cuenta de la influencia que tuvo ese país en materia de defensa y seguridad. La visita del  almirante Kurt W. Tidd, comandante del Comando Sur y principal promotor de la doctrina de las nuevas amenazas y de la intervención militar en asuntos de seguridad en la región,  es una muestra de este alineamiento.  Esta nueva concepción de la defensa durante  la gestión PRO  incrementó sustancialmente el  listado de los nuevos enemigos, nomina que no  solo se hizo   más extensa  sino también peligrosamente  ambigua y que  incluyó  el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, los conflictos sociales, las migraciones, el indigenismo, algunas expresiones del ambientalismo  y otras formas de delitos trasnacionales. 

Esta  concepción de la política de defensa sostenida por el Presidente Macri quedó plasmada en los  Decreto 638/2018 y 703/2018 respectivamente. En los considerando de la primera norma,   la administración PRO confesaba explícitamente   “Que este tipo de agresiones no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar.”  Con estos argumentos se echaban por tierra una política de Estado que apuntaló por décadas  el frágil andamiaje de las instituciones democráticas en el país.

A pesar que el artículo  4°  de la ley de Defensa Nacional sancionada por Raúl Alfonsín, dice textualmente que “Para dilucidar las cuestiones atinentes a la Defensa Nacional, se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior”,  el macrismo  avanzó  decididamente en sentido contrario. Uno de los aspectos más sensibles fue la eliminación que establecía que las Fuerzas Armadas sólo podían actuar ante “agresiones de origen externas perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros estados”.  El nuevo decreto macrista solo mencionaba  “agresiones de origen externo”,   dejando abierta la puerta para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir contra fuerzas “no estatales” al interior del territorio nacional. Por otra parte se dejaba intencionalmente sin definir lo que se entendía   como “amenaza”, criterio que quedaría librado discrecionalmente a su criterio.  Probablemente lo que tenía en mente “el líder más importante de la nueva época” como  bautizó a Macri el propagandista Durán Barba, no era combatir  el terrorismo ni el narcotráfico  sino subordinar   a los militares a  sus coyunturales necesidades políticas.  En medio de una feroz recesión económica y de un incremento de la protesta social,  la administración aprovechó para agitar sin sonrojarse, el avance del estado policial,  como argumento disuasivo y disciplinario.  

Por otra parte no hay dudas que el  terrorismo  el narcotráfico son amenazas muy concretas y letales que es  necesario controlar  y combatir. Pero, como ha quedado trágicamente demostrado en otros países como México y Colombia, no son las Fuerzas Armadas el instrumento estatal para enfrentar estas calamidades.  Para eso están las distintas estructuras que conforman el sistema  de seguridad interior: la provincia de Buenos aires cuenta con  93.00 efectivos; 50.000 efectivos suman entre Policía Federal  y  los policías  de la Ciudad de Buenos Aires;  80.000 hombre más provienen de  la  Gendarmería Nacional, Seguridad Aeroportuaria  y Prefectura Naval. A ello hay que agregar  las policías de todo el resto de las provincias. En América Latina, la Argentina es proporcionalmente el país con mayor número de policías por habitante; un número de hombres y equipamiento más  que suficiente para conjurar  los flagelos de la nueva criminalidad organizada.

Otro aspecto que apuntó a la militarización del país,  fue  habilitar a las Fuerzas Armadas para realizar  la custodia de  objetivos estratégicos y  brindar apoyo a las fuerzas de seguridad.  Gracias a los auspicios de la nueva política de defensa,  los militares devenidos  en policías ya podían  desplegarse al interior del territorio nacional  para proteger objetivos estratégicos , los cuales  no habían sido definidos adecuadamente, como  también brindar  apoyos logísticos en materia de seguridad interior, pero  cuyos alcances y justificación nunca fueron definidos.

También el presidente Alberto Fernández  repuso el   Decreto 1691/2006 sobre organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas.  Entre otras exorbitancias, y en nombre de la eficiencia, la gestión del Ministro Aguad  les había conferido   a los jefes de las Fuerzas Armadas  la facultad para realizar  designaciones, decidir  bajas, sustanciar  retiros, incorporar personal civil, atribuciones  indelegable que ahora volvieron  a quedar bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

Otro aspecto relevante de la política de defensa  del ex presidente Macri   fue la  subordinación de la política  de Defensa  a una política fiscal restrictiva  y de achicamiento del Estado. Un informe de la  Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) asegura que  el gobierno de Raúl Alfonsín dejó el gasto en defensa en torno al 2,4% del PBI; mientras que en el último año del gobierno de Mauricio Macri alcanzó el 0,7% del PBI. Fue tan profundo el recorte que el gobierno del presidente Macri no dudó en poner a la venta  incluso distintos bienes  del patrimonio inmueble de las Fuerzas Armadas. La lista es extensa y hoy está siendo sometida a investigación.  Un ejemplo de ello fue la  intención de poner a la venta decenas de miles de hectáreas pertenecientes al Ejército Argentino, ubicadas en La Remonta de Campo Los Andes en la provincia de Mendoza. Como en todas estas embestidas contra los bienes del Estado no estuvo ajeno un esquema de negocios que tendió  a una  mayor concentración de las tierras bajo riego y que facilitaba la extranjerización del suelo productivo en zona fronteriza con Chile. 

El Decreto  Nº 571/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández, si bien elimina la potencial injerencia de las Fuerzas Armadas en asuntos internos,   viene también  a recuperar el proceso iniciado con el Dr. Alfonsín  y el cual nunca debió retroceder de construir un sistema de defensa para la democracia.  Tal como el ministro Agustín Rossi lo señaló a un medio nacional: “No queremos unas Fuerzas Armadas que tengan un alineamiento automático con Estados Unidos como el que tenía el gobierno de Macri. Más bien apuntamos a que la Argentina cuente con militares que tengan bien definida la diferencia que hay entre tareas de defensa y aquellas de seguridad interior”. 

Mientras se vuelve a delimitar con precisión los campos de acción de las fuerzas de seguridad y de los militares,  el Ministerio de Defensa trabaja en una profunda reforma militar,  la pandemia generada por el Coronavirus en Argentina ha encontrado a los 90.000 hombres de las Fuerzas Armadas  brindando, como misión subsidiaria,  ayuda  humanitaria a ciudadanos de cada rincón de del país. Construcción de hospitales de campaña, distribución de raciones alimentarias y colchones, instalación de la laboratorios farmacológicos, vuelos para repatriar ciudadanos argentinos varados por la pandemia en otros países,  fabricación de barbijos, cofias, sábanas y otros elementos para los médicos y enfermeros que luchan contra el Covid-19,  muestran a una Fuerzas Armadas consustanciadas con la democracia, la soberanía nacional y con las necesidades más urgentes del pueblo argentino.