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"Un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”. Así definió Cristina Fernández de Kirchner a través de Twitter el proceso judicial oral y público iniciado ayer contra ella y otros doce imputados, en los tribunales porteños de Comodoro Py, por supuestas irregularidades en la obra pública de la provincia de Santa Cruz.
La actual senadora nacional y flamante precandidata a vicepresidenta, presente en la apertura del juicio, no hizo declaraciones a la prensa ni antes ni después de la audiencia. Pero en una serie de tuits afirmó que “jamás” debió “haber sido citada” y que “se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz”. Remarcó que “se trata de licitaciones” que fueron “realizadas por un órgano provincial que depende del ministerio de Economía de la provincia y de la gobernación”.
“Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras”, remarcó la ex jefa del Estado, para luego precisar que “entre la presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”.
El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, inició alrededor de las 12 del mediodía la audiencia que comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio y las imputaciones cada uno. Además de la ex presidenta, están imputados Julio De Vido, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Héctor Garro, Carlos Kirchner, Raúl Osvaldo Daruich, Abel Fatala, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y José Santibáñez.
Cuando comenzó la sesión judicial, que fue trasmitida en directo por todos los canales de televisión oficialistas, el abogado del ex ministro Vido, Maximiliano Rusconi, intentó presentar los planteos de nulidad, pero el presidente del tribunal le impidió hacerlo aludiendo que ya tendría tiempo más adelante.
“Un juicio oral sin parangón”
En declaraciones a la prensa, el defensor explicó que “se debería haber terminado primero la prueba y después comenzar la audiencia”, en referencia a las mismas dudas que planteó la semana pasada la Corte Suprema y por lo cual el máximo tribunal del país pidió copia del expediente para su análisis.
“Tengo derecho como defensa a que los resultados de esa prueba influyan en el ánimo del fiscal y eventualmente cambie la acusación”, dijo Rusconi, quien se preguntó “qué pasaría si esas cinco obras” que están siendo peritadas y cuyo resultado no finalizó, “están fantásticas”, o sea sin nada que objetar.
Según su razonamiento, “si lo que se objeta en este juicio es que hubo obra pública que fue costosa, que no se hizo o que se entregó tarde, esto se resuelve con una pericia, no es opinable”, pero “esta pericia no está”.
Remarcó que los abogados no tuvieron acceso a los micrófonos, lo cual constituye “un récord”, porque entonces se realiza “un juicio oral donde no se puede hablar”. Confirmó además que van a ir “al Colegio de Abogados para pedir que se designe un veedor, porque el agravio que se ha producido en esta audiencia no tiene parangón”.
Referentes políticos y sociales
Cientos de personas recibieron con aplausos a la ex presidenta, quien llegó los tribunales de la calle Comodoro Py acompañada por su abogado Carlos Beraldi, y fue respaldada por múltiples dirigentes políticos o legisladores, así como referentes sociales, entre los que estaban Estela De Carlotto, Taty Almeida, Lita Boitano, Héctor Recalde, Oscar Parrilli, Hugo Yasky, Axel Kicillof, Jorge Taiana, Martín Sabbatella, Horacio Pietragala, Rodolfo Tahilade y Marcelo Fuentes.
Oscar Parrilli, quien integrara los gabinetes de Néstor y Cristina Kirchner y hoy preside el Instituto Patria, calificó el juicio como “muy berreta” y advirtió que es “muy bajo, muy mediocre” que “haya fiscales como Pollicita y Mahiques “que hagan una acusación como esta, falta de prueba y llena de vaguedades e imprecisiones”.
Sostuvo que la “imputación es por haber gobernado el país”, y denunció que quieren convertir a la líder del kirchnerismo en “una delincuente”, mediante lo que consideró “como un récord de barbaridades jurídicas en la historia del derecho en Argentina, para imponer una persecución con la complicidad de jueces y fiscales”.
De la misma manera, Cristina sostuvo que “las ‘pruebas’” -dijo al utilizar con ironía esa palabra- por las que es acusada, “son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional, y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete”.
La primera audiencia finalizó a las 15 con un cuarto intermedio, y continuará el próximo lunes en la sala Amia de Comodoro Py.
Uno de los presentes en el lugar fue el líder sindical y también diputado Hugo Yasky, quien al hacer una evaluación política del juicio manifestó que “hay mucho hambre, muchos padecimientos, mucho dolor del pueblo, y está claro que con este circo lo quieren tapar”.
“Es una maniobra de persecución política porque la causa está armada, no se dio lugar a las pruebas, y es lo mismo que hicieron con Lula, con (el ex presidente de Paraguay, Fernando) Lugo, y a Cristina no le perdonan haber gobernado para los que menos tienen”, definió el secretario general de la CTA de los Trabajadores y además legislador nacional.