Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, consideró que “es demencial que una persona tenga dos juicios orales” en simultáneo, y explicó que “responde a una necesidad del gobernador Morales” ya que en enero de 2019 se cumplen tres años de prisión preventiva y “deberían dejarla sí o sí en libertad, porque no hay más límite para que esté presa sin condena”.

“Por eso hicieron esta maratón judicial, para asegurarse alguna causal que la tenga como condenada”, explicó en diálogo con  y aclaró que en uno de los dos procesos el “tribunal está armado especialmente para una condena”.

Gómez Alcorta, que fue querellante en la causa que condenó a dos directivos de la empresa Ford por delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura cívico militar, destacó que la importancia de la sentencia es que se demostró “una coordinación represiva que implica una co-responsabilidad entre las Fuerzas Armadas y las dos personas que en este caso fueron condenadas”.

Sobre el protocolo de la ministra Patricia Bullrich que reglamenta el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, opinó que “es el intento de normativizar una política de seguridad y una política criminal” que tuvo el gobierno desde el primer momento, y que “apela a sentimientos sociales muy legítimos con intenciones electorales”.

La abogada, que forma parte del Frente Patria Grande junto al militante social Juan Grabois e Itaí Hagman, y quienes mantuvieron una reunión con Cristina Kirchner el jueves indicó que la ex presidenta es “quien mejor representa sin lugar a dudas a la oposición” y sostuvo que “hay un solo objetivo y es que en el 2019 no vuelva a ganar Macri o el neoliberalismo”.

-¿Cuál es la importancia de la sentencia a los directivos de la empresa Ford por delitos de lesa humanidad durante la dictadura?

-La importancia de esta sentencia es que implica una profundización muy grande en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Es la primer sentencia en la que se trabajó particularmente en la responsabilidad de empleados jerárquicos, de directivos de una empresa multinacional en 24 hechos, secuestros y torturas a trabajadores, con un enfoque que está vinculado no a presentar a los responsables de esa empresa como partícipes o como que hicieron una colaboración sino por el contrario demostrando una coordinación represiva que implica una corresponsabilidad entre las Fuerzas Armadas y las dos personas que en este caso fueron condenadas. No negamos que deberían haber sido más, el presidente de Ford falleció hace tiempo, había otro imputado que falleció antes de empezar el juicio porque es un juicio donde costó mucho alcanzar la etapa del debate y finalmente la sentencia.

-¿Hay otras causas similares en este momento?

-Hay muchos procesos que ya están en marcha, están los procesos vinculados a Mercedes Benz, a Molinos Río de la Plata, el proceso contra Blaquier por el Ingenio Ledesma. Procesos hay abiertos, lo que cuesta es llegar. Creemos que es un antecedente muy importante para las otras causas que ya están en proceso y donde cuesta llegar a juicio. Hay mayores resistencias que en aquellas causas que tienen como imputados a miembros de las Fuerzas Armadas o a miembros de las fuerzas de seguridad.

-¿Cuál es la situación de Milagro Sala actualmente?

-Milagro está afrontando, a pesar de que dejó de ser noticia, dos juicios orales en simultáneo. Uno desde el mes de julio, la causa conocida como pibes villeros, la que tiene que ver con ese video de personas sacando plata de un banco, que tiene más de treinta imputados y ya están en la etapa de alegatos. Y hace un mes y medio empezó otra causa, que tendremos veredicto el 27 de diciembre y la semana que viene estaremos alegando, por una supuesta tentativa de homicidio en la que Milagro no participó y la imputan como hasta ahora en todas las causas, donde alguien dijo que ella mandó a hacer cierta conducta. Es demencial que una persona tenga dos juicios orales, hay que pensar que esta semana estuvo el lunes a la mañana en un juicio, a la tarde en otro, el miércoles a la mañana en uno y a la tarde lo mismo, cinco días de audiencia semanal. Eso responde a una necesidad que tiene el gobernador Morales de tener una condena antes del 16 de enero del año que viene. Porque Milagro hasta ahora llega con prisiones preventivas, no tiene ninguna condena. En el juicio que se le hizo el año pasado por amenazas logramos que se la absuelva porque era una ridiculez. El juicio que se le hizo en diciembre del 2016 que estaba vinculado con los huevos que tiraron, donde tampoco estuvo ella, tiene una condena que no está firme, a 3 años en suspenso. Lo cierto es que llegan a cumplir los 3 años, momento en que deberían dejarla sí o sí en libertad porque no hay más límite para que esté presa sin condena, y por eso hicieron esta maratón judicial para asegurarse alguna causal que la tenga como condenada.

-¿Cree que va a haber sí o sí una condena?

-La causa en la que intervengo, que es la de tentativa de homicidio, es de un nivel de obscenidad tal que todavía aguardamos muy internamente la esperanza de que las tres juezas que intervienen no se sometan a algo que va a quedar en los libros de historia del derecho. Es una monstruosidad jurídica, hay denuncias de los otros imputados de que el juez les ofreció acuerdos para imputar a Milagro Sala y quedar en libertad. La única prueba es de una persona que estuvo imputada nueve años y amplió su declaración indagatoria y dijo que Milagro la había mandado; y le dieron la domiciliaria y lo absolvieron en 40 días. Es una cosa inédita. Aún aguardamos alguna esperanza. La otra causa, que es por la supuesta asociación ilícita de Milagro como jefa de la Tupac entendemos que no hay ni un solo margen, porque es un tribunal armado especialmente para una condena.

-¿Cómo analiza el cierre de la causa de la desaparición forzada de Santiago Maldonado?

-No puedo dejar de mencionar el momento en que se hizo, el día previo al comienzo del G20 lo que en principio tiñe cualquier intervención judicial en una causa de esa envergadura. Por otro lado, la sentencia está correctamente escrita, no es una sentencia que se escribió a las corridas, pero adolece de un grave problema que es descontextualizar lo que el juez entiende que se encuentra probado y eso podrá ser materia de cuestión, y de hecho las querellas apelaron y será un tema para ser revisado en la cámara. Sin embargo parece que los hechos que se describen estuviesen absolutamente descontextualizados del ingreso del operativo de Gendarmería, del ingreso de los gendarmes. Y hay otra prueba que es fundamental, que son los videos que se hicieron públicos donde se lo ve minutos antes a Santiago Maldonado con vida cuando ingresan al predio de la Lof personal de Gendarmería, son videos que los tiene la Procuvin que lo aportó a la fiscalía y no forman parte de la causa. Ahí falta esta conexión que resulta evidente entre este operativo, que no hay ninguna duda que es ilegal y la muerte de Santiago. Entonces uno puede discutir si es correcta o no la mecánica de la muerte, si el cuerpo se mantuvo en el mismo lugar o no, pero lo que falta es una conexión evidente que es lo que nos mueve a seguir movilizados porque es absolutamente parcial y como si le hubiera ocurrido a cualquier persona que está en la Patagonia y no en ese contexto particular.

-¿Qué lectura hace de la resolución de la ministra Patricia Bullrich que reglamenta el uso de armas de fuego?

-Es el intento de normativizar una posición política y un discurso que viene sosteniendo el gobierno desde el minuto uno. Quiero recordar cuando Prefectura ingresó a una villa en capital en febrero de 2016 con las murgas y al otro día Bullrich estaba en el hospital con los prefectos. Esa política, que fue desde primer momento una política de seguridad y una política criminal por parte del gobierno se intentó normativizar vulnerando lo que dice el Código Penal y un montón de normativas. Nadie está poniendo en tela de juicio que las fuerzas de seguridad no puedan intervenir cuando está en riesgo la vida propia o la vida de un tercero. Eso está absolutamente fuera de discusión y el Código Penal entiende que no es un delito que aquellas personas que sean policías o no, pueden llevar adelante una acción que podría ser un homicidio, cuando lo que intenta es impedir un ataque a nuestras vidas o repelerlo. Si está por suceder el hecho la policía puede y debe intervenir, si está ocurriendo en el momento también. Pero si la persona que llevó adelante el ataque se está yendo no hay riesgo de vida, en ese supuesto, lo único que tiene que hacer el Estado es tratar de detenerlo pero no puede matarlo. Porque si no lo que estamos haciendo una ejecución. Y el grado de civilización que tenemos en el siglo XXI impide a cualquiera, a pesar de que le cueste a Patricia Bullrich sostenerlo, que una persona puede tomar la vida otro; del mismo modo que la persona que lleva adelante la acción delincuente no puede tomar la vida de cualquiera de nosotros. Es igual de ilógico o peor que el Estado sea quien tome la vida de esa persona. No hay vidas que valen más o menos, a pesar de lo que mediáticamente nos quieran hacer valer. Este protocolo atenta contra lo que dice el Código Penal, lo que dice nuestra Constitución Nacional, los pactos internacionales y lo que dice la comunidad internacional.

-¿Tiene otros objetivos este reglamento?

-Creo que desde el punto de vista político lo que está queriendo hacer el gobierno y está utilizando a Patricia Bullrich porque en ese sentido es ideal, es apelar a ciertos sentimientos sociales que son muy legítimos, porque nadie quiere vivir en la inseguridad. Nadie quiere vivir sin saber si puede salir a la calle y está muy bien que nadie quiera vivir en una sociedad donde no sabemos si nos van a violar o nos van a matar; pero el gobierno apela a esos sentimientos con intenciones electorales, subiéndose a esta ola de Bolsonaro que es igual a la de Trump en ese sentido.

-Se reunieron con Cristina Fernández junto a otros referentes de Patria Grande como Juan Grabois. ¿Cómo ve el proceso de unidad de cara a las elecciones del año que viene?

-El jueves nos juntamos con Cristina más o menos 18 compañeros y compañeras en el marco de una serie de reuniones que venimos haciendo con varios dirigentes, y entendemos que hay un solo objetivo que debemos tener, sin ninguna diferencia política, y es que en el 2019 no vuelva a ganar Macri o el neoliberalismo. La inmensa mayoría de los que vivimos en Argentina la estamos pasando mal, nos hemos pauperizado, nuestra calidad de vida está muy por debajo de lo que debería, tenemos menos derechos y los únicos beneficiarios de este gobierno son un grupo muy pequeño, empresas vinculadas a la energía y el sector financiero. El resto todos perdimos. La pregunta debería ser, si la inmensa mayoría la estamos pasando mal, cómo puede volver a ganar quien representa a la ínfima minoría. La ecuación solamente da si estamos fragmentados. Sin pensar en las diferencias políticas. En el Frente Patria Grande la gran mayoría venimos de la izquierda popular, algunos compañeros tuvieron alguna intervención durante el kirchnerismo pero muchos provienen de los movimientos sociales. No somos kirchneristas, rescatamos muchas de las políticas y somos muy críticos de otras cuestiones, pero entendemos que el objetivo común que tenemos para el año que viene es cambiar de gobierno. Quien mejor representa sin lugar a dudas a la oposición es Cristina Fernández, en ese sentido entendemos que debemos formar parte y convocar a este gran frente patriótico y esperamos que todas las organizaciones estén a la altura de las circunstancias para este momento que nos toca transitar. Cuatro años más con un gobierno de estas características lo pagamos con vidas reales, en muertes por parte del Estado, más muertes por pauperización, va a venir la reforma laboral. A pesar de que las diferencias son muchas y que pueden generar incomodidad, es un momento histórico.