La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), junto a la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro, denunciaron penalmente esta semana a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, así como a otras autoridades del ministerio por “la existencia de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches; conflicto que desde diciembre del año 2015 tuvo un salto cualitativo de violencia y muerte”.

“Este plan de despojo y represión hacia las comunidades mapuches es responsable, además, de la muerte de dos jóvenes: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”, expresaron desde la APDH, y exigieron en la denuncia “que se investigue el rol de la ministra y el resto de funcionarios de alto rango del ministerio de Seguridad por ser autores de esta represión planificada”.

Osvaldo Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro, explicó a  que “la Argentina vive un Estado de excepción, que si bien no es el mismo que la dictadura militar, hoy un ciudadano no está protegido ni por la ley, ni por la justicia, ni por las fuerzas de seguridad”. Agregó que “nos ponen en un grado de indefensión como sociedad, como ciudadanos, como pueblos originarios y organizaciones sociales, frente a la violencia insititucional”.

También manifestó que “Rafael Nahuel es un emergente de un conflicto territorial que atraviesa la Argentina, no es la única víctima junto a Santiago Maldonado; hay muchas víctimas que han sufrido a lo largo de la historia como Facundo Hualas que está preso o Javier Chocobar que fue asesinado en el norte”, puntualizó el representante mapuche, para luego señalar “que en el marco social y político que vive la Argentina nos parece fundamental no dejar pasar estos hechos”.

Osvaldo Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro. (Foto: Pepe Mateos).

“Derecho a la protesta” y “negocios inmobiliarios”

En la denuncia, la APDH señala “la existencia de un plan criminal coordinado desde la más alta esfera del Estado, con el objetivo de llevar adelante un accionar represivo premeditado contra las distintas comunidades mapuches”. También expresa que “este ejercicio ejecutado desde el Estado intenta reducir el derecho a ejercer la protesta y el legítimo reclamo por sus tierras, mientras que en paralelo se busca favorecer a diferentes negocios inmobiliarios”.

Y pone en calidad de “autores mediatos” del plan a Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, Pablo Noceti (ex jefe de gabinete del ministerio de Seguridad), Gonzalo Cané (ex secretario de Cooperación con los poderes judiciales, legislativos y Ministerio Público Fiscal) y Gerardo Milman (secretario de Seguridad).

“Si la justicia tiene la valentía o no de enjuiciar a la ministra de Seguridad no lo sabemos pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados ante tanta demonización y ensañamiento con nuestro pueblo”, expresó Carriqueo, quien sostuvo que van “a seguir luchando en el territorio, y que es necesario que podamos construir definitivamente una sociedad plurinacional y pluricultural”.

Según dijo, la denuncia que presentaron es un “hecho político para el pueblo en defensa del pueblo y de la comunidad, poniendo de manifiesto que cuando se habla de pacto social en Argentina hay que tener en cuenta que hay un genocidio que está vigente y que continúa, y no se puede hablar de un nuevo pacto social desconociendo todavía los derechos y las demandas comunitarias en Argentina”.

El vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro destacó que “hay una relación directa entre los gobiernos que atacaron tanto a los pueblos originarios, y éste gobierno que hoy gobierna con similares características a los de la década infame y a la generación del 80”.

Finalmente, recordó que “los Bullrich son de la familia que manejaban las tierras después de la ‘campaña del desierto’ y Menéndez Braun, los dueños de La Anónima, pagaban un patacón por la oreja de un indio muerto”, afirmó Carriqueo. “Todo este gobierno está emparentado con los que financiaron la ‘campaña del desierto’”, completó.