Esta semana, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, ha hecho público que el gobierno de Mendoza tiene dificultades para afrontar el pago de los sueldos de los trabajadores estatales. “No podemos dar certeza para los próximos meses del pago de los sueldos ni aguinaldos”, expresó. Ha dicho que esto se debe a la caída de la recaudación provincial provocada por la pandemia del coronavirus y ha dado a entender que si no se produce una mejora en la recaudación, los empleados públicos podrían no cobrar sus haberes.

En el contexto crítico que vivimos no se puede negar que la emergencia provocada por la pandemia y el impacto económico y social de la cuarentena tiene duras consecuencias. Pero de allí a atribuir todos los males que padecemos a una crisis sanitaria y a sus consecuencias económicas hay una notoria distancia. Lo que con tanta naturalidad y absoluta insensibilidad ha manifestado el ministro es inaceptable.

Lo primero que sorprende de esos dichos es que hace poco tiempo atrás, en ocasión de la discusión del presupuesto provincial, el gobernador Suárez y su gabinete destacaban la buena salud de las finanzas provinciales. Es más, este tipo de posicionamientos vienen de antes, en especial de la última campaña electoral ¡Cómo olvidar los autoelogios del oficialismo provincial, cuando la Mendoza de Cornejo y Suárez se jactaba de ser modelo de orden financiero!

Todo aparecía en su lugar cuando nos proponían, apenas asumía el gobernador Suárez, un endeudamiento multimillonario en dólares –uno más de la gestión endeudadora de Cambia Mendoza- y la autorización del roll over de una parte significativa de la deuda provincial, es decir nueva deuda fruto de la negociación de nuevas condiciones para la deuda vieja. Desde el gobierno se presentó al endeudamiento como una condición fundamental para el desarrollo futuro de Mendoza y se castigó furibundamente a los cuestionamientos de la oposición a esa iniciativa.

Ya por entonces, desde el Justicialismo y el Frente de Todos expresábamos nuestras dudas respecto del destino que se le daría a esa deuda en el caso de que fuera autorizada. Hoy nos enteramos que una caída significativa en la recaudación durante el corto tiempo de la cuarentena provocaría que el Estado de una de las economías más importantes del país no pueda pagar los sueldos de sus empleados.

Resulta evidente que el problema no arranca con la emergencia provocada por la pandemia. En todo caso, la crisis desatada por el brote pandémico está agravando las lamentables condiciones en las que ya se encontraban las finanzas de Mendoza. La fachada de “orden financiero” ya se venía cayendo a pedazos antes de esta contingencia sanitaria. Si no hubiera ocurrido la pandemia, tarde o temprano lo mismo se habría develado la insustentabilidad de la gestión económico-financiera del gobierno de Mendoza.

Escuchar al ministro de Hacienda da la impresión que esta pandemia está viniendo como anillo al dedo para disimular los yerros más que evidentes de la gestión de Cambia Mendoza. En un reciente informe, el consultor Dante Moreno nos ha ilustrado sobre la situación económico-financiera de Mendoza describiendo un panorama espeluznante: “El principal resultado de la gestión del ex gobernador Cornejo es el endeudamiento que registra Mendoza al cierre del 2019, el acumulado es de $73.073 millones, importe que representa un crecimiento del 400,8% con respecto a 2015. Indudablemente no solo preocupa el volumen de la deuda consolidada sino también su composición, el 60,1% de la misma en dólares”, sostiene el economista mendocino. El informe también destaca que la conjunción de mayor deuda en dólares con devaluación de la moneda nacional impacta fuertemente en los pagos de los intereses “como se registra en el nivel de intereses y gastos de la deuda al comparar 2015 con 2019 (826,4% de crecimiento)”.

Pero no solo se trata del problema de la deuda. La economía de la provincia de Mendoza se ha achicado significativa en los años de gestión macrista-cornejista. Moreno lo grafica con la caída del consumo de cemento portland, ventas en supermercados, patentamiento de automotores y el aumento de las tasas de desocupación y de pobreza e indigencia. (Moreno, Dante, Informe de Coyuntura Económica N° 35, abril de 2020). La actual gestión mendocina transitaba antes de la pandemia el mismo camino: endeudamiento y ausencia de políticas de desarrollo económico.

En segundo lugar, debería sorprendernos que el ministro haya preanunciado que los que pagarán los platos rotos por la situación crítica de las finanzas serían los trabajadores del Estado. No sorprende, en realidad, porque este panorama se veía venir. Algunos lo advertimos a poco de declarada la emergencia por el Covid-19 en Mendoza, cuando el gobernador Suárez remitió a la Legislatura el decreto 401/2020 para su ratificación. Mediante ese decreto el gobernador se atribuyó la facultad de realizar cambios presupuestarios, tomar deuda por montos equivalentes a los que la legislatura no autorizó al momento del tratamiento de la Ley de Presupuesto, a dejar sin efectos o modificar contratos con proveedores, locaciones de servicios y de obras, a recortar los ingresos del personal del Instituto de Juegos y Casinos, a disponer medidas frente a la emergencia con un grado de discrecionalidad excepcional. La amenaza de la pandemia y la necesidad de actuar de consuno dio lugar a la ratificación por amplia mayoría de ese decreto en la Legislatura.

Sin embargo, hasta el día de hoy, el Poder Ejecutivo provincial no ha hecho uso de las herramientas que defendió como imprescindibles para afrontar la crisis. Ateniéndonos a lo publicado en el Boletín Oficial de la provincia, ha realizado una sola modificación presupuestaria por un monto de 25 millones de pesos para la compra de insumos necesarios para afrontar la pandemia, un monto ínfimo si se consideran las dimensiones de la emergencia declarada.

Por ende, podemos inferir que el gobierno –sin realizar ningún rediseño de la estrategia de recaudación y de gastos en el marco de la emergencia, sin considerar el recorte de gastos superfluos más allá del simbólico gesto de donación de parte del sueldo por el gobernador, sin utilizar las herramientas que el propio gobernador diseñó para afrontar la emergencia- estaría decidiendo que serán los trabajadores estatales los que sostendrán la crítica situación financiera de la provincia.

Uno puede legítimamente preguntarse por qué no se ha analizado y planteado una estrategia de recaudación que permita que el peso de la crisis no lo tengan que soportar los asalariados y los sectores de la economía más impactados, o por qué no se ha planteado el ajuste de gastos empezando por aquellos que son suntuarios, siguiendo por los no imprescindibles y que no afectan a los servicios fundamentales, antes de poner en riesgo a los servicios no esenciales y a los ingresos de miles de mendocinos como se está amenazando.

Estamos observando por estos días el modo en que la lógica que expresa el ministro Nieri avanza como un huracán en las distintas dependencias públicas: recorte de adicionales del personal de Casinos acordados en paritarias, recorte al personal de ATM, eliminación de adicionales en otras dependencias y organismos descentralizados, amenazas de no renovación de contratos de locación de servicios en distintas áreas, gravísimas demoras en el pago al personal contratado del sistema de salud que ha tenido que esperar el pago en el momento en que más se lo necesitaba, amenaza de disminución de los salarios a los empleados públicos, anuncio de que los sueldos podrían no pagarse… Por otra parte, no llegan los insumos necesarios para enfrentar la pandemia a los hospitales y centros de salud, hay personal sanitario que al no recibir elementos de protección deben recurrir a proveerse por sus medios de los mismos, hay una preocupante ausencia de la provincia en la asistencia a los sectores de la economía impactados, se niegan los recursos a los municipios para enfrentar la pandemia, entre otras graves circunstancias.

Este último aspecto resulta especialmente destacable. La negativa del gobernador Suárez a coparticipar los recursos destinados por el gobierno nacional a enfrentar la pandemia en nuestra provincia, revela otra realidad que por su gravedad es planteada no solo por la oposición justicialista sino también por algunos oficialistas: los municipios se están haciendo cargo de una parte sustancial de los gastos que demanda la emergencia y el gobierno provincial descarga sobre ellos buena parte del peso financiero del abordaje de la crisis.

Resulta inestimable la cantidad de recursos que cada municipio está destinando a llenar los baches de una gestión provincial que no se ha hecho cargo en la medida adecuada de las necesidades alimentarias de miles de comprovincianos, del aporte de insumos a hospitales y centros de salud, de la asistencia a productores y comerciantes que padecen las consecuencias de la prolongación de la cuarentena, etc., etc.

El ministro Nieri ha anunciado, en el mismo momento en que angustiaba a los trabajadores estatales con sus dichos, que el gobierno está buscando tomar deuda para afrontar la crisis. Y esto nos confirma que estamos ante un gobierno que tiene tres únicos argumentos para gestionar: ajustar sobre los servicios esenciales y los recursos humanos que sostienen la gestión provincial, tomar deuda a diestra y siniestra, y pedir asistencia financiera al gobierno nacional. La perspectiva integral, el ingenio y la creatividad en la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales y coyunturales no parecen ser cualidades presentes entre quienes, en su quinto año de gobierno, han puesto a la provincia en una situación ruinosa.

Las polvaredas que el ex gobernador Cornejo pretende levantar, con sus cada vez más frecuentes zapateadas contra el peronismo y el kirchnerismo, evidencian el intento de disimular los daños irreparables que su gestión ha provocado al Estado provincial, equivalentes a los que su socio, el ex presidente Macri, infligió al Estado nacional. Lamentablemente, sus continuadores siguen el mismo camino. El ministro que endeudó a la provincia durante el gobierno de Cornejo sin preguntarse cómo se pagaría, es el mismo que nos dice hoy que la plata no alcanza, que las finanzas están en estado crítico y que los sectores más expuestos a la crisis –trabajadores, sectores de la producción y los servicios, gestiones municipales- son los que tendrán que soportar las consecuencias de la falta de ideas y acciones gubernamentales para afrontar la crisis.

Todo indica que los dichos de Nieri no fueron lanzados porque si. Presumo que además de intentar disimular responsabilidades propias busca redirigir las demandas hacia el gobierno nacional y preparar el terreno para que los trabajadores acepten mansamente el manotazo a sus bolsillos que ya ha empezado a concretarse en distintas áreas del gobierno provincial. Por eso es que no dudo en calificar sus dichos como repudiables.

A diferencia de lo que viene ocurriendo en Mendoza, el presidente Alberto Fernández no ha escatimado esfuerzos ni dejado de proponer ideas y acciones para afrontar la crisis. Es hora de que, con el mismo espíritu, el gobierno de Mendoza asuma sus responsabilidades de gobierno.

Desde el peronismo no hemos dejado de ofrecer nuestra mano extendida para colaborar ante la crisis. Por ahora, la respuesta del gobierno a nuestros gestos de buena voluntad no ha ido más allá de los pretextos exculpatorios del ministro de Hacienda y los agravios del ex gobernador Cornejo.

Frente a esta decepcionante realidad, los justicialistas no cejaremos en el esfuerzo de trabajar en unidad para superar la crisis que enfrentamos en la provincia y en la Argentina. Lo haremos acompañando y defendiendo a los que trabajan, a los que producen y a los que gestionan lo público pensando en el conjunto del pueblo mendocino. Quiera Dios y el soberano pueblo de Mendoza que quienes hoy rigen los destinos de la provincia asuman también esa impostergable tarea. Es la hora. Basta de pretextos.