La Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek, acompañada por decenas de organizaciones sociales, sindicales y referentes políticos, dio detalles del pedido de inconstitucionalidad sobre el Código de Faltas que el pasado 8 de noviembre elevó a la Suprema Corte de Justicia.

El miércoles 14 al mediodía, en la sede que comparten con La Dignisad, escoltados por un importante grupo de referentes sociales, sindicales y políticos, los abogados Lucas Lecour, Horacio Báez y Alfredo Guevara expusieron ante la prensa los principales puntos de la presentación ante el máximo tribunal y también ahondaron en la perspectiva política de la problemática que reviste el flamante Código de Faltas de Mendoza.

A lo largo de toda la exposición destacaron la alta participación en el encuentro como un reflejo de la “fuerte resistencia social” al contravencional que ya ha comenzado a afectar la vida democrática de los mendocinos.

Los primeros ejemplos que vienen a colación son el de la docente de Godoy Cruz que denunció a un padre por insultarla y cuya denuncia fue presentada a finales de octubre en la Justicia Contravencional, que depende del Poder Judicial de Mendoza. El lapso de resolución se prevé en un mes. Las penas contempladas en este caso revisten en sanciones económicas como así también arresto de entre 15 y 30 días.

El segundo hecho tomó gran relevancia mediática porque el mismo ministro de Seguridad Gianni Vennier lo celebró en sus redes sociales, tuvo que ver con la intervención policial en un asado que vecinos de Las Heras realizaba en un costado de la calle. Ocurrió hace una semana atrás y fue presentado de manera oficial como si se hubiera tratado de un operativo vital para la seguridad ciudadana.

Desde Xumek se presume que la aplicación punitiva del código irá en ascenso y en situaciones que revistan seria gravedad y afectación sobre la libertad de expresión, de reunión y de trabajar para ciertos sectores sociales como activistas, sindicatos, disidencia sexual, trabajadoras sexuales, cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes, migrantes, personas en situación de calle, estudiantes, entre otros.

“Los que menos tienen no podrán acceder a la posibilidad de un defensor público, porque el código no lo permite, y se verán muy afectados durante el procedimiento en una contravención en su contra que depare la privación de la libertad”, señaló al respecto Lecour.

La acción presentada a la Corte se concentra en el alto grado de inconstitucionalidad que solapan más de 40 artículos del nuevo Código de Faltas. Según el análisis del grupo de especialistas que integra Xumek y otros que han aportado a dicha observación, como el caso del abogado Horacio Báez, los mismo violan una larga lista de derechos protegidos en la Constitución Provincial, en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Como ya detalló VCF en una nota anterior que explica cada punto del articulado que ha sido cuestionado en la presentación ante el máximo tribunal, estos artículos se nuclean en los siguientes planteos: Violación del Derecho de Defensa, Restricción a la Libertad de Expresión y el Derecho de Reunión, Disposiciones discriminatorias, Criminalización de colectivos vulnerabilizados (sanciones a la mendicidad, a la prostitución, a la limpieza y cuidado de vehículos) y Violaciones al principio de legalidad.

Durante la conferencia, los abogados, explicaron que ante el modo en que pueda fallar la Corte sobre su planteo de inconstitucionalidad, exigen que el máximo tribunal lo resuelva mediante un acuerdo plenario y que no sea una sola sala la que lo analice.

En este punto, reclaman una audiencia pública donde se pueda dar el debate que se vio obstruido durante la discusión legislativa: “Los mendocinos no tuvimos la posibilidad de intervenir en este debate cuando se trató en la Legislatura. Todos sabemos que el código se sancionó con el oficialismo, y algunos acuerdos, pero no se nos permitió la participación en comisiones ni a quienes podíamos aportar algo desde nuestro conocimiento. Es deber del poder judicial abrir el debate social que la Legislatura prohibió”, señaló Lecour y agregó: “nos vemos en la obligación de hacer este planteo de inconstitucionalidad y convocar a la ciudadanía a participar en el cuestionamiento de los artículos que entiendan que los va a afectar”.

En relación, también piden a la Corte que abra la posibilidad de analizar los amicus curiae que desde Xumek alientan las organizaciones sociales y a ciudadanos independientes a presentar.

Se trata de presentaciones que tienen carácter jurídico, y que puede labrar cualquier persona para defender un interés de trascendencia general, principalmente cuando está en juego la defensa de los derechos fundamentales, como es el caso de la aplicación del Código de Faltas local altamente cuestionado por sus niveles de inconstitucionalidad, según explicó Alfredo Guevara.

Se resaltó durante la exposición que la norma pena “conductas que no necesitan víctimas ni lesión a un bien jurídico, basta con que se lleve adelante la conducta para que se dé la sanción. Algo que ni siquiera estaba previsto en códigos de otras provincias”, aportó Lecour.

  “Ni la jurisprudencia que la Corte Suprema ya ha elaborado durante los últimos años sobre códigos que se hicieron en otras provincias contempla este tipo de procedimientos de aplicación”, cuestionó el presidente de Xumek y explicó que en otras provincias existen contravencionales de características similares pero nunca con niveles tan altos de criminalización sobre ciertas personas y las conductas que lleven adelante.

Consultados los letrados sobre fallos favorables a la defensa de los derechos humanos en códigos de convivencia de otros lugares, detallaron que los antecedentes se encuentran en Buenos Aires, Tucumán y Neuquén donde las Cortes han declarado la inconstitucionalidad de artículos de características afines al nuestro, aunque resaltaron que el caso mendocino, incluso, va más allá en afectación de derechos fundamentales.

En la presentación del Xumek a la Corte también se pide la recusación del juez supremo Dalmiro Garay debido a su evidente cercanía con el Ejecutivo en torno a este tema.

El ex ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo se encontraba en esas funciones en el momento en que el gobernador Alfredo Cornejo presentó el proyecto del Código de Faltas a la Legislatura y al tiempo llegó al máximo tribunal.

“Entendemos que tiene que apartarse de la resolución. Esperamos que la corte actúe acordemente en base a idoneidad jurídica, pero también necesitará idoneidad ética para demostrar que es un poder independiente en una provincia que ha sido copada paso a paso por el poder ejecutivo”, concluyó Báez.

Asimismo, Xumek con el aval de diversos espacios sindicales, sociales y políticos reclaman que se suspenda la aplicación del Código Contravencional durante el tiempo que la Corte se tome para resolver el pedido de inconstitucionalidad.