Pasaron casi dos años desde el inicio del sexto juicio de lesa humanidad cumplido en Mendoza, y por él un centenar de testigos que brindaron enriquecedores testimonios para continuar con el armado del rompecabezas siniestro que configuró el plan de exterminio comandado por la Junta Militar desde, incluso antes del 24 de marzo de 1976.

El fiscal de la causa, Dante Vega, y el ad hoc Daniel Rodríguez Infante, junto a los representantes legales del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Viviana Beigel y Pablo Salinas, fueron los responsables de procurar las pruebas y dilucidar las responsabilidades de cada uno de los represores que esta tarde escucharán su condena. La palabra final corre por cuenta del Tribunal presidido por el juez Daniel Cisneros, acompañado por sus pares Alejandro Piña y Gretel Diamante, sobre quiénes los abogados mantienen “buenas expectativas” respecto a los veredictos.

Entre otras importantes particularidades que se destacan en este sexto proceso de Verdad, Memoria y Justicia es que entre los imputados se encuentra el ex policía de Infantería Carlos Rico Tejeiro. Este represor saltó al reconocimiento público por su participación en los tormentos que sufrieron decenas de personas torturadas y desaparecidas en el ex D2 cuando en plena democracia, concretamente en los primeros meses del Gobierno de Celso Jaque, fue nombrado como subsecretario de Justicia de Mendoza. El repudio inmediato y el revuelo que causó en la política vernácula hizo que su ocupación en ese cargo fuera fugaz y que se avanzara en las investigaciones de lesa humanidad en su contra. 

Desde el inicio del golpe de estado, Carlos Rico Tejeiro, integró un cuerpo comando y fue instructor del Grupo Especial de Seguridad que se creó especialmente en el marco del Mundial 78. Según el fiscal Dante Vega, Rico fue partícipe primario en la organización y ejecución de varias desapariciones forzadas y secuestros, como así también organizador de grupos de tareas.

El abogado Pablo Salinas, informó a este medio que Rico Tejeiro fue reconocido por los testigos como custodio y responsable de los traslados en 1976 de los sobrevivientes Fernando Rule y Silvia Ontivero desde el D2 hasta la Regional de la Policía donde comparecieron ante el ex juez Evaristo Carrizo, ya condenadoa perpetua en sentencia de la “Megacausa” de julio del año pasado.

El represor escuchó cómo Ontivero denunciaba ante la indiferencia de Carrizo las torturas y las violaciones que estaba sufriendo durante el cautiverio. Hoy se lo acusa de ser jefe de asociación ilícita por más de una decena de privaciones ilegítimas de la libertad y torturas sistemáticas a los presos políticos. Enfrenta a una pena de 25 años.

En el D2 ocurrieron los peores hechos durante la represión ilegal, y han sido puestos en evidencia a lo largo de estos seis juicios de lesa humanidad cumplidos en Mendoza. En esta ocasión, se investigaron las desapariciones del estudiante de periodismo Jorge Daniel Moyano y de la militante del partido Obrero Olga Roncelli de Saieg, embarazada de dos meses en el momento de su secuestro. También se trataron las privaciones de libertad y torturas sufridas por cerca de 50 personas en ese sitio. En este caso, los procesados que esperan sentencia son Carlos Álvarez, Miguel Salinas, Roberto Usinger y otros cinco ex efectivos que ya fueron condenados en anteriores juicios.
Cabe señalar, que, así como Rico Tejeiro supo reciclarse durante la democracia en un cargo oficial, el ex policía Usinger hizo lo mismo mostrándose durante años en la Plazoleta Pellegrini como vendedor de antigüedades y especialista anticuario. Lo mismo hizo Miguel Salinas, quien cumplió tareas de seguridad privada para una financiera ubicada en pleno microcentro mendocino. Estos imputados enfrentan penas temporarias, según informó la querella.

Para el Dr. Salinas el juicio en el que hoy se conocerá sentencia es ante todo “emblemático” porque permitió develar la impunidad que se le otorgó a los policías de la Federal partícipes del exterminio a quienes en su momento se les dictó falta de mérito. Por esta fuerza, llegan por primera vez al banquillo los ex federales José Luis Mirotta y Marcelo León. Deberían acompañarlos en los policías Rodolfo “El Willy” Cardello y quien fuera el jefe de inteligencia de la Federal en Mendoza durante el llamado “proceso”, Ricardo Aleks. El primero falleció en 2013, mientras que el segundo se encuentra entre los prófugos de la justicia más buscados del país desde 2007.

Durante el debate se probó que la Federal actuó en el plan represivo antes y durante la dictadura cívico militar. A los acusados antes nombrados se les imputa el secuestro y posterior asesinato de los militantes del Partido comunista, Susana Bermejillo y Mario Susso, cuatro días antes de consumado el golpe de estado. También se les computan los homicidios del estudiante peruano de periodismo y militante del PRT, Amadeo Sánchez Andía, y de Víctor Romano Rivarola, trabajador judicial y miembro de una familia solidaria con las causas de justicia social.

Además de estos cuatro resonantes crímenes acaecidos en los 70, se acusa a los federales de siete desapariciones forzadas. Por ello enfrentan pedido de condena perpetua.

Esta causa tomó característica de “icónica”, explica Salinas, porque puso luz por vez primera sobre la participación de la Fuerza Aérea en la represión ilegal en la provincia siguiendo el plan sistemático ordenado por la Junta Militar desde el Ejecutivo. Gracias a estas pruebas pudo revalidarse la investigación llevada a cabo por el MEDH que señalaba al Campo Las Lajas, ubicado al oeste de Las Heras y a 15 minutos de la ciudad mendocina, como “centro clandestino de detención”.

Las referentes del MEDH, Elba Morales y Pocha Camín fueron las que iniciaron estas pesquisas y pudieron denunciarlas en 2004. En este terreno la Fuerza Aérea realizaba sus prácticas habituales de tiro durante la época dictatorial. Sin embargo, allí fueron vistos por última vez con vida el profesor Mauricio López, rector de la Universidad Nacional de san Luis y comprometido con sectores cristianos al momento de su secuestro; Carlos Marín y su hija María del Carmen Marín, joven artesana y e integrante la Juventud Peronista. Su padre, sin filiación política, fue arrancado de su hogar a los fines de que revele las actividades en las que militaba María del Carmen; el actor y allegado al Partido Comunista Osvaldo Zuin; y el obrero y e integrante de la Juventud Peronista - Montoneros Ramón Fernández. 

Por estos crímenes enfrentan perpetua el ex vicecomodoro Juan Carlos Santamaría y Olimpo Carelli, quien también supo reversionarse durante la democracia como un simple vendedor de diarios y revistas en un puesto ubicado en calle Espejo, pleno corazón de la urbe mendocina.
Salinas contó que permanece fija la sospecha de que en el terreno de Las Lajas yacen restos de parte de los 200 desaparecidos mendocinos dentro de fosas comunes, tal como ocurrió en el llamado “Cuadro 33” del Cementerio de Capital. Es por ellos que se ha pedido que Las Lajas sean declaradas como Centro Clandestino de Detención, y que se continúen las excavaciones.
“Finalmente, estuvo en el relieve del juicio lo ocurrido en el Casino de Suboficiales del Ejército, ubicado en el predio de Boulogne Sur Mer, donde fueron recluidas 16 mujeres, varias salvajemente torturadas. El oficial Carlos Ledesma y otros viejos jefes del Ejército, ya sentenciados, completan la grilla de los acusados”, reseña un comunicado de los organismos de Derechos Humanos. En este caso las penas pedidas varían según las responsabilidades que se les imputa a los represores.

Consultado Salinas si en algún momento el juicio se vio perjudicado debido a los retrocesos en las políticas de Derechos Humanos que impulsa el macrismo, el referente señaló que “afortunadamente corrió por los canales esperados ya que el Tribunal estaba establecido y pudo desarrollarse el cronograma de audiencias en los tiempos estipulados”.

 Agregó que “no hemos tenido impacto de las políticas nacionales en el juicio local”. Anticipó además que una vez conocidas las sentencias de este sexto juicio se continuará trabajando para habilitar el juicio a la Fuerza Aérea y a la Inteligencia. Otra de las grandes pendientes es la rendición de cuentas de los represores por las causas de apropiación de bebés en Mendoza. 

“En general son buenas las expectativas de la sentencia que llega hoy porque Mendoza no ha retrocedido ni un pelito en el proceso de Verdad, Memoria y Justicia habilitado en los primeros años de kirchnersimo”, expresó el referente.

Familiares de víctimas, sobrevivientes y organizamos de Derechos Humanos esperan para esta tarde “sentencia justa acorde a los daños provocados a las víctimas y a la ciudadanía en general para reparar daños”. Un concepto muy alejado al de la venganza y al revanchismo al que aún apelan los sectores más conservadores de nuestra sociedad.