Los números están definidos, el oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras y, como si esto fuera poco, la cúpula del justicialismo salió a respaldar la iniciativa con algunas observaciones. La sesión plenaria de la Legislatura local dio lugar a que se expresen diferentes sectores y se plantearan distintas posturas.

Desde el oficialismo se brindó un fuerte apoyo a la propuesta enviada desde el oficialismo. El diputado Jorge Sosa, de la UCR, aseguró que "los problemas que se han dado son a raíz de errores en la construcción de los diques de cola, no de la minería en sí". 

En tanto que el senador Pablo Priore (Cambia Mendoza - PRO) señaló que no hay plazos para la aprobación de la ley, pero “hace más de dos años que se viene discutiendo en los distintos estamentos del Senado. He estado siguiendo el proyecto de Abraham y el de Agulles, el proyecto del oficialismo es una síntesis de esos proyectos y del común acuerdo de las distintas fuerzas”.

En ese sentido, el senador planteó que el oficialismo puede “pasar la votadora” para dar aprobación al proyecto. “Va a llegar el momento en que lo sometamos a votación”, dijo. Además, criticó a la Ley 7722 asegurando que “es absurdo que para una industria como la minería lo tratamos en la Legislatura y para otra industria no. El impacto que produce Hierro Indio en la Legislatura es menor que lo que produce una finca de 20 hectáreas”.

Por otro lado, el Senador provincial por el Frente de Todos, Lucas Ilardo aseguró que la modificación de la Ley 7722 serviría para "agregar recursos para el hospital de Malargüe, el único lugar donde hay consenso social, incorporándolo en los ejes de esta reforma de la ley".

En la vereda de en frente, algunos representantes de las Asambleas por el Agua Pura dieron cuenta de la presencia de metales pesados en los ríos de San Juan y los inconvenientes que se dan en torno al agua de consumo en Jáchal. Al exponer las representantes de las asambleas, ya hacia el final del plenario, muchos legisladores se levantaron y se fueron. Entre ellos, Ilardo, Jaliff y Diumenjo.

El senador provincial por el FIT, Lautaro Jiménez acusó que tanto el oficialismo como la cúpula del justicialismo "encubrieron en campaña que iban a legalizar el cianuro y el ácido sulfúrico". Quien también se manifestó fue la diputada Laura Chazzarretta, “para nosotras, desde los feminismos populares y comunitarios, realmente creemos que falta la pata del feminismo a estos aportes”, aseguró.

En ese sentido, la legisladora puntualizó que “no he escuchado hasta acá nada sobre la relación directa que hay de trata y prostitución con los yacimientos petrolíferos y mineros. Demostrado con los organismos como Protex”. Y agregó que “donde se explotan los territorios, se explotan los cuerpos de las mujeres”.

Finalmente, el diputado Jorge Difonso, quien fue uno de los autores de la Ley 7722 analizó que “hemos expresado nuestros fundamentos para la defensa de la 7722, son muchos y de mucho peso”. 

El diputado señaló que “hoy en día se está demostrando que no hay licencia social para avanzar en la modificación de la ley para la utilización del cianuro y del ácido sulfúrico, sustancias altamente contaminantes que han generado numerosos inconvenientes en otras partes del mundo”. 

En ese sentido, Difonso remarcó que “Mendoza tiene que ser sustentable pensando en las generaciones futuras y no tener el egoísmo de pensar solo en el presente”. Del mismo modo el sancarlino expresó que “tengo la esperanza de que históricamente sobre este tema no se ha respondido a lineamientos partidarios. Acá tiene que prevalecer la conciencia de cada legislador a la hora de votar y que no se guíen en las mayorías y las pertenencias partidarias”.

Finalmente, Jorge Difonso consideró que “si esta ley es reformada de la manera en que se está tratando, evidentemente va a estar en contra de la Constitución Nacional y provincial. La reforma establece que se va a permitir el uso del cianuro y el ácido sulfúrico, son estándares del cuidado de la salud que son consagrados y son derechos adquiridos de los ciudadanos mendocinos. Cualquier ley que lesione esta situación va a ser inconstitucional”.