Hace poco más de un mes, el gobierno provincial junto a sus aliados lograba los votos necesarios para la sanción del Código Contravencional. En aquel entonces, VCF publicaba que  “Cornejo ya tiene garrote” y en la nota se destacaban las diferentes críticas por parte de la oposición.

En aquel entonces, data en la misma nota que, desde el Frente de Izquierda, los senadores Da Vila y Jiménez aseguraron que “el Código es inconstitucional”. Además, “efectivamente es un Código que, en un contexto de crisis y enorme crecimiento de la pobreza, intenta que la gente no pueda trabajar, no pueda hacer actividades básicas para obtener su sustento. No se va a poder contener. La aplicación se va a convertir en una aplicación arbitraria, de cuando la fuerza pública quiera intervenir lo hará de forma arbitraria”, apuntó el Senador Jiménez.

No se hizo esperar la petición del FIT y, un día antes de que se cumpliera un mes de la sanción del Código, realizó una presentación solicitando la inconstitucionalidad del mismo. VCF tituló entonces “Piden la inconstitucionalidad del Código de Faltas”.

Las legisladoras del FIT, Noelia Barbeito y Cecilia Soria, junto al abogado constitucionalista Carlos Lombardi presentaron ese día una acción de inconstitucionalidad respecto del Código Contravencional, puesto en vigencia desde el 8 de octubre en toda la provincia.

Esta semana se conoció una convocatoria por parte de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek. Con un comunicado firmado por su presidente, Lucas Lecour, esta organización convoca a “los diferentes partidos políticos que no apoyaron su sanción, así como a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y a toda persona que quiera sumarse mediante la adhesión del recurso en defensa de los derechos fundamentales consignados en nuestra constitución”.

El pedido de Xumek consta de 105 fojas y se dirige a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En el mismo se pueden ver distintos argumentos que la organización esgrime y que, entienden, son suficientes para solicitar se desestime la aplicación del Código de Faltas que elaboró el oficialismo provincial.

Entre los principales sustentos para solicitar la anulación del Código, la organización esgrime que:

• Violación del Derecho de Defensa: El procedimiento que se inicia contra el acusado de una contravención no cuenta con la presencia obligatoria de la defensa oficial, pudiendo incluso condenar a alguien sin defensa alguna. Solo quienes puedan pagar un defensor, tendrán la  posibilidad de contar con un asesoramiento técnico. Además, el procedimiento no otorga el tiempo ni los medios adecuados para preparar una correcta defensa.
• Restricción a la Libertad de Expresión y el Derecho de Reunión: se establecen restricciones inconstitucionales que cercenan el ejercicio de estos derechos, con expresiones vagas y ambiguas que darán lugar a arbitrariedades al momento de resolver.
• Tiene disposiciones discriminatorias: La conversión del arresto en multa, junto a la necesidad de pago total para que proceda, es discriminatoria respecto de los sectores vulnerables que no pueden afrontar un pago total, frente a quienes, siendo más pudientes pueden solventar todo el pago.
• Criminaliza colectivos vulnerabilizados (sanciones a la mendicidad, a la prostitución, a la limpieza y cuidado de vehículos): se criminalizan estrategias de supervivencia en espacios públicos no por ocasionar algún perjuicio, sino solo por llevarlas a cabo, con normas imprecisas.
• Violaciones al principio de legalidad: Uno de los rasgos más preocupantes del código, es la amplitud y la vaguedad de los tipos contravencionales. Por este motivo se cuestiona la constitucionalidad de una larga lista de normas.

La organización cita a diferentes medios y actores sociales a una conferencia que tendrá lugar el próximo miércoles 14 de noviembre a las 12 horas en la Avenida España 399 de Ciudad.

En tanto, otro pedido de inconstitucionalidad fue elevado por abogadas vinculadas a las Asambleas por el Agua Pura. Se trata de María Laura Valente y Julieta Lavarello, quienes realizaron una presentación ante la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad del Código.

Según el escrito de las abogadas, que consta de 25 fojas, el Código Contravencional atenta contra principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contra la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre e incluso contra el Pacto de San José de Costa Rica.

Además, las letradas aseguran que la ley también va contra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como también contra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En tanto, aseguran que la ley “se contrapone abiertamente a los principios generales del derecho penal, los derechos y libertades reconocidos en nuestra Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado argentino, retrocediendo en la implementación de un sistema acusatorio que garantice la libre contradicción en el proceso penal”. Mientras, aseguran que “el articulado presenta tipos penales abiertos, pocos claros y precisos en cuanto a definición de la acción jurídica y circunstancias de la conducta punible”.  

De esta manera, organizaciones ambientalistas, partidos políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos han solicitado que la Ley Nº 9099 sea declarada inconstitucional. Queda en manos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza la decisión sobre la legalidad de este Código que generó tanta polémica durante su discusión en la Legislatura Provincial y sigue generándola a un mes de su sanción y reglamentación.