Apenas pisaron la plaza, alrededor de las 9 de la mañana del martes, las personas que esperaban para aprovechar las “ofertas simbólicas” del “Feriazo” le arrebataron de las manos la mercadería a los distintos feriantes llegados desde Malargüe, General Alvear, el Valle de Uco, Guaymallén, San Martín, Santa Rosa, Maipú, Junín y Lavalle.

En pleno contexto de crisis inflacionaria, dolarización de la economía, desempleo y congelamiento de salarios, el atractivo “marketing” con que los organizadores crearon los afiches para promocionar la actividad donde se leía en grande “Todo por 10 pesos”, fue un éxito rotundo. En dos horas se había acabado el stock.

Así, por ese módico precio plantas de lechuga, papa, ajo, cebolla, zanahoria, atados de perejil y remolacha, y hasta ramos de flores que llegaron de las manos de las floristas de Guaymallén profundo, fueron llenando las bolsas de los ciudadanos más prevenidos que ocuparon el lugar desde temprano para abastecerse de lo más fresco.

Los transeúntes más desinformados se interesaron de igual modo del “ofertazo” e improvisaron espacios en sus carteras, mochilas, maletines y hasta se llevaron la compra encima, es decir, apretada entre las manos.

Sucede que más allá del reclamo de fondo de las organizaciones campesinas y los trabajadores de la agricultura familiar, los ciudadanos sufren en la diaria el precio de góndola comparado a los que manejan de primera mano los productores.

De hecho, las diferencias de calidad son notables: los cajones de los productores exhibían bajo el ardiente sol de noviembre los colores naturales de sus cosechas. Los verdes, anaranjados, amarillos, violáceos, ocres, rojos de estas verduras recién recogidas de la tierra contrastan fuertemente con los pálidos y congelados vegetales que se encuentran en cualquier supermercado.

Entre la multitud que se agolpó en el lugar entre las 9 y cerca del mediodía se encontraba la joven Malvina Luera, de la Asociación de Pequeños Productores de Cuyo (A.Pe.Pro) y la Federación Nacional Campesina, quien explicó que la idea del “Feriazo” fue “mostrar la situación del productor y la diferencia de precio que se produce entre el producto cuando sale de la finca y cuando lo vamos a comprar al supermercado, donde es mucho más elevado el valor. Entre que sale la producción de su origen y que llega al consumidor hay un intermediario que es lo que hace que el consumidor le llegue a precios muy altos”.

Luego informó que en Mendoza se ha profundizado la situación, “los productores se están yendo de sus fincas, no logran producir, las tarifas los ahogan.” La joven fue una década atrás en su análisis y explicó que en el 2008 desaparecieron 60 mil productores, actualmente esa cifra se dobla a nivel nacional. “En ese tiempo el kilo de ajo salía 3 pesos, hoy sale $1,50. Ahí se nota el retroceso”.

En concreto reclaman al gobierno nacional y provincial la elaboración y ejecución de políticas integrales para la pequeña producción. “Necesitamos que el productor, sus hijos y su familia tengan la posibilidad de seguir produciendo que es lo que no estamos logrando”.

La productora expresó que los alquileres de las fincas, sumados a los tarifazos en los servicios, son muy caros y rondan entre 45 mil y 50 mil pesos por hectárea. Hay casos donde la producción no logró venderse, como sucedió este año con el ajo. “La mayoría de los productores lo han guardado, pero si después de nueve meses no logran venderlo, no van a poder pagar los impuestos ni alquilar nuevamente para el año que viene. Por lo general tienen que esperar a que le paguen en cheque de 90 días, ese productor no solo no va a poder alquilar, tampoco va a comer”, lamentó.

En torno a la problemática del ajo, nos encontramos con Mirta Gaspar, recién llegada del Valle de Uco y delegada de la zona El Algarrobo en el Movimiento de Trabajadores Excluidos. A lo largo de toda su vida se ha dedicado a la siembra, cosecha y venta de ajo. Asegura que nunca fue fácil pero que en este momento “la crisis es total”.

“A los mini productores del ajo nos están arrancado el verde en tierra por solo 2 pesos el kilo y esto nos lleva nueve meses de trabajo. Trabajamos con los niños a cuestas, arrancado el ajo en plena calor, de sol a sol, desde la plantada, la regada, la descanutada. Hay que ocupar gente y pagarles, apilar, tirar al camión, todo por dos pesos, y eso lo empresarios lo venden afuera a precio dólar”, denuncia.

Mirta cuenta que los compradores en su mayoría son brasileros que vienen a ver el precio del ajo y a imponerlo y “no podemos hacer nada porque no hay una regulación gubernamental que nos ampare. Ni siquiera podemos recuperar los gastos, queremos que se valoren a los pequeños agricultores, que no nos pisoteen más”, clama desesperada.

También cuestiona que la ayuda del Gobierno solo recae para los viñateros, una queja que se escuchó a lo largo de toda la actividad de boca de los distintos productores y campesinos.

La incertidumbre de Mirta es desoladora: “ahora terminamos el ajo y seguimos con el tomate ¿tendrá valor? Queremos demostrar a toda la gente de la ciudad que la bolsa de papa nos la compran a 50 pesos los intermediarios para luego vendarla a 450 pesos y que el cliente pague otros 50 pesos por el kilo en los mercados. Por eso nosotros hemos traído verdura fresca para demostrar cómo trabajamos”, concluye en tono entremezclado de rabia y orgullo sobre los frutos de su trabajo.

Por su parte, el referente de Guaymallén de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) Víctor Emanuel Tolaba dijo sentirse atravesado por el dolor: “vemos como el ajo, la cebolla, no valen nada. Nos está doliendo muchísimo ver ésta destrucción a favor del agro negocio. Nosotros trabajamos todos los días de 8 de la mañana a 8 de la tarde”, lamentó a la vez que fue interrumpido por otro cronista, quien le consultó cuánto ganaba un campesino al mes.

“¡¿Al mes?!” exclamaron a coro los compañeros que lo escoltaban. Y Tolaba respondió: No existe eso, ganamos por día, con suerte 400 pesos, pero no existe forma de hacer una cuenta al mes. Uno no gana nada”, puntualizó.

Otra pregunta que le causó gran zozobra al referente campesino fue el de los gastos que le implica la producción. Suspiró y continuó: si te digo la verdad… en agua el costo depende del pozo, pero hemos llegado a pagar hasta 40 mil pesos. Y el agua viene contaminada, nosotros tratamos de que nuestra verdura sea lo más sana posible, pero nos cierran el agua potable”.

Según el relato de los pequeños productores ya ninguna familia agricultora puede vivir de su producción. Han tenido que emplearse en otros oficios o changas para subsistir y tratar de mantener sus cosechas, que es lo que mejor saben y aman hacer.

Una realidad que persiste en las familias campesinas pero que se ha profundizado en estos últimos tres años es el éxodo de los jóvenes hacia la ciudad en busca de nuevas oportunidades laborales.

“Lo terrible de esto es que caen en la marginalidad y en problemáticas aún peores”, explica Verónica de la Unión de Trabajadores sin Tierra Vía Campesina (UST), y agrega que en la gestión anterior habían conseguido a través del, ya difunto, Ministerio de Tierras, plantear que las tierras en desuso estuvieran al alcance de los campesinos para sembrar y gestar una producción familiar que les permitiera contener a las nuevas generaciones. Algo que se también se derrumbó de manera precipitada en estos últimos tres años.

Verónica detalló que un 70% de la producción de agricultura familiar e indígena va directamente a la mesa de los mendocinos para su alimentación. En contraste, adujo, que “el estado no fortalece el poder sobre nuestras tierras. Le conviene más tenernos en negro, sin tierra y explotándonos, mientras negocia con el agronegocio y monocultivo”.

Otra triste realidad que se dio a conocer en el “Feriazo” de la Plaza fue la crisis del sector caprinero en Mendoza. Desde este sector, brindaron su testimonio a VCF, Juan José Bravo de Punta del Agua, San Rafael y Natalia Arroyo de Acabado del Payen en Malargüe.
Dedicados a criar chivos y cabras para luego comercializar la carne y el cuero, relatan que la sequía causó altos grados de mortandad este 2018, y que no hay respuesta estatal al respecto.

 “A esto le sumamos que el valor del chivo que está muy por debajo de lo que el puestero necesita, pero tampoco hay demanda”, comenta Bravo, quien como cientos de puesteros en el sur de la provincia esperan todo el año para vender su producción en la temporada que se enmarca entre noviembre y diciembre de cara a las fiestas de fin de año. Sin embargo, en comparación a años anteriores, aun no reciben encargos. “Hoy nuestra producción se ve devastada”, sintetiza.

Además, denuncia una ley en vigencia que protege a los zorros y a los pumas, principales predadores de caprinos, pero que no contempla las pérdidas de los productores.

El mismo Bravo reconoce que su demanda llegó al Consejo Deliberante de San Rafael y se logró la declaración de emergencia en el sector. “Nos ayudaron con forraje y algo de dinero. Pero nosotros queremos que sea la provincia la que se haga cargo porque es la Dirección Provincial de Ganadería la que nos cobra la guía, el rodeo para juntar los animales, el derecho a transitar con los cueros y los animales, y si no estamos al día nos decomisan todo”, informó.

Por su parte, la productora caprina Natalia Arroyo cuenta que en Malargüe no han corrido la misma suerte. La indiferencia ante esta problemática es total de parte del municipio.

Comentaron que hasta hace unos años atrás comercializaban el cuero de chivo a muy buen precio, por ejemplo, el de cabra costaba 32 pesos. Para el sector era un agregado que se sumaba a la venta de las carnes. “Hoy el cuero de chivito no vale dos pesos, se nos cayó la curtiembre, la carne, la parte textil. Tenemos que tirar el cuero de chivo porque no hay quien lo compre”, concluyeron.

Todos los productores y campesinos que dieron su testimonio a VCF tuvieron una coincidencia rotunda: la doble vara con que el Gobierno provincial protege a viñateros y chacareros en situaciones críticas. El caso más cercano en el tiempo fue el de la granizada que arrasó los cultivos de uva y otras frutas en General Alvear hace diez días atrás. A los dos días de la feroz tormenta se decretó la Emergencia Económica y el Desastre Agropecuario para tratar de salvar a los productores damnificados.

Reconocen que no van en contra de esas medidas, sino que esperan cierta igualdad que aún no llega. En este sentido, los trabajadores de la agricultura familiar y los campesinos cuentan que hace unas semanas se reunieron con el subsecretario de Agricultura Alejandro Zlotolow para plantearle sus problemáticas.

Si bien el funcionario les informó de distintas líneas de financiamiento, Malvina Luera, explica que “estas no contemplan al productor pequeño que no logra llegar a tener todos los requisitos y papeles para acceder a la asistencia por parte del estado. Ese es el productor más sensible en la cadena, y si no logramos que consiga asistencia se termina yendo de su finca. Por eso pedimos políticas públicas que se adecuen al productor campesino”, y añadió “No es que no queremos cumplir esos requisitos, realmente están muy enajenados de nuestra realidad”.

Verónica, de la UST, lo resumió de la siguiente manera: “Zlotow dice que tiene una serie de condiciones para fortalecer nuestros recursos, pero nosotros quedamos al margen de esos condicionamientos. Nos quieren imponer una forma de producción que es la que a ellos les conviene en su lobby empresarial. Nosotros apuntamos a la diversidad de la agricultura familiar e indígena”.

Además reclaman el mejoramiento de la infraestructura agropecuaria como caminos rurales y más escuelas y guarderías; que el estado compre sus producciones sin intermediarios para abastecer a escuelas y hospitales; la reincorporación de los casi mil trabajadores del ex Ministerio de Agroindustria; planes nacionales para el acceso a la tierra para la agricultura familiar, recuperación del monotributo social como herramienta central para corporativizarse, así como también regulación de los alquileres de las tierras y el cese de los desalojos; también rechazan la Ley Bayer – Monsanto, y las modificaciones a la Ley 7722 que protege el agua, recurso central en la producción campesina.

En torno al desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar hay ciertos datos que cabe la pena poner sobre la mesa para dar cuenta el quiebre estructural de los pequeños productores campesinos: de 900 despidos que se cobró el área en todo el país, han quedado en pie 600 técnicos (ingenieros agrónomos, veterinarios, contadores, etc) para asesorar y acompañar a 200 mil familias campesinas en todo el país. Estos números se traducen en Mendoza a 23 técnicos en relación a 230 mil familias campesinas, así lo informó a VCF el delegado de Ate en la SAF, Gustavo Vitale.

Finalmente, como estrategias a seguir, la mayoría de los productores aseguran que es central organizarse dentro de estructuras sociales y colectivas. Un ejemplo claro, además de la UST y A.Pro.Pe es la Ctep. Gracias a esta unidad y trabajo de formación política presentaron a finales de septiembre en la Legislatura el proyecto de Ley de Emergencia Social y Agraria. Todavía en proceso de revisión. Así como también, gestar actividades como las de este “Feriazo” que sirve para visibilizar la que el sector se encuentra fundido… si la ciudad no va al campo, el campo va a la ciudad.