Paula Bustos es parte de la Corriente Clasista y Combativa e integrante de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres en Mendoza, como tal explica el recorrido que está llevando esta campaña en nuestra provincia.

Durante los dos meses que pasaron de este año, las estadísticas vinculadas a los femicidios continuaron con iguales –y peores- índices que los años anteriores. Esta situación ha dado un impulso mayor al pedido que ya circula toda la Argentina: que el Gobierno Nacional declare la Emergencia en Violencia de Género.

El pedido puntual, cuenta Bustos, es “un proyecto de ley que pueda destinar una partida presupuestaria de emergencia para poder dar un paso y frenar las gravísimas situaciones de violencia que sufrimos las mujeres. Lamentablemente hemos arrancado un 2019 con más de 50 víctimas por femicidios”.

demás, agrega, durante estos meses se ha dado otra situación que marca la profundización de la violencia de género en nuestra sociedad. “También arrancamos el año con violaciones en manada en diferentes lugares del país”, analiza la militante.

En principio, subraya Paula Bustos, el presupuesto de ajuste que se votó en 2018 destina alrededor de $11 por mujer. “Este presupuesto es para que el Instituto Nacional de la Mujer pueda aplicar una ley muy valiosa y que ganamos las mujeres con la lucha: la ley Nº 26.485”.

Entonces, explica, “el presupuesto asignado por el Congreso para garantizar los derechos de las mujeres es ínfimo. Para el gobierno valemos menos que un alfajor”. A partir de esa base, muchas agrupaciones de mujeres sostienen que hay que luchar por la aplicación correcta de dicha ley, pero que también hay que pugnar por una partida presupuestaria extra para este mismo momento.

El proyecto de ley

Según explica la militante, “algunos de los puntos que pedimos en la ley es que haya refuerzos en cuanto a la parte jurídica, la formación de quienes acompañen casos, quienes tomen denuncias y demás, todo desde la perspectiva de género”.

A su vez, solicitan que se amplíen las cantidades de fiscalías de la mujer, con gente capacitada y con perspectiva de género. Y, por otro lado, la creación de más refugios, “si bien hay refugios, nosotros lo que vemos es que no dan abasto”, analiza Bustos.

El proyecto presentado contempla la posibilidad de un salario, igual al salario mínimo, vital y móvil desde el momento en que esa mujer pasa por esta situación. “Lo económico para una mujer en situación de violencia es determinante. A veces no se animan a denunciar porque no tienen a donde ir y no tienen trabajo y tienen que seguir con ese violento que es el que las sostiene económicamente”, asegura Bustos.

En ese sentido, también agregan “que sean reconocidas, y pagadas, las promotoras territoriales que puedan prevenir y acompañar a la gente en estos casos de violencia”. Además, en este momento, “muchas de las mujeres que estamos en organizaciones sociales, a la vez actuamos de promotoras, sobre todo para acompañar a las mujeres en estas ocasiones”, cuenta Bustos.

Durante el Encuentro Nacional de Mujeres del año 2017, que tuvo lugar en Chaco, un importante número de mujeres coincidió en la necesidad de declarar la emergencia. Desde entonces y hasta hoy, los diversos proyectos han recorrido todo el país y se han realizado jornadas de concientización, militancia y se han juntado miles de firmas en apoyo a la Campaña.

En el mismo 2017 se presentó un proyecto que no tuvo quorum en la comisión de familia. Ese mismo año, “empezamos a identificarnos con un color y un logo e identificarnos. Estamos pechando para que se haga una nueva presentación de un nuevo proyecto de ley, vamos por un millón de firmas para que se presente ese proyecto”, cuenta Bustos.

En tanto, en nuestra provincia “la campaña viene trabajando en un proyecto para poder presentar en la Legislatura Provincial”. En nuestra provincia la campaña es llevada adelante por “organizaciones de mujeres, organizaciones sociales, algunos gremios y muchas mujeres que no pertenecen a partidos y organizaciones, pero adhieren a la defensa de los derechos de las mujeres”, contó Bustos.

Una de las preguntas que las mujeres responden ante la consulta de quienes se acercan a dialogar con ellas es “¿Se puede encarar este proyecto con un gobierno que prioriza el ajuste?”. Sí, se puede responden una y otra vez, y toman como referencia la Ley de Emergencia Social, que algunas organizaciones sociales lograron que el gobierno sancione.

“Si esas organizaciones lograron eso, y pudieron constituir un Consejo de Economía Popular. Nosotras podemos lograr que vean esta problemática con la seriedad que corresponde y que sea el Movimiento de Mujeres quien gestione los fondos”, finalizó Bustos.