Natalia Paya es trabajadora de la educación e integra el colectivo “Ni Una Menos” en General Alvear, además de ser parte de la organización social “Machaca Güemes”. Desde esos espacios brindó a VCF una profunda reflexión motivada por el último femicidio que sufre nuestra provincia y el número 13 en lo que va de 2018. Una cifra que espanta y tiene nombre, apellido y una larga historia detrás: el de Roxana Ferreira, oriunda de una zona rural de Alvear, de 39 años, trabajadora, madre de cuatro hijos y denunciante de su ex pareja por propinarle severos martirios físicos y psicológicos.

“En Alvear pasa lo mismo que en el Gran Mendoza, en el país y en la región. Claro que la permanencia de la cultura patriarcal se acentúa en el interior del interior. Lo vemos con la cantidad de denuncias públicas que hacen las chicas alvearenses en las redes sociales. Cada vez son más. Pero esto es un asunto gravísimo que deja en evidencia la ceguera de la justicia y el fracaso, hasta estimulador de la violencia, que es la restricción de acercamiento”.

Ramón Castro, el femicida y ex pareja de Roxana, permaneció en prisión domiciliaria hasta octubre del año pasado. Tiempo después fue liberado a la espera de juicio por golpear a martillazos a su esposa y a una de sus hijas, lo que la justicia caratuló como “lesiones agravadas por el vínculo” y cuyo “castigo” o “medida de prevención” que se determinó fue la restricción de acercamiento.

“Esa orden de prohibición de acercamiento, que arguyen como sanción para el violento y protección para la víctima, fue una carta de sentencia a muerte para Roxana”, lamenta desde el otro lado del teléfono Natalia Paya en su conversación con este medio y a minutos de haber marchado con un centenar de alvearenses exigiendo que el estado se hago cargo de una vez y para siempre del reclamo por “ni una menos”. Ayer, fue Roxana en Alvear, una semana antes, Ivana en San Martín; y miles hacia atrás en toda la provincia, lo que indica que si no se toca la médula ósea del poder judicial y del sistema cultural, seguirán siendo más.

“¿Por qué el juez le da domiciliaria y después restricción de acercamiento a una persona que ataca a martillazos a otras? ¿Por qué piensa que no es muy grave dar golpes de martillo a una mujer? ¿Acaso eso no es tentativa de homicidio? ¿No terminó todo esto con un femicidio?”, pregunta como en eco la entrevistada, quizá tratando de encontrar respuestas de esa justicia a la que ella llama “ciega”, pero que además desoye y abandona.

En General Alvear, como en cualquier pueblo y gran ciudad de Argentina, la policía toma las denuncias de las mujeres a gusto y antojo. Dependerá de la “suerte” en qué dependencia caiga y qué oficial la reciba para encausar su demanda. En este sentido, Natalia agrega que “ninguna orden de restricción, con o sin tobillera, sirve si no hay acompañamiento real del estado en cada una de esas experiencias.

La historia de Roxana, hoy es el ejemplo, porque la ruleta rusa del patriarcado la terminó llevando a que esta vez sea su nombre el que permita mencionar a miles de mujeres más que ya no están. Esa medida debería haber sido completada con contención permanente del estado haciaRoxana y sus hijos, y con un control efectivo sobre su hostigador y golpeador.

Por las experiencias de femicidios que sigue de cerca el colectivo “Ni Una Menos” y los especialistas en la materia, se sabe que la violencia machista en el ámbito domestico se configura en un espiral que asciende en grados de agresión y profundiza la vulnerabilidad de la mujer que la recibe. “No es descabellado ni propio de una fábula decir que el femicida, Ramón Castro, desde la domiciliaria en adelante planeara de una u otra forma este tremendo desenlace. Si una vez la machacó a martillazos era porque la quería asesinar”, lamenta Paya.

Y así fue. A casi un año de la restricción de acercamiento, Ramón Castro acechó los movimientos de su ex pareja hasta que el lunes 5 de noviembre, cuando ella terminaba de estacionar su moto para caminar hacia el almacén donde trabajaba, minutos antes de las ocho de la mañana, la interceptó, la apuñaló en el cuello, le quitó la vida, la desechó en un desagüe y se entregó mediante una llamada al 911. “Al femicida no le importa ir a la cárcel porque ya cumplió con su deseo: matar a la mujer que cree poseer”, explica Paya.

Además de la falta de control sobre el violento y potencial femicida, el estado no contiene a las víctimas. “Las mujeres que denuncian a su agresor tienen que autoprotegerse. No existe una política real de contención y prevención como indica la Ley Nº 26.485. Las más empoderadas logran insertarse en organizaciones sociales donde otras mujeres les brindan el acompañamiento que debiera dar el estado. Pero Roxana no contaba con eso, vivía en una zona aislada, rural”, relata Natalia Paya.

Consultada por el funcionamiento de las Asesorías de las Mujeres que tienen presencia departamental, explicó que “se trata de organismos muy jóvenes y que dependen de las políticas de estado vigentes”, es decir, no hay una traza estructural que las encamine en el servicio que deben ofrecer y que es vital para los objetivos que persigue: defender la vida de las mujeres.

Mucho de los artilugios con los que responden desde esas oficinas sobre este tipo de casos “que se les van de las manos”, es que “si las mujeres denunciantes no se acercan a pedir protección ellos no pueden obligarlas a hacerlo”.

“Hay toda una falencia muy grande en el sistema que queda a la luz de estos pretextos cuando ya sabemos cómo funciona el círculo de violencia doméstica”, asegura Natalia Paya. Y continúa: “las transformaciones culturales se dan a través de la educación, y hoy vemos la avanzada de los grupos anti derechos contra la Educación Sexual Integral que es verdaderamente preventiva. Ramón Castro es un hombre de 39 años, no estamos hablando de una persona ajena a la época. En Alvear, los violentos tienen 20 años, o sea, la mayor falencia está en el sistema educativo”, explica.

Consultada por el impulso que ha tomado en los últimos años la lucha feminista y los resultados que debieran estar cosechándose, la entrevistada considera que la ganancia ha sido la mayor visibilización pero que cuando Roxana o Ivana son asesinadas por sus parejas en la misma semana salta a los ojos de toda la sociedad que “no se ha logrado dar el cambio cultural, no hemos atravesado la justicia”.

La pregunta sin respuesta hasta el momento es cómo lograr esa transformación bajo un gobierno provincial que mantiene en funciones a medio gabinete denunciado por violencia de género y a un juez supremo como José Valerio que carga antecedentes de fallos de impunidad en los femicidios de Soledad Olivera (2015), Fernanda Toledo (2010), y en la condena por homicidio a Cinthia Rojas Echevarrieta (2013), quién mató a su agresor en pleno episodio de torturas sobre ella. Y más aún, en el marco de un gobierno nacional que planea un recorte presupuestario del 18% para 2019 al Instituto Nacional de las Mujeres.