El máximo tribunal, con la firma de José Valerio, Pedro Llorente y Julio Gómez, le dio lugar este viernes al pedido de apelación que solicitó la fiscal Gabriela Chaves sobre el fallo de la Octava Cámara del Crimen que en septiembre de 2017 concedió la libertad a Nélida Rojas, gran parte de su familia y otros militantes de la Túpac Amaru, acusados de “Asociación Ilícita”. Habían permanecido en promedio 150 días presos en distintos penales, y otro tanto en domiciliaria.

Con el nuevo guiño de los supremos, la fiscal Chaves, de quien se dice que recibe órdenes directas del gobernador Cornejo, podrá realizar nuevas investigaciones para cumplir con el cometido inicial de la causa: privar de libertad por tiempo indeterminado a los tupaqueros mendocinos, sin juicio previo ni pruebas solventes como ha sucedido hasta el momento.

De ser así, el nuevo pedido de detención deberá ser analizado por una cámara que no esté integrada por los jueces que intervinieron ya en la causa. Es que la Octava Cámara del Crimen, formada por Luis Correa Llano, Alejandro Miguel y Ramiro Salinas, cuando en septiembre del año pasado ordenaron la liberación de Nélida Rojas, sus familiares y otros miembros de la agrupación, cuestionaron a Chaves por las arbitrariedades y las irregularidades que cometió durante toda la investigación.

Al punto, de que el mismo Cornejo, principal arengador contra la Túpac, propuso un jury de enjuiciamiento para los magistrados, y le dio el espaldarazo a la fiscal para que recuse el fallo. Finalmente, este viernes la Corte le dio el visto bueno y se abre un nuevo capítulo en la persecución política contra Nélida Rojas y los militantes de la Túpac.

Gabriela Chaves eleva la cruzada judicial principalmente contra Nélida Rojas y su familia: su pareja Ramón Martínez, sus hijas Carla Antonella y Aída Leonela, y la tesorera de la agrupación, Fanny Villegas, entre otros integrantes de la Túpac que sumarían 40 en total.

Se los acusa de haber conformado una supuesta asociación ilícita que utilizaba los planes de viviendas que otorgaba el Estado para cometer una serie de delitos, entre ellas, amenazas y coacciones para que los beneficiarios asistieran a las marchas a favor del kirchnerismo. Sin embargo en estos años Chaves no ha podido probarlo. Aun así, la Corte cornejista le acaba de abrir una nueva puerta al ensañamiento de cara el año electoral que ya se hace sentir.

El abogado defensor de la familia Rojas y los tupaqueros, Alfredo Guevara dijo a VCF que se trata de una nueva operación del cornejismo para completar el plan inicial con fines políticos frente a 2019: “Se los amenaza con cárcel sin juicio en las hogueras de la nueva inquisición mediática. Este es persecución arbitraria contra toda la militancia, un proceso a la organización popular, plagado de irregularidades, sucio, pre- juicioso”, escribió en su Facebook.

Por otra parte, explicó a VCF que el reciente fallo de la Corte se alcanzó con la sombras de la Casa de Gobierno operando en el Poder Judicial: “La sentencia fue dictada por dos jueces que realizaron una serie de maniobras para excluir a Omar Palermo  de la votación”, dijo en referencia a José Valerio y Pedro Llorente. Según detalló, los dos magistrados dilataron el expediente hasta último momento en vista a que Palermo, el único juez díscolo al cornejismo del máximo tribunal, se encuentra de licencia con intenciones de reincorporarse a en sus funciones en febrero del año entrante. La trama fue resolverlo antes de que retome funciones el juez Palermo, y a tres días de que inicie la feria.

Además, informó que Llorente “no podía intervenir” en el fallo porque ya había votado por la destitución de los jueces que ordenaron la libertad de Nélida Rojas, su familia y sus compañeros. En este punto remarcó que “la defensa no fue convocada a participar”, por lo que le da margen para pedir que se fundamente la nulidad.

Otro aspecto del fallo que cuestionó Guevara es el “carácter de inconstitucionalidad”. Los argumentos anticonstitucionales señalan son los que “limitan el control republicano de los actos de gobierno y las facultades del juez para revisar la legalidad de la prisión preventiva, otorgando un poder sin límite legal para la actuación del poder punitivo en cabeza del Ministerio Público Fiscal”; y señaló que es aquí es posible interponer un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por dichos motivos.

“No hay que aceptar detenciones mientras el fallo no este firme”, declaró el letrado a VCF para destacar que la nueva sentencia “no es aplicable en forma automática”, aunque la estrategia mediática por estas horas sea la de imponer miedo y amenazas a los tupaqueros con arrestos inminentes.

“Las sentencias para ejecutarse deben quedar firmes por lo que no está habilitada ninguna detención. Todos los perseguidos han cumplido con las duras condiciones que se les impusieron durante más de un año. No hay peligro de fuga, ni entorpecimiento de la investigación”, amplió en su posteo de Facebook.

Finalmente consideró que se trata de la continuidad de la “guerra jurídica” que caracteriza a la Alianza Cambiemos con principal saña en Jujuy, Mendoza y Buenos Aires donde la cárcel para adversarios políticos parece ser lema de campaña del macrismo / radical.