El descalabro económico profundizó el desbarranco de la política energética del gobierno de Mauricio Macri, que ahora arrastra a la industria petrolera, fundamentalmente al desarrollo de Vaca Muerta, uno de los pocos sectores que atrajo inversiones genuinas en los últimos años. 

El próximo gobierno no sólo deberá afrontar la pesada herencia del pago de la escandalosa deuda externa y los condicionamientos del FMI, sino también las acreencias con las empresas energéticas, producto de las devaluaciones que sufrió el peso en los últimos dos años.

En principio, habrá que pagar la deuda que asumió el Estado porque las distribuidoras no pudieron trasladar a tarifa el movimiento del dólar en 2018, que en ese momento tenían contratos dolarizados con las productoras por la compra de gas. 

El próximo gobierno también heredará la compensación que asumió la actual gestión para que todo el aumento del 29% autorizado en marzo no fuera afrontado por los usuarios en el invierno, época de mayor consumo, y una parte se difiriera en las boletas que llegarán en el próximo verano. El Estado deberá compensar a las empresas por el financiamiento del escalonamiento del incremento en una cifra que ronda los $4.500 millones.

Además, esta semana el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, anunció que se postergará hasta enero del año próximo el aumento en las tarifas de gas domiciliario que tenía planeado para octubre. 

Otro gran problema en materia de política energética para el futuro gobierno será desandar el congelamiento del precio de los combustibles y del petróleo por 90 días que definió la administración de Mauricio Macri para avivar aún más el fuego inflacionario que se propagó tras la devaluación posterior a las PASO. 

Más allá de que la industria y las provincias productoras entienden que la contención de los precios de las naftas y el gasoil es una medida necesaria en la actual crisis, el gobierno nacional desató una guerra en la que quedó enfrentado a hasta con sus mejores aliados. La decisión unilateral no tuvo en cuenta el impacto que significa sobre las inversiones en marcha en Vaca Muerta, uno de los pocos caballitos de batalla que tenía Macri para mostrar algún éxito en la gestión. 

Por un lado, las empresas consideran que debió consensuarse con los diversos actores del sector la forma de distribuir el costo de la decisión. Y por otro, reclaman que no hay un camino de salida claro luego de los 90 días que regirá el DNI que establece el congelamiento. Si bien el Gobierno ha manifestado que estudia herramientas para morigerar el impacto de la medida, aún no hay ningún tipo de definición y reina la incertidumbre, la principal enemiga de las inversiones de capital intensivo que requieren proyectos como Vaca Muerta.

Ante este escenario, cada empresa busca salvar sus cuentas. YPF, la principal jugadora del mercado del mercado, decidió congelar sus contratos con las proveedoras de servicios a un tipo de cambio de 45,19 pesos, es decir el valor del dólar que estableció el DNU 566 para el barril de crudo. Ayer, las acciones de la compañía bajo control estatal cayeron a su valor más bajo desde la crisis de 2002. El precio del ADR en Wall Street disminuyó hasta los 8,84 dólares, la mitad de lo que valía al momento en el que Macri asumió la presidencia.

Las pymes neuquinas aseguran que el congelamiento de los contratos significará que las operadoras y las compañías de servicios especiales le trasladarán el peso del costo de la medida del gobierno nacional al eslabón más débil de la cadena.

El precio del barril del petróleo artificial se suma al recorte de los subsidios a la producción de gas que dispuso el ex ministro de Hacienda Nicolas Dujovne por presiones del FMI, y que derivó en una demanda judicial contra el Estado. Ambas medidas impactan de lleno en los negocios en Vaca Muerta. 

Si en las elecciones generales se ratifican los resultados de las PASO, Alberto Fernández tendrá un doble desafío en materia energética. Por un lado, deberá recomponer el descalabro tarifario de manera de que las boletas de luz y gas no sigan esquilmando el poder adquisitivo de los trabajadores. Establecer tarifas más razonables será clave para apalancar el crecimiento del consumo. Por otra parte, necesitará alentar el desarrollo de Vaca Muerta como fuente de energía más accesible para los argentinos -tanto para los usuarios como para la competitividad de la industria- y como generadora de divisas para paliar la restricción externa y poder hacer frente a la escandalosa deuda que heredará.