El derrame producido en un pozo del yacimiento Bandurria Sur y el fallecimiento de un trabajador de la empresa Venver, ambos episodios ocurridos en yacimientos operados por YPF, abrió el debate en torno a la seguridad de las operaciones en la industria petrolera, y a las implicancias de la aplicación de la adenda de flexibilización laboral firmada el año pasado para reducir los costos en Vaca Muerta.

En lo que va de 2018, en Neuquén murieron tres operarios petroleros por fallas en la manipulación de maquinarias, y se han visto incrementados los accidentes menores, razón por la cual el secretario general de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, reclamó que se active la comisión de especial de seguimiento de la actividad integrada por los sindicatos y las empresas del sector.

El senador nacional insistirá en que se avance con un régimen laboral de seis días corridos y tres de descanso como una de las principales herramientas para bajar la siniestralidad.

Por otro lado, YPF informó ayer que avanza con el plan de caracterización y remediación autorizado por la Provincia de Neuquén para la locación afectada en el yacimiento Bandurria.

La empresa indicó que ya se recuperó más del 95% del crudo retenido en las piletas y diques construidos para contener el hidrocarburo y que se completó la limpieza total de 2,2 hectáreas, la zona más afectada por el spray que generó la surgencia del pozo descontrolado.

En la zona con afectación media, unas 4,8 hectáreas, YPF realizó muestreos de suelo para evaluar el tratamiento de limpieza a utilizar. También inició la poda de la vegetación afectada para permitir su desarrollo normal. El derrame afectó unas 47 hectáreas en distinto grado.

El subsecretario de Ambiente, Juan de Dios Lucchelli, adelantó que la petrolera recibirá una multa “ejemplificadora” que podría llegar a un máximo de 28 millones de pesos.

Más allá de la sanción, lo relevante pasará por el trabajo de remediación sobre la superficie contaminada.

El incidente reactivó los reclamos de la Confederación Mapuche, que presentó una denuncia penal junto con ambientalistas y organismos de derechos humanos para que investigue a las empresas involucradas y a los funcionarios responsables de controlar la actividad. Fueron recibidos por el fiscal general, José Gerez, quien aseguró que inició una investigación de oficio.

Si bien desde esos sectores se volvió a poner en el centro de las críticas a la técnica del fracking, lo cierto es que el pozo de Bandurria se descontroló cuando estaba en plena etapa de perforación, que es anterior a la estimulación hidráulica la cual se produce durante la fase de terminación.

La Confederación Mapuche aprovechó la reunión para rechazar el blindaje legal a Vaca Muerta que impulsa la industria petrolera para que los conflictos sociales no afecten las operaciones.

Gerez recibió días atrás a representantes de la cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina y del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), quienes plantearon el interés de incorporar una nueva figura en el Código Penal que desaliente protestas que interrumpan la actividad hidrocarburífera. Para los representantes de las comunidades originarias, se trata de una herramienta para criminalizar la protesta social e incrementar la persecución y el hostigamiento.

Más allá de las disputas sectoriales en torno a la actividad petrolera, los incidentes ambientales y los accidentes laborales ponen en discusión, por un lado, los resultados de la aplicación de la flexibilización laboral, y por otro las medidas de seguridad adoptadas por las empresas -operadoras y contratistas- y la idoneidad y experiencia de los operarios que trabajan en actividades de alto riesgo en los yacimientos.