Las Constituciones Nacional y Provincial establecen que nuestro país y provincia adoptan para su gobierno la forma Representativa, Republicana y Federal. Es Representativa porque el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, es Republicana porque los representantes son elegidos por el voto popular y porque la división de poderes (Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial) funciona como un sistema de control que garantiza la descentralización del poder y finalmente es Federal porque las provincias conservan su autonomía en relación a las potestades no delegadas a la Nación.

Por estos días en Mendoza todo esto está en crisis…y el temor a una distopía se vuelve latente.

Está en crisis la representatividad de quienes fueron elegidos para administrar los fondos públicos y dejaron a la provincia con una deuda sideral que ubica a Mendoza en los últimos cuatro años como una de las cinco provincias más endeudas del país y ahora en cesación de pagos (default), mientras se rasgan las vestiduras solicitando al gobierno nacional fondos para pagar sueldos y aguinaldos culpando a la pandemia de su pésima administración.

Está en crisis el federalismo cuando un irresponsable livianamente sostiene que Mendoza debería independizarse de la Nación y fundar la República de Mendolandia y también está en crisis el republicanismo del que tanto se ufanan cuando estamos a punto de tener una provincia donde los tres poderes del Estado y no por voluntad popular, van a tener el mismo signo y color.

Esta introducción pretende ser el marco desde donde plantear la gravedad de lo que está sucediendo hoy en el Poder Judicial de Mendoza y el temor a que estos episodios queden perdidos en los vericuetos del castillo de Kafka solo entre leguleyos y afines.

Las personas viviendo en sociedad tenemos conflictos, muchos más de los que deseamos. Esos conflictos en muchas ocasiones no pueden ser resueltos por nosotras y nostotros mismos, y es la Justicia, el Poder Judicial, las y los jueces de la Suprema Corte de Justicia quienes deben dirimir los mismos. Esos mismos jueces y juezas tienen la función también de intervenir cuando las disputas se dan entre los organismos del estado, los municipios, las empresas públicas y privadas y todas las cuestiones trascendentales que hacen a la vida en nuestra sociedad.

Esas mismas personas, con tamaña y trascendente tarea son vitalicias en sus cargos (su función dura de por vida) y no son elegidas mediante la voluntad popular, sino que son propuestos por el gobernador de turno, debiendo tener el acuerdo de los miembros del senado. 

Cuando se produce una vacante en la Corte, es una práctica democrática buscar el mejor perfil para la persona adecuada y además que cuente con cierto aval de los sectores de la oposición, de manera que su nombramiento cuente con el respaldo necesario para tamaña responsabilidad. 

En el caso de Nanclares (presidente a cargo de la Suprema Corte que llevaba 30 años en el cargo) todo se puso muy raro cuando anunció su inesperada renuncia, cansado de tanto maltrato y de intentar mantener un equilibrio cada vez más difícil de sostener.

No había espacio para que Rodolfo Suárez, después de los nombramientos de Garay y Valerio, designara a otra persona que no fuera “una mujer”, la única mujer después de que Aida Kemelmajer dejara su cargo en el año 2010.  La elegida fue la mejor alumna, la más devota, la más fiel, las más obediente, las más “soldado” como alguien dijera en la Audiencia Pública de su defensa. 

No les importó que incumpliera los requisitos constitucionales para ser designada jueza del máximo tribunal de justicia de la provincia, que nunca hubiera ejercido la profesión de abogada, ni haya sido magistrada, que tuviera al menos un doctorado para dar cuenta de su formación en temáticas de género y diversidad (por eso debía ser una mujer ¿O no?) o una sólida formación en derechos humanos, o alguna formación académica y profesional que no haga dudar de su rol de subordinada.

Y cuando amplios sectores de la oposición (ya que no se trató solamente del justicialismo), se opusieron a su designación, el oficialismo, al mando del ideólogo del #Mendoexit y de un gobernador obediente y sumiso a los mandatos partidarios, en un acto exprés, entre gallos y medianoches hicieron el papelón institucional más grave de los últimos años de la historia de Mendoza.

Day asumió como jueza del máximo tribunal de la Mendoza, en un acto secreto para un selectísimo auditorio y sin que fuera publicado en el Boletín Oficial como corresponde. Tampoco juró en las instalaciones del Poder Judicial y en presencia del resto de los magistrados, sino que lo hizo en la Casa de Gobierno, sede de otro poder del estado.

Pero todo eso no fue suficiente, hay más. Al día siguiente y habiendo planteos que deben ser resueltos por la justicia, existiendo recursos presentados por Organismos de Derechos Humanos y los jefes de bloque de los partidos de la oposición sobre la legitimidad del nombramiento de Day, ella misma, estrenando “sello nuevo”, junto a los recientemente nombrados por Alfredo Cornejo, los Ministros Garay y Valerio, se reunieron y en la soledad, con la ausencia de los otros tres miembros de la Suprema Corte,   designaron como nuevo presidente al Juez Dalmiro Garay, quien hasta hace solo dos años fuera Ministro de Gobierno del mismo Cornejo.

Una de las tantas razones que sustenta la división de los Poderes del estado es la de evitar la concentración del poder en una sola mano y lo que es fundamental, cuando el Poder Judicial es independiente, los delitos cometidos por los miembros de los otros poderes pueden ser adecuadamente juzgados y así impedir impunidades y garantizar imparcialidad.

La concentración de todo el poder en una sola mano, signo o color es un caldo de cultivo excelente para la aparición de regímenes autoritarios, donde como expresa Pilar Calveiro en su libro “Violencias de Estado”, la búsqueda de un “enemigo objetivo”, es decir el de aquel que, aunque no hubiera hecho nada en contra del régimen, representa un peligro por su sola existencia.

Podríamos hacer una larga lista de “enemigos objetivos” (persecución a militantes opositores, sindicatos, docentes, cuicacoches)  a los que se apuntaron desde que el impulsor del #Mendoexit gobierna estas tierras, pero eso haría demasiado extensa la presente nota.

Basten los hechos señalados para un análisis que nos alerte sobre un futuro distópico (lo contrario a lo utópico, lo no deseado) de una Mendoza signada por catástrofes, epidemias, crisis políticas y económicas que nos lleven a la desintegración de la sociedad.