Paola Vignoni, Soledad Díaz, Ricardo Érmili, Patrick Boulet, Gabriela Díaz y Miguel Sarmiento son docentes de distintos niveles, establecimientos y zonas de la provincia ¿qué tienen en común además de ejercer la labor educativa? Que todos, en diferentes momentos, fueron castigados, cesanteados o imputados, por el actual gobierno a raíz de hechos que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión y de protesta.
“La situación alarma, ha ido en aumento y por eso decidimos presentar esta campaña. Necesitamos el apoyo de los legisladores y de la sociedad en general para frenar este estado de excepción que Cornejo está imponiendo en Mendoza”, resaltó Henríquez en comunicación con este medio.

En concreto, el sindicato presentó ante la Comisión de Derechos y Garantías del Senado un petitorio donde se exige el “cese la política de hostigamiento, persecución y represalias” que viene desarrollándose contra docentes que ejercen la libertad de opinión y el derecho a la organización.
Además, la misiva reclama la reincorporación de las maestras suplentes Paola Vignoni y Soledad Díaz, y del supervisor suplente Ricardo Érmili. Todos dados de baja en diferentes momentos entre 2016 y 2018 desde la DGE. También piden que sean sobreseídos los profesores Patrick Boulet, Gabiela Díaz y Miguel Sarmiento, imputados en el marco de la toma de la Instituto 9-002 “Tomás Godoy Cruz” en consonancia con colegios y facultades de todo el país que se organizaron en torno al reclamo contra el ajustazo universitario durante el mes de agosto.

Sebastián Henríquez dijo que no puede hablarse de dictadura porque la particularidad de este fenómeno “altamente represivo se enmarca en un sistema democrático”. En este sentido detalló que desde el Sute consideran que la provincia se encuentra en “una especie de estado de excepción”, al que compara con la oscura época del “macartismo” en Estados Unidos.

“Es decir, formalmente estamos en una democracia, pero en términos concretos, cualquiera que diga algo contra el gobernador pierde el trabajo o es perseguido políticamente. No hay antecedentes en el país de un gobierno que haya dado de baja a docentes por opinar distinto y que impute a docentes por acciones sindicales”, señaló.

Para Henríquez, desde la DGE dirigida por Jaime Correas y con el impulso de Cornejo, lo que se quiere imponer “es la sensación de que estas medidas son ejemplificadoras en vista a desalentar la organización. Hoy los trabajadores de la educación tienen miedo de manifestarse, de decir lo que piensan, de reclamar un derecho porque las represalias se hicieron efectivas: dejaron a personas sin trabajo y a otros los imputaron. Esto es querer instalar la obediencia debida”, cuestionó.

Respecto a la acción presentada en conjunto con la Campaña en Defensa de la Libertades Democráticas ante senadores de la oposición, el gremio asegura que alcanzó el compromiso de distintos legisladores a llevar la problemática a cada bloque para analizarla y rever pasos a seguir desde el ámbito legislativo. La iniciativa también recibió el apoyo de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y otros sindicatos.

Entre los distintos senadores que trasmitieron el compromiso de tratar la problemática y brindar el apoyo necesario se encontraron Samuel Barcudi (PJ), Luis Bhôm (PJ), Fernanda Lacoste (PJ), Víctor Dávila (FIT), Marcelo Romano (PI). La intención del Sute es sumar miles de firmas al petitorio y presentarlas en la Casa de Gobierno de la mano de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado.

Finalmente, Sebastián Henríquez, consideró que todas estas medidas constituyen un gran desafío en la actualidad, y se refirió a dicho contexto como “una sociedad cornejizada y bolsonerizada”.

Los casos que se hicieron públicos

Paola Vignoni: docente despedida en 2016 de la escuela “Roberto Azzoni” de Guaymallén e inhabilitada a concursar cargos tras cuestionar el “Operativo Aprender” impulsado por Jaime Correas. El caso llegó en 2017 a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y obtuvo un fallo favorable para la maestra. Sin embargo, la DGE permanece sin ordenar su reincorporación.

Soledad Díaz: docente despedida este año luego de denunciar la realización de misas y el dictado de catequesis en la escuela albergue y pública “Pedro Scalabrini” del Sosneado, en San Rafael. Díaz sufrió un largo hostigamiento de parte de las autoridades a partir sus denuncias.

Ricardo Érmili: supervisor suplente del sur provincial recientemente dado de baja del cargo por haber expresado su disconformidad en su red social personal contra la política de mano dura que encara el gobernador Alfredo Cornejo. Además, es referente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de San Rafael y reconocido por defender el laicisimo en las escuelas públicas de Mendoza.

Patrick Boulet, Gabriela Díaz y Miguel Sarmiento: profesores del IESDyT 9-002 “Tomás Godoy Cruz” de Ciudad imputados “por desobediencia a la autoridad” en septiembre pasado. La imputación se dió en el marco de una asamblea y ocupación pacífica llevada adelante democráticamente en ese instituto en conjunto con los estudiantes. Se reclamaba contra el ajuste en el presupuesto educativa universitario y la reforma universitaria encarada por el gobierno nacional. El gobierno provincial es querellante.