A 43 años del último golpe militar que causó la desaparición de 30 mil personas en Argentina, la mayoría jóvenes involucrados en la militancia política y social,VCF dialogó con los integrantes del Colectivo en Lucha por les Pibes (Celpi) para conocer sus reflexiones y balances acerca de esta fecha que obliga al ejercicio de memoria sobre los crímenes de Estado.

Desde hace dos años, este colectivo nuclea a familiares de víctimas de violencia institucional en Mendoza, a militantes de organizaciones políticas y de organismos de derechos humanos. Pero son principalmente les jóvenes quienes dan impulso al espacio a través del acompañamiento a las familias en sus procesos de reclamo de justicia y en la visibilización de cada historia, cuyo punto en común es la pérdida de un hijo o una hija en manos de las fuerzas de seguridad.

En este sentido es necesario dar unos pasos para atrás para contar que les jóvenes que crean Celpi son herederos de la lucha de Viviana Espina, la madre de Lucas Carrazco, el hincha de “La lepra” de 22 años asesinado durante la represión policial desplegada en el ingreso del estadio Bautista Gargantini el 14 de marzo de 2014. Lucas fue alcanzado por un proyectil disparado desde el arma del efectivo de infantería Diego Guzmán Salazar, aun respaldado por el poder judicial que dilata la continuidad del segundo juicio que se desarrolla en su contra.  

Desde el momento en que Lucas cayó baleado por un arma policial, su madre no dejó de batallar contra todos los poderes estatales que intentaron encubrir el crimen y aún siguen haciéndolo.

En esa osadía, Viviana se encontró con les pibes que hoy son parte de Celpi. Estos jóvenes decidieron elevar su nombre como bandera cuando la referente falleció sin haber encontrado justicia. Así es como nace el colectivo que, entre numerosas actividades abocadas al reclamo de justicia social, tiene como hito haber sido parte fundamental de la concreción de la primera marcha en la provincia contra el gatillo fácil y la impunidad en agosto de 2018.

“Las realidades de las juventudes y de las prácticas de las fuerzas de seguridad en nuestro país, no han cambiado tanto”, responden para iniciar su reflexión sobre las juventudes reprimidas a partir del brutal golpe de Estado que irrumpió “oficialmente” en la vida de los argentinos el 24 de marzo de 1976., y lo que siguió después.

Desde Celpi (como colectivo los militantes decidieron responder grupalmente en esta nota) encuentran una continuidad entre las prácticas represivas del Estado de ilegalidad que comandó la junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla y los gobiernos democráticos que lo sucedieron.  

“En la actualidad, lo que a criminalización de las juventudes se refiere, el Estado es el actor principal. En los años 70 les jóvenes eran estigmatizados como subersives y terroristas, es decir las categorías que han sido relacionadas con la peligrosidad. Hoy les enemigues son les pibes que provienen de los barrios populares, que visten de determinada forma, que escuchan cierta música y que principalmente pertenecen a una clase social en situación de pobreza”, explican.

Para argumentar con ejemplos, citan que a 35 años de vida democrática a los 30 mil desaparecidos por la dictadura cívico militar hay que sumar los miles de casos de violencia institucional donde se enmascaran esas prácticas. Allí se encuentran las represiones a trabajadores y en eventos masivos con público mayormente juvenil, el gatillo fácil, las torturas en centro de detención, las detenciones arbitrarias; y luego, la impunidad judicial que garantiza el libre ejercicio de estos delitos seguidos de crímenes.

“Tal es el caso de Luciano Arruga, Walter Bulacio, Miguel Bru por citar historias a nivel nacional. Pero en Mendoza también sucedió y siguen ocurriendo, ejemplo de ello son los asesinatos de Lucas Carrazco, Leonardo Rodríguez, Willy Gil, Jonathan Chandía, Andres Campoy, Tania Páez, Cristian Reyes, Mauro Morán, Nicolás Barrera, Franco Díaz y muchos más”, repasan.

Como punto de inflexión para dar cuenta de las similitudes entre las prácticas policiales y militares que se aplicaron en dictadura y las que se ejecutan en democracia, Celpi toma como caso testimonial la desaparición seguida de muerte del adolescente Sebastián Bordón ocurrida en San Rafael en 1998.

“Esta historia fue mediatizada a nivel nacional y alcanzó justicia gracias a la persistente lucha de su madre, Miriam Medina, y su familia. Pero sufrió de un gran entramado político que intentó desvirtuarla”, destaca el colectivo.

El principal responsable del asesinato del adolescente de 18 años bonaerense que había llegado en octubre de ese año al sur de nuestra provincia para disfrutar su viaje de egresado es el ex comisario, hoy cumpliendo cadena perpetua, Hugo Ramón Trentini. En ese nombre, y hombre, les jóvenes de Celpi, encuentra el eslabón paradigmático de la continuidad dictatorial en plena democracia.

En 2017, Trentini fue juzgado y condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad de los que participó en el sur provincial durante la época del genocidio. Antes había pasado su temporada en la cárcel tras ser hallado por la justicia como el principal instigador de la patota policial que torturó, desapareció y asesinó a Sebastián.  

“Sebastián llegó desde Moreno a El Nihuil el 27 de septiembre de 1998, en viaje de egresades de las escuelas 4 y 13 de esa localidad. Les estudiantes se instalaron en un centro turístico ubicado junto al embalse del Río Atuel, a 50 kilómetros de San Rafael. El chico tuvo una crisis de angustia y no fue contenido. Sus docentes lo abandonaron en el destacamento policial de El Nihuil, mientras su padre viajaba desde Buenos Aires para buscarlo.

En el juicio oral se dio por probado que Sebastián escapó del destacamento y que salieron a buscarlo en un patrullero los policías Daniel Gómez, Roberto Gualpa y Alejandro Cubillos. Ellos, cuando lo encontraron, le dieron una paliza feroz que lo dejó inconsciente. Las pericias demostraron que el joven agonizó durante varios días hasta que murió de hambre y sed. Ninguna de las heridas sufridas era mortal.

Mientras tanto, en la Unidad Regional II de San Rafael, a cargo de Trentini, se indicaba que un joven con `problemas mentales` había agredido a un cabo en el destacando de El Nihuil y que se hallaba desaparecido. Diez días más tarde, gracias a la búsqueda intensa de sus familiares y vecinos llegados desde Buenos Aires, el cuerpo de Sebastián apareció sin vida al pie de un risco en la zona del Cañón del Atuel. Las pericias develaron que se trató de un montaje para simular un suicidio del joven”, reseña Celpi.

En esta descripción del hecho paradigmático de la continuidad de la violencia estatal en democracia, los jóvenes destacan, además de las prácticas y los funcionarios policiales reciclados de la dictadura, que “en cada caso de desaparición forzada por parte de las fuerzas represivas del Estado, se utilizan todo tipo de argumentos para desviar su responsabilidad”.

Es decir, todo un modus operandi vigente que también puede percibirse en los supuestos “suicidios” en comisarías. Esto nos lleva a recordar a Leo Rodríguez, quien apareció ahorcado en el calabozo de la Comisaría 27 de Godoy Cruz en enero de 2015.

Leo había sido detenido “por averiguación de antecedentes”, un instrumento que también data de épocas dictatoriales y que fue utilizado tras el golpe de 1955 para perseguir a obreros y militantes peronistas. Pese a numerosos intentos de parte de organismos de derechos humanos, la figura nunca fue derogada, todo lo contrario, el Código de Faltas que impuso el actual gobierno de Mendoza le dio mayor “legitimidad”.

Para concluir, Celpi añade que, si bien en nuestro país los gobiernos elegidos por medio del voto popular no volvieron a ser tomados por gobiernos militares, no ha sido suficiente para garantizar democracia plena. “Les pibes desaparecen, son asesinades por negarse a robar para la policía, las cárceles cada vez funcionan más como centros de tortura, y la justicia avala estos delitos y propicia la impunidad.”

A 43 del golpe de Estado más atroz que haya sufrido la Argentina, Celpi lucha por esa democracia plena y libre de violencia. Lo que demandan es escucha y contención para les pibes.  “El Estado debe garantizar que esto suceda por medio de salud, vivienda, educación, recreación trabajo, justicia, participación social. Y el saneamiento real y efectivo en sus fuerzas de seguridad”, explican.

El próximo domingo 24 de marzo se encontrarán marchando por Verdad, Memoria y Justicia junto a las madres y familiares en lucha contra el gatillo fácil y la violencia institucional, continuadores del mayor emblema de valentía y persistencia en el largo camino hacia el “Nunca Más” que representan las Madres de la Plaza, las madres de los treinta mil.