La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología autorizó el último lunes la venta de Misoprostol mediante receta archivada en las farmacias para uso ginecológico. Se espera que para diciembre esté disponible al público. En Mendoza no se podrá comercializar porque una ley lo prohíbe desde 2009.
Sin embargo, en agosto de este año, la diputada radical Ana María Andía presentó en la Legislatura provincial un proyecto para derogar la Ley Nº 8.116/09 que restringe la venta de misoprostol en las farmacias mendocinas.
La norma restrictiva fue en su momento iniciativa del senador radical, Abel José, que presentó el proyecto que limita el expendio y fraccionamiento del Misoprostol. Esta ley indica que sólo se puede usar en el ámbito institucional, sanitario y público.
"El efecto negativo de eso es que se buscan vías alternativas para conseguirlo, como internet o traído de otras provincias y se paga a precios elevados sin que haya un responsable farmacéutico de por medio", manifiesta la legisladora en la letra que busca la derogación de la norma .
La iniciativa de Andía todavía duerme en la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Su presidenta, la diputada del Pro, Hebe Casado, asegura por estas horas que “no está cajoneado, sino más bien demorado”. Dicha dilación responde, desde sus argumentos, a que otras iniciativas “tienen prioridad de tratamiento” por haber sido presentadas con anterioridad.
Asimismo, Casado se manifiesta en oposición a la derogación de la ley de 2009, porque sostiene que el uso ginecológico del misoprotol cuando no es regulado por efectores públicos o privados de salud puede traer consecuencias negativas para la salud de las mujeres. Un argumento bastante alejado a lo que sostiene la propia Organización Mundial de la Salud que promueve su uso para interrupciones voluntarias del embarazo.
Si bien en Argentina el derecho al aborto legal, seguro y gratuito continua criminalizado, el medicamento es aplicado en los casos previstos por el Artículo 86 del Código Penal que no pena el aborto cuando corre riesgo la vida de la mujer gestante o cuando la gestación ha sido producto de una violación. Esta práctica es conocida como ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Por lo tanto, las autoridades provinciales aseguran que la droga es administrada en estas situación únicamente en hospitales públicos o clínicas privadas.
Se compra desde el Gobierno y lo administra el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva. A medida que las maternidades (públicas y privadas) lo soliciten, se evalúa cada caso y se le entrega al médico una pastilla.
Retomando la reciente resolución de la Anmat, cabe señalar, que en agosto, luego del rechazo de ley de interrupción del embarazado en el senado, el organismo autorizó al laboratorio Domínguez a producir Misoprostol. Ahora, dos meses después, también se le autoriza la comercialización. El nombre comercial será Misop 200.
En el texto resolutivo se indican dos cambios fundamentales: la droga tendrá una nueva presentación de 12 comprimidos (dosis necesaria para realizar un aborto) y que sea vendida bajo receta archivada (antes era de uso institucional y hospitalario).
Además, será monodroga, el Misoprostol que se vendía hasta ahora es combinado con diclofenac.
Antes de la resolución de agosto, el Misoprostol sólo era fabricado por el laboratorio Beta y se conoce con el nombre de Oxaprost. Su precio ronda los $4.500 y se estima que el producido por el laboratorio Domínguez costará menos.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir emitieron un comunicado donde se celebra la posición del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires que pone a disposición la presentación de Misoprostol 200mcg (Misop) producida por el laboratorio Domínguez para todos los centros de salud que realizan ILE de acuerdo al marco legal vigente.
En la misiva informan que aunque el Misop sigue siendo producido por un laboratorio privado, con esta acción se dejará de financiar al laboratorio Beta, “a quien sólo le interesa seguir lucrando con nuestra salud, produciendo el Oxaprost en formulaciones inadecuadas para la ILE y acompañado de Diclofenac”, denuncian.
Asimismo reclaman que el acceso a la interrupción legal del embarazo sea el mismo para todas las personas con capacidad de gestar, sin importar que región habiten, en referencia, principalmente a Mendoza y San Juan donde el derecho se encuentra triplemente negado.
También claman por la producción pública de Misoprostol y Mifepristona, para no seguir enriqueciendo “bolsillos ajenos y para garantizar el acceso al aborto medicamentoso de forma legal, segura y gratuita en todo nuestro país”.