Paulina Acevedo, coordinadora del programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano de Chile, reveló que hubo “1.908 denuncias por violencia institucional” durante los primeros 10 días de protesta, tomando en cuento lo que le informó la fiscalía nacional a la misión internacional que viajó al vecino país para realizar un informe sobre violaciones a derechos humanos durante las manifestaciones sociales.

“De acuerdo al Colegio Médico tenemos cerca de 180 lesionados en zonas oculares, algunos de ellos con pérdida total de visión”, describió Acevedo en diálogo con  y agregó que “esto implica un lamentable récord mundial en muy poco tiempo, porque tenemos incluso más afectados que en 6 años de conflicto Palestino Israelí, donde el registro de personas afectadas por lesiones oculares llega a 154 casos”.

El presidente Sebastián Piñera presentó la semana pasada un paquete de medidas que incluye un proyecto de ley antisaqueos, antiencapuchados y antibarricadas, que de acuerdo a la especialista en derechos humanos “es un aliento para que las fuerzas policiales se vean todavía más conminadas a utilizar mecanismos que exceden lo que debe ser el control de una manifestación que pueda generar o tener contextos de violencia”. 

La misión que llegó a Chile el miércoles está integrada por 10 organizaciones internacionales, entre las que se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Madres de Plaza de Mayo con la presencia de Nora Cortiñas; la Liga Argentina por los Derechos Humanos -FIDH; y la CTA- Autónoma; y presentará un informe preliminar el lunes al presidente de la Corte Suprema luego de recabar información de distintos organismos oficiales en Santiago, Valparaíso y Temuco durante 5 días. 

Acevedo indicó que “la movilización no solamente aspira a que se garanticen los derechos a la salud, a la educación, a una pensión digna, a una vivienda digna, sino que también se avance en construir un país con normativas verdaderamente democráticas, votadas por la ciudadanía en plebiscitos o en referéndums que garanticen un derecho básico, como es el derecho a la participación política”.

Sobre una posible salida al conflicto, la comunicadora social sostuvo que la demanda de “una asamblea constituyente está como exigencia base para comenzar un proceso de diálogo social y político que avance a resoluciones de fondo” y consideró que es el “mecanismo que surge también como la única alternativa que garantice un mínimo democrático”.

-¿Cuáles son las principales denuncias que tuvieron sobre violación a los derechos humanos desde que se iniciaron las protestas?

-El día jueves la misión realizó una serie de reuniones con autoridades de gobierno, con la Fiscalía Nacional, con la Defensoría Penal Pública, con la subsecretaría de Derechos Humanos recopilando y recabando la información que ellos han ido obteniendo. Hay algunos resultados que dan cuenta de la magnitud de lo que ha sido la represión de la protesta social en Chile, ya que la fiscalía nacional nos informaba que solamente en el último corte de su registro, desde el 18 de octubre al 28 de octubre, en 10 días, registran 1.908 denuncias por violencia institucional, en su mayoría desnudamientos en comisarías en contextos de detención de manifestantes. Esto es una situación muy grave porque hablamos de casi 2.000 denuncias en solamente 10 días. También nos comentaba la Fiscalía Nacional que existen denuncias por disparos hechos al cuerpo de los manifestantes, y de acuerdo al Colegio Médico tenemos cerca de 180 lesionados en zonas oculares, algunos de ellos con pérdida total de visión. Esto implica un lamentable récord mundial en muy poco tiempo porque tenemos incluso más afectados que en 6 años de conflicto Palestino Israelí, donde el registro de personas afectadas por lesiones oculares llega a 154 casos. En poco más de dos semanas de manifestaciones en Chile tenemos más lesionados de los que reporta este registro. También tenemos homicidios imputados a agentes del Estado, carabineros y militares, una situación donde las propias autoridades están reconociendo que existe un exceso del uso de la fuerza por parte, ya no solamente de carabineros sino que también de militares en el marco del estado de emergencia y el toque de queda que decretó en casi la mayor parte de las regiones del país el gobierno de Sebastián Piñera.

-El presidente anunció un paquete de leyes antisaqueos, antiencapuchados y antibarricadas; ¿Esto puede empeorar la situación?

-Absolutamente. Lo que el presidente está haciendo con esto, de la misma manera que cuando denominó esto como una guerra y ese contexto fue el que le dio la posibilidad de sacar a los militares a la calle, al hacer el anuncio de la presentación de estos proyectos, es un aliento para que las fuerzas policiales que ya estaban generando esta represión se vean todavía más conminadas a utilizar mecanismos que totalmente exceden lo que debe ser el control de una manifestación que pueda generar o tener contextos de violencia. Esto es un llamado a actuar aún con más fuerza frente a barricadas, frente a personas que se manifiestan de forma encapuchada, o incluso solamente con una parte de su rostro cubierto. Porque pensemos que ante el gran número de gases lacrimógenos que son arrojados por carabineros, muchos manifestantes tienen la zona de su boca y nariz cubiertas para precisamente tratar de minimizar el impacto de estos gases. Entonces eso los convierte inmediatamente en personas que se manifiestan con el rostro cubierto y podrían generar las acciones que ya carabineros está haciendo, rompiendo sus propios protocolos al disparar, no de la cintura hacia abajo para inmovilizar posibles acciones violentas, sino directamente a la zona alta de los cuerpos con gran riesgo no solamente a las lesiones oculares que ya se registran sino que eventualmente de situaciones de muerte de manifestantes que es lo que queremos evitar. Ya existen 5 denuncias que están en proceso de investigación por parte de la fiscalía donde el resultado es la muerte del manifestante, y sabemos que existen 21 casos de muerte registradas, algunas de ellas en incendios, en contextos de saqueos. Pero las familias reportan serias dudas respecto de los peritajes; dejando entrever que estos incendios podrían ser producidos intencionadamente para ocultar algún tipo de exceso en el control de esos saqueos, para ocultar lesiones que se habían producido a estos manifestantes y el incendio de algún modo u otro las borra.

-¿Cómo ve la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que convocó el presidente?

-Es un retroceso porque es nuevamente utilizar herramientas o instancias que fueron decretadas en el contexto de la dictadura, el toque de queda lo fue también, los estados de emergencia. Entonces volver a llamar a un Consejo de Seguridad Nacional no solamente da cuenta de la incapacidad del gobierno para hacer frente a la protesta social de una forma adecuada, desde una perspectiva de derechos humanos, protegiendo el derecho que tienen las personas a manifestarse sino que al convocar a este consejo y desde esa perspectiva de seguridad nacional, puede generar que se adopten medidas excepcionales que han tenido las consecuencias que antes marcaba. Pensemos que, por ejemplo el toque de queda, con toda lo antidemocrático que es porque restringe el derecho humano a desplazarse, a movilizarse y que constituye una falta porque la persona no debería ser objeto de una privación de libertad, provocó que aquellas personas que transgredieron este toque de queda y que eventualmente fueron retenidas, fueran conducidas a comisarías permaneciendo horas privadas de libertad, lo cual constituye una vulneración clara a sus derechos. Esta noción de seguridad nacional con que se está enfrentando es claramente más fuego a un conflicto que solamente podría escalar con medidas de esta naturaleza.

-¿Cuáles son los principales motivos políticos y sociales de fondo de esta protesta?

-La persistencia de mecanismos de la dictadura es parte de ellos y da cuenta que no solamente estas son medidas de excepción sino que la propia Constitución del país es emanada ilegítimamente en un plebiscito que se sabe ilegal porque se dio en un contexto de dictadura sin los mínimos requisitos democráticos para asegurar que esa fuese una elección válida. Desde los marcos constitucionales hasta muchas normativas sectoriales que obedecen al mismo principio, que fueron decretadas por medidas presidenciales sin pasar por una consulta y una tramitación legislativa, y que subsisten hasta el día de hoy. Eso en cuanto a lo estructural, lo institucional. Pero también tenemos que esa Constitución sumada a estas leyes sectoriales, ha permitido una apropiación de bienes naturales, del agua, por ejemplo, o el decreto 701 que permitió la expansión de los monocultivos de pino radiata y eucaliptos que ha tenido gran impacto en lo que es el denominado conflicto mapuche, que también tienen que ver con la imposición de este tipo de cultivos en los territorios ancestrales del pueblo mapuche. 

-Y el tema de la educación y la salud...

-También tenemos una situación que tiene que ver con el acceso a bienes sociales mínimos porque la educación en Chile está absolutamente privatizada, y recién en la última década se ha avanzado a generar algunos espacios de gratuidad en relación a la educación superior. Situaciones que también se mantienen en el caso de las pensiones con las denominadas AFP, los fondos de pensiones que terminan siendo un sistema de ahorro privatizado donde las empresas no solamente especulan con los ahorros de los cotizantes sino que también, y así lo reflejan las primeras pensiones que han sido otorgadas bajo este sistema impuesto también por la dictadura, es que las pensiones percibidas están muy por debajo del salario mínimo. Estamos hablando de personas que reciben poco más de 100.000 pesos cuando el salario mínimo se empieza a acercar a los 300.000. Prácticamente un tercio del salario mínimo. Además la línea de la pobreza está por encima del salario mínimo. Entonces tenemos una situación que va generando no solamente contextos de pobreza sino que también lo que ha primado durante las últimas tres décadas es un endeudamiento por parte de los y las chilenas que los hace estar en una situación permanente de tener que resolver económicamente las condiciones mínimas de una familia, generando situaciones de estrés muy altas. Chile posee récords lamentables en índices de suicidios adolescentes, consumo de alcohol y otro tipo de drogas que dan cuenta de los problemas de salud mental que han sido establecidos en índices muy altos. Es un sistema neoliberal económico que fue impuesto por esta Constitución y que finalmente hace que los chilenos se levantaran en contra de esto que constituyen claramente abusos. El pueblo está cansando de este sistema que genera poca solidaridad entre los diferentes actores y sectores. 

La salud también está privatizada. Hay un fondo nacional de salud pero muy precarizado en sus atenciones y los servicios privados de salud hacen diferencias ostensibles entre, por ejemplo, los adultos mayores o los menores de un año, que requieren más prestaciones o incluso en el caso de las mujeres en edad fértil que pagan hasta dos y hasta tres veces más que un hombre de la misma edad. Incluso hay situaciones tan vergonzosas desde las perspectivas de derechos humanos como es que estos servicios privados de salud propusieron planes que denominaron “Sin útero”, es decir, que las mujeres se comprometían bajo un contrato a no concebir a fin de poner tener planes de salud de menor costo para ellas. Tenemos situaciones de abuso instaladas en distintos espacios del desenvolvimiento de la vida humana en el país que hace que hoy día jóvenes, adultos mayores y familias enteras estén en las calles manifestándose, diciendo no aceptamos más este tipo de abuso. 

Frente a esto también hay que decir y es importante, que han avanzado tibiamente y se empiecen a dar, debido a las protestas, algunas propuestas de rebajas en cuanto a los tributos. Por ejemplo para adultos mayores en el caso de algunas propiedades, no las de más alto precio, pero si para quienes cobran esas pensiones. Son pequeños avances que son más bien paños contenedores de una movilización que no solamente aspira a que se garanticen los derechos a la salud, a la educación, a una pensión digna, a una vivienda digna, sino que también se avance en construir un país con normativas verdaderamente democráticas, votadas por la ciudadanía en plebiscitos o en referéndums que garanticen un derecho básico, como es el derecho a la participación política.

-¿Cree que puede una reforma constitucional ser una salida al conflicto? 

-En las manifestaciones en las calles, la demanda constituyente está no solamente al centro sino que está como exigencia base para comenzar a hacer un proceso de diálogo social y político que avance a resoluciones de fondo. La asamblea constituyente como mecanismo surge también como la única alternativa que garantice un mínimo democrático. Hay que pensar que las instituciones que hoy están a cargo de generar las leyes y que eventualmente podrían hacer una modificación constitucional, como es el parlamento, son instituciones altamente desacreditadas. No solamente por hechos de corrupción que han sido verificados sino también por no representar precisamente las demandas de la ciudadanía. Es muy difícil esperar un cambio cualitativo si finalmente las mismas personas que hoy tienen niveles de aprobación incluso muy por debajo de lo que es la aprobación que el gobierno tiene, sean las que determinen este nuevo acuerdo social. Un acuerdo social que realmente avance a entregar soluciones tiene que ser un acuerdo que surja desde la base, que establezca nuevas formas de concebir pactos sociales de gran envergadura como puede ser una nueva carta fundamental y claramente la asamblea constituyente es el mecanismo. Sabemos que la constitución de la dictadura no contempla el mecanismo de la asamblea constituyente pero gran parte de los procesos asamblearios constituyentes que se han dado en la región tampoco lo contemplaban y ha sido precisamente la expresión popular la que ha llevado a que estos procesos se establezcan. El propio presidente de la Corte Suprema, tras la más grande de las manifestaciones que Chile ha reportado con más de un millón de personas en las calles solamente en Santiago, dijo en una entrevista que se veía ésta demanda puesta sobre la agenda pública y que había que dar una discusión, pero que claramente el cambio de la Constitución es una demanda que no pueda ser desatendida. Y hoy Unidad Social, y en forma autónoma distintos espacios, juntas de vecinos, colectivos culturales están desarrollando cabildos a lo largo de todo el país reflexionando en torno a cuáles son los temas que deberían estar en una nueva constitución, los temas que necesitamos resolver. Es decir que tenemos también a un Chile movilizado pero reflexionando en torno a cuáles son los cambios que se requieren de forma urgente, no solo para el corto sino para el mediano y largo plazo. Hay que fortalecer los espacios deliberativos, avanzar hacia un cambio constitucional mediante un proceso realmente democrático como sería una asamblea constituyente y no seguir confrontando esta protesta social con más represión, porque eso lo único que va a generar es una agudización del conflicto y no solamente una mayor cantidad de lesionados sino eventualmente también más muertos que es lo que no queremos; y lo que hay que a toda costa evitar.