Argentina // 2019-09-20
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Vaca Muerta
También la oposición rechaza al envío de Gendarmería
Distintos bloques presentaron iniciativas contra la decisión del ministerio de Seguridad de la Nación. El Frente para la Victoria y el Frente Grande elaboraron otro proyecto de comunicación, y el Frente Neuquino propuso una ley. El MPN planteó declararla como una “intromisión”. La Confederación Mapuche también se opone.


 Distintos bloques opositores y la Confederación Mapuche se sumaron al rechazo del gobierno provincial y el sindicato petrolero a la resolución 768/19 del ministerio de Seguridad de la Nación que dispone enviar a Gendarmería Nacional para custodiar la zona de Vaca Muerta.

Las iniciativas parlamentarias que buscan frenar el avance de la fuerza federal sobre el territorio serán tratadas sobre tablas los días 25 y 26 de este mes. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), presentó un proyecto de comunicación que califica de “intromisión” a la decisión emanada del gobierno Nacional.

Otra propuesta de comunicación fue elevada a la Cámara por parte del Frente para la Victoria (FpV), con apoyo de un legislador del Frente Grande (FG). A su vez, el bloque del Frente Neuquino (FN) presentó un proyecto de ley que declara “inaplicable” a la resolución ministerial.

El bloque del MPN, según información oficial de la Cámara de Diputados neuquina, “rechaza la decisión del gobierno nacional de extender” hasta la mencionada formación geológica “la jurisdicción de Gendarmería Nacional”. 

Además, “exige la revisión de la política de seguridad adoptada de manera unilateral” por el ministerio nacional “y pide que quede sin efecto” la medida que involucra a Vaca Muerta, establecida mediante la Resolución 768/19 que firmó la ministra Patricia Bullrich.

 “Intromisión” y “militarización”

El Frente para la Victoria, en tanto, presentó un proyecto de comunicación para repudiar y pedir que se deje sin efecto la resolución del ministerio de Seguridad de la Nación. La iniciativa fue respaldada por todos los miembros de la bancada: Guillermo Carnaghi (presidente), Javier Bertoldi, Ayelén Gutiérrez y Nanci Parrilli, así como también por Raúl Podestá, del Frente Grande.

En diálogo con Va Con Firma, Carnaghi explicó que "planteamos el rechazo" porque "entendemos que esta intromisión va en contra de las autonomías provinciales. Es una fuerza federal interviniendo en una cuestión provincial sin acuerdo previo con la provincia. O sea, es una decisión unilateral", expresó.

Sostuvo que se trata de "un avasallamiento de las autonomías provinciales" y agregó que lo que pretenden con la propuesta impulsada en la Legislatura es "que esta resolución no se lleve adelante en un lugar tan comprometido como es Vaca Muerta".

El titular del bloque del FpV consideró que la medida originada en la cartera de Seguridad nacional "va en la línea de las decisiones que viene tomando la ministra Bullrich". Mencionó en ese sentido los casos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel donde, afirmó, hubo un "uso excesivo de la fuerza federal".

Podestá, quien acompañó con su firma la misma iniciativa, sostuvo que el envío de Gendarmería a la zona de explotación hidrocarburífera tiene como propósito "militarizar la zona de producción y tener realmente las herramientas necesarias para actuar en caso de que se complique la situación laboral sobre todo. Creo que esa es la preocupación más grande que tienen".

Cuestionó que "en vez de ir pensando en estrategias para que esto siga marchando y recupere el ritmo que llevaba de inversión y se pueda avanzar, se preparan para reprimir, para militarizar".

También consideró que la decisión "es realmente una locura desde el punto de vista político pero también desde el punto de vista económico con lo importante que es Vaca Muerta para el futuro del país", y sostuvo que la medida se tomó "tratando de garantizar a las empresas el patrimonio, nunca pensando en los trabajadores, en el desarrollo de la provincia".

"Esto va en consonancia con lo que hicieron con el tema de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), que son cosas absolutamente descabelladas", evaluó Podestá, para luego asegurar que "no hay ningún elemento serio para militarizar una zona donde siempre ha sido la negociación y el trabajo en conjunto de las organizaciones gremiales y las empresas, las que han resuelto los problemas". 

"Un avasallamiento al federalismo"

Desde el Frente Neuquino (FN), los diputados Mariano Mansilla, Teresa Rioseco, Eduardo Fuentes y Pamela Mucci, presentaron un proyecto de ley que considera "inconstitucional" a la Resolución 768 y la declara “inaplicable en todo el territorio provincial”. Asimismo, dispone que “únicamente recaerá en el Gobierno provincial la potestad de brindar seguridad a las instalaciones y plantas de explotación de hidrocarburos ubicados en el área de la formación geológica Vaca Muerta".

En los fundamentos, resalta que "es potestad de las autoridades provinciales y de la Justicia Federal poder ordenar actuaciones de fuerzas de seguridad nacional o federal en territorio neuquino. Al respecto, determina que quedará vedada cualquier posible intervención de fuerzas de seguridad federales sin la correspondiente orden judicial o requisitoria por parte del Estado provincial". Añade que “las propias instituciones del Estado provincial resultan suficientes para garantizar el normal desarrollo de las actividades sociales, económicas y productivas” en el territorio correspondiente.

El texto considera “grave” la intromisión, al entender que el Estado Nacional “toma control de una parte sustancial del territorio de nuestra provincia”. También apunta que la medida es "inconsulta” y que "la misma se dicta sin un escenario de violencia o de riesgo que amerite la protección de la producción petrolera", sostiene el FN. 

A su vez, el diputado de Unión Popular (UP) Carlos Sánchez, manifestó su total rechazo a lo que considera como una "intromisión de Gendarmería Nacional a Vaca Muerta" porque se trata de un "avasallamiento al federalismo" y de una "intromisión inadecuada" -dijo reiterando el término- por parte del gobierno nacional, que "no fue consultada con el gobernador de la provincia". 

En un comunicado, añadió que "estos gestos de autoritarismo muestran la incapacidad de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para llegar a lograr los consensos con los jefes de estado de cada provincia".

Confederación Mapuche

El werken (vocero) de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, expresó el "absoluto rechazo" a la decisión del gobierno nacional porque "viene a complementar una política represora que Macri ha implementado desde hace cuatro años, e instala a Gendarmería nacional y trae el recuerdo de la muerte de Santiago Maldonado y posteriormente la de Rafita Nahuel".

Consideró que "es un atropello no solo hacia el pueblo mapuche sino a toda la sociedad neuquina que le está pidiendo explicaciones a Vaca Muerta porque Vaca Muerta ha excluido a la sociedad neuquina, Vaca Muerta no tiene legitimidad social, Vaca Muerta es fuertemente cuestionado porque lo único que ha generado hasta ahora son ganancias para los grupos económicos aliados al macrismo. Para el resto de la sociedad ha generado miseria y contaminación", sostuvo.

El representante mapuche también afirmó que "los niveles de contaminación, de muerte de operarios por falta de seguridad y falta de inversiones en prevención, la cantidad de derrames que ha habido de la cual el escape de gas e incendio es el reflejo más concreto, demuestra que es una industria peligrosa, que es una amenaza no solo para el mapuche sino para la sociedad y el ambiente, entonces (el gobierno) necesita dar explicaciones”.

“Y en lugar de dar explicaciones -prosiguió-, lo que hace es crear un cerco de represión, de criminalización y de militarización para seguir haciendo lo que quieren, es decir, continuar profundizando el saqueo de los recursos naturales".

Nahuel sostuvo finalmente que "lo que se requiere en Vaca Muerta es cumplir con los derechos más que armar aparatos represivos" y amplió que "cumplir con los derechos significa asumir que el fracking se ha instalado en territorio mapuche sin el consentimiento de las comunidades, ha generado un profundo daño cultural a la vida interna de las comunidades, una destrucción de todo su hábitat y un estado de amenaza producto de la contaminación y de lo que significa perder el control sobre nuestros territorios".


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