Cientos de familias productoras rurales confluyeron nuevamente en el centro de la Ciudad de Mendoza para realizar un feriazo. Esta forma de protesta, que ya se hizo costumbre en 2019, lleva a los productores a ofrecer directamente sus productos al consumidor, eliminando intermediarios.

De esta manera, miles de familias mendocinas concurrieron a la Plaza Independencia para comprar frutas y verduras a precios justos. Además, los productores han aprovechado estas instancias para dar a conocer las distintas problemáticas por las que está pasando el campo en este momento.

Los tarifazos, los aumentos en los insumos y los costos de los alquileres son algunas de las cosas que aquejan al sector. Por el lado de los consumidores, la cadena que va desde el productor al consumidor cuenta con varios eslabones que “inflan” el precio y se terminan pagando cifras mucho mayores a las que recibe el productor.

Según cuenta Alfredo Tolava de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) desde el gobierno no les dan respuesta. “Hemos ido y hasta ahora ni siquiera nos han atendido. Anotan en un papelito y cuando salimos lo tiran a la basura”, contó.

Los productores plantean que es importante la visibilización de sus problemáticas por parte de toda la población. “Aunque nos ven no hay respuesta”, señala Tolava. “Tenemos gente que viene de Las Heras, de Guaymallén, de Lavalle, tenemos de San Martín, Maipú y muchos otros lugares más. Desde que empezamos, hace un año y 4 meses, tenemos más de 600 familias en la organización”, explica el referente.

La gente los ha recibido con gran entusiasmo, sin embargo, aún no encuentran respuesta por parte del gobierno. “Nuestros mayores problemas son el alquiler, el tarifazo de la luz, el fertilizante, el gasoil, se nos están yendo todas las cosas a las nubes”, remarcó Tolava. Mientras, aseguró que “no vamos a poder seguir con esto como se está dando ahora. No sacamos ganancia de nada”.

Por su parte, Diego Montón de la Unión de Trabajadores Sin Tierra señaló que “estamos muy conformes con la participación, hay gente de San Rafael, de Malargüe, del Valle de Uco, de Lavalle”. En ese sentido, apuntó que “cada vez crece más porque la situación en el campo está cada vez más difícil”.

De esta manera, asegura Montón, es la forma de dialogar con el vecino o la vecina y que conozcan lo que pasa en el campo. “Tenemos la esperanza puesta en el pueblo de Mendoza porque llevamos tres años dialogando con el gobierno sin encontrar ninguna respuesta favorable en un contexto donde las políticas propuestas por el gobierno nacional están asfixiando al sector”, subrayó.

Según estiman desde la UST, la participación total del feriazo ya superó las mil familias productoras. “Es la mejor forma de dialogar con los ciudadanos porque la diferencia entre los precios que nos pagan en el campo y lo que se vende es entre el 600% promedio y hay productos que se venden a un 1500% más caro”, destacó el productor. Además, señaló que “hay una cadena de intermediarios, un monopolio de intermediación muy grande”.

Esta también es una forma de poner en discusión esa cadena de intermediarios, “Los campesinos venden a un precio justo y las familias se llevan a un precio justo” señala Montón. Mientras, critica y sostiene que “creemos que esa es la política que el Estado debe aplicar. Se deben tener políticas orientadas a que el productor tenga una vida adecuada y el consumidor tenga precios razonables”.

Algunos consumidores pedían que los feriazos tuvieran una mayor frecuencia. La crisis está golpeando en todos los sectores y esta posibilidad resulta en un alivio para el bolsillo de las familias mendocinas.

“Hay muchísimas trabas legales para hacer estas ferias, en muchos otros países de la región es normal ver este tipo de ferias del campo”, destaca el productor. Además, asegura que “eso solamente beneficia a los monopolios que concentran la producción de alimentos y que son los que hoy también son responsables del nivel de inflación en los alimentos”.

Montón puntualizó también que otra de las trabas al Feriazo es que no está autorizada la venta directa en la calle. “Es similar a lo que ocurre con la venta ambulante, pero con los productos alimentarios es mucho más grave”, señala.

Este tema, además, se agravó con el DTV (Documento de Tránsito Vegetal), aseguran desde la UST. Este es un documento que se exige para el transporte de verdura sobre la ruta. “Para tener el DTV hay que tener la facturación al día, hay que tener el contrato de la tierra al día y son todas cosas que el sistema empuja a que las familias no tengan: eliminaron el Monotributo Social Agropecuario, ahí nos excluyeron de la facturación y más de 50% de las familias son arrendatarias pero los contratos son todos en negro y, en general, al terrateniente no le interesa legalizarlo entonces no tenemos forma de obtener ese documento”, finalizó Montón.