La Policía Federal realizó un nuevo peritaje que apunta que el policía Luis Chocobar no habría disparado a matar, sino que la bala que acabó con la vida de Pablo Kukoc lo hizo tras rebotar en el asfalto. ¿Qué cambia a raíz de esto? El discurso mediático hegemónico intenta exponer una presunta inocencia de Chocobar, lejos incluso de lo que podría ser un dolo eventual y sin tomar en cuenta que el policía no efectuó solamente un disparo, sino varios.

En este contexto, se conocieron esta semana dos medidas más que encienden la polémica: por un lado, esta semana la policía Carla Céspedes, quien era juzgada por “exceso en el cumplimiento del deber”, tras asesinar a un motochorro que había intentado asaltar un supermercado en Buenos Aires, fue absuelta por el Tribunal Nº14 de dicha ciudad. Asimismo, a finales de octubre se reincorporó a su cargo como cabo de la Prefectura Naval Argentina a Daniel de Jesús Acosta, quien mató a Damián Cutrera tras una discusión en un peaje de la Autopista Illia.

La policía en cuestión fue recibida en el despacho de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, tal como había sucedido en su momento con Luis Chocobar. Ante esta situación, el abogado Alfredo Guevara sostiene que el intento de “despegar” a Chocobar de esa mala imagen del tiro por la espalda “es una cuestión mediática”. Y en ese tono apunta que “no cambia la situación procesal, el hecho de que la bala haya rebotado podría tener algún tipo de incidencia si fuera un solo disparo. Pero tiene dos heridas, una de las cuales le causó la muerte y el policía efectuó varios disparos”.

Entonces, reflexiona que “es lógico que pudiera representarse la posibilidad de matarlo y esto sería ‘dolo eventual’, desde el punto de vista jurídico no debería cambiar nada”.

Sin embargo, hay un costado político, expresado en las propias decisiones de la ministra Bullrich de recibir a aquellos policías que protagonizan este tipo de situaciones. “Hay toda una política de Estado que tiene que ver con esto, se inscribe en este retroceso de lo que ellos denominan un garantismo”, analiza el abogado. Mientras, apunta que “Valerio habla de un garantismo abolicionista, en el marco de todo un endurecimiento del sistema penal”.

Esta situación implica no solamente un endurecimiento con las causas de violencia institucional que son las que tradicionalmente afectan a los sectores más vulnerables, los jóvenes y los sectores populares; “van también contra sectores que ellos consideran pelogrosos: los mapuches, organizaciones sociales como la Tupac Amaru y a los que protestan en general”, añade Guevara.

En este sentido, el abogado y reconocido defensor de los derechos humanos asevera que “lo que no podemos tolerar ni aceptar son los retrocesos en torno a las garantías constitucionales y el estado de derecho. Están siendo permanente y sistemáticamente vulnerados”. Estos retrocesos, sostiene Guevara preocupado, afectan a los sectores más vulnerables y son cada día más generalizados.

La independencia de poderes

Guevara asegura que la base de las garantías está en el sostenimiento de la independencia de poderes. “Hay un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial con personajes como Valerio o el Ministro de Gobierno de Cornejo que permiten fortalecer este mensaje político de fortalecimiento de las arbitrariedades”, explicó el abogado. En ese sentido, añadió que “hay facultades discrecionales para cometer todo tipo de delitos caracterizados como violencia institucional con este mensaje”.

Hay una correlación entre las arbitrariedades a la hora de la detención o los endurecimientos de las condiciones en las que se dan las mismas con el mensaje político que se baja desde las más altas esferas provinciales y nacionales. “Acá el gobernador de Mendoza, por ejemplo, hizo declaraciones diciendo que no habido casos de gatillo fácil. Y si ha habido casos de gatillo fácil en Mendoza y hay casos de violencia institucional, incluso hay un incremento de la violencia institucional”, sostuvo el abogado.

Entonces, sugiere que “hay que consultar los informes especializados, los informes de Xumek y Correpi dan cuenta de esto. La falta de estadística sobre estos temas tiene que ver con una falta de interés del gobierno y la procuración. Los casos de violencia institucional son una grave afrenta a los derechos humanos”.

Finalmente, Guevara aseguró que “hay facultades discrecionales para cometer todo tipo de delitos caracterizados como violencia institucional con este mensaje”. Entonces, apuntó contra el alfil de Cornejo en el Poder Judicial, el juez Valerio. “En la campaña contra la violencia institucional, objetamos su designación ante el Senado por el caso de Lucas Carrasco. Él anula un juicio, de un caso paradigmático de violencia institucional en nuestra provincia. Sin embargo, “con todas las denuncias que había por sus fallos homofóbicos o contrarios a los derechos de la mujer, a pesar de todo esto el Gobernador mantuvo esa designación”.