Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, sostuvo que estamos “en una situación de excepcionalidad” donde “hay un Poder Ejecutivo que avasalla al Congreso usurpándole” sus “incumbencias constitucionales” y que “tiene sometido sin necesidad de mucho esfuerzo al Poder Judicial”.

El abogado, que presentó una denuncia contra el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli por la causa de los cuadernos por “todas las irregularidades procedimentales que son causales de nulidad” y que “lleva sobre sus hombros esta malhadada causa”.

Para Barcesat, la causa de los cuadernos “aparece en el momento que el gobierno hace agua por los cuatro costados en lo que hace tanto al fracaso económico como a la pérdida de la jerarquía institucional del Estado de derecho”.

Luego de la imputación penal por parte del fiscal Jorge Di Lello al presidente Macri en una causa presentada por el ex diputado Claudio Lozano sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Barcesat, sostuvo en este diálogo con , que “aplaude la imputación” ya que la Constitución establece en el “artículo 75, inciso 27”, que “corresponde al Congreso de la Nación aprobar o desechar los tratados concluidos con entidades u organismos internacionales”

-¿Se puede sostener una democracia con el modo como está funcionando parte de la justicia?

-No. Estamos en una situación de excepcionalidad, hay un Poder Ejecutivo que avasalla al Congreso usurpándole las incumbencias constitucionales que son del Congreso de la Nación y que tiene sometido sin necesidad de mucho esfuerzo por lo que se ve, al Poder Judicial, que interviene y dicen: necesitamos jueces que nos representen o esto no fue lo que pactamos, como si se pactara con los jueces. Cualquier presidente que hubiera dicho esto ya estaría sometido a juicio político pero la actitud pusilánime de determinadas integraciones del Congreso lleva a que los pedidos de juicio político, que los hay numerosos y bien fundados, todavía no hayan tenido principios de investigación porque precisamente, no solamente el bloque de Cambiemos sino también los eternos vacilantes de la derecha peronista que prestan su conformidad bajo el estúpido slogan de la gobernabilidad o de dejarlos hacer o de no ponerle palo en la rueda, en realidad el palo lo han puesto en la Constitución nacional con esa actitud.

-¿Cómo es la denuncia que presentó contra el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en torno a la causa de los cuadernos?

-La denuncia es contra el juez federal Claudio Bonadío y contra el fiscal federal Carlos Stornelli, por esta forma absolutamente irregular en que se inició la causa llamada de los cuadernos, porque primero ningún fiscal recibe una denuncia tomando un café con alguien y recibiendo una documentación; lo convoca a su despacho, recibe la documentación, puede tomar una breve declaración para explicar el origen de esa documentación y después tiene que ir a la mesa de entrada de la cámara federal porque hay una acordada dictada en pleno por la Cámara que establece el método que da tranquilidad a las partes de que no va a haber un manipuleo respecto de quién es el fiscal o quién es el juez que va a intervenir. Pero en lugar de ello, en esta causa infame, porque no hay otra manera de calificarla, le entregó la causa a Claudio Bonadío diciendo que tenía una vinculación con una causa del 2014 referida a una investigación de una licitación para provisión de gas licuado. Por supuesto no tiene un pepino que ver con esa causa ni conexidad alguna de las que fija el código de procedimiento en materia penal. Pero aún si la tuviera, el mecanismo correcto implica que se inicia, se sortea y luego el juez que la recibe puede enviársela al juez competente por tener conexidad, que no es el caso. Pero de ninguna manera pueden el fiscal y el juez resolver por ellos mismos que van a ser la autoridad a cargo de la tarea instructoria.

-También plantearon la cuestión de que sean fotocopias.

-Como todos sabemos los cuadernos originales no se encuentran, no existen y si alguna vez existieron fueron quemados; todo con una sola finalidad, que es la de impedir que las pericias scopométricas determinen la antigüedad del papel y de la tinta empleada en las grafías. Y si esto es así, y creo que es incontestable, demuestra que hay un origen espurio, que es fruto de lo que en la doctrina llamamos el árbol venenoso, es decir, una prueba mal adquirida y yo diría además mal confeccionada. También hemos pedido que se investigue lo que ha hecho conocer o transcender la imprenta Ledesma de que las tapas de esos cuadernos fotocopiados corresponden a ediciones que son posteriores a 2012; y las atestaciones que están allí volcadas son de fecha anterior al 2012. No se puede hacer prueba grafológica que acredite cómo se escribió esto, si en un escritorio, si apoyado en un auto, cosa medio rara; si fue escrito todo de corrido o si las distintas grafías o calidades demuestran que las anotaciones se hicieron en lugares distintos. Todo esto que daría certeza y calidad jurídica a las partes y que cumpliría una función veritativa fue anulada de entrada por esta irregular causa que, oh casualidad, aparece en el momento que el gobierno hace agua por los cuatro costados en lo que hace tanto al fracaso económico como a la pérdida de la jerarquía institucional del Estado de Derecho. También allí involucramos como partícipes o autores a todos los que hayan prestado algún tipo de convalidación al avance de esta causa. Esto apunta a los señores camaristas y al fiscal de Cámara que le dieron validez a esta causa así iniciada y así tramitada. Apunta también al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, que recibe al juez instructor para darle un respaldo público, comprometerle mayores recursos humanos y materiales sin advertir o silenciando todas las irregularidades procedimentales que son causales de nulidad que llevan sobre sus hombros esta malhadada causa.

-¿Cree que puede tener un buen desarrollo en este momento que atraviesa el Poder Judicial?

-Siento un enorme alivio de conciencia al saber que se radicó y van a sortear como corresponde juez y fiscal que habrán de intervenir en la investigación de todas las atrocidades procesales cometidas por sus colegas del mismo fuero. Qué suerte tendrá, que influencia habrá, quien tiene más fuerza, no sé. Los abogados estamos obligados a hacer lo que por derecho corresponde y no a hacer vaticinios sobre a ver qué juez me toca, qué fiscal; si será de los buenos, será de los lacayos. Si uno tuviera en cuenta ello uno nunca haría nada porque estaríamos siempre temerosos de que pueda caer en un epifenómeno de Bonadío y Stornelli, aunque es difícil superar esa pareja.

-¿Cómo analiza el método que se utiliza con los empresarios en esta causa a través  de la ley del arrepentido?

-Es una coerción que no corresponde, es nula, es inconstitucional, por eso decimos que privación de la libertad agravada porque se ejerce una coerción psicológica y física sobre los detenidos, porque hasta aquí no hay autos de prisión preventiva, son detenidos simplemente, que llevan más de 30 días detenidos sin que sepan por qué razón ni en función de qué hechos están privados de la libertad individual; y con ese agravante que les dicen si ustedes nos aportan  un relato y culpan a terceros etcétera, esta noche pueden dormir en su casa. Y hay quienes han caído en esto de obtener una libertad hoy para que dar ya maniatados a que en el futuro reciban una condena si es que esta causa que llevan adelante Bonadio y Stornelli llega alguna vez a juicio oral y no es nulificada como debió serlo desde el primer minuto. Pero esto es una especulación. La privación de libertad con este agravante psicológico es privación ilegal de la libertad agravada en concurso con prevaricato, que es cuando los jueces y fiscales actúan contrario a derecho a sabiendas que están obrando contrario a derecho y es también una violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

-¿Cómo analiza la denuncia por la que imputaron penalmente al presidente en la causa del Fondo Monetario Internacional?

-Yo no estoy en esa causa, pero patrocino a la diputada Fernanda Vallejos en un amparo donde se pide la nulidad de ese acuerdo en función de que no se ha cumplido lo que establece la cláusula constitucional, artículo 75, inciso 27, que prescribe rigurosamente que corresponde al Congreso de la Nación aprobar o desechar los tratados concluidos con entidades u organismos internacionales. De manera que estos dos verbos, aceptar y desechar implican la intervención previa del Congreso, no posterior o solapada como la pretende este gobierno de que se valide al aprobar la ley de presupuesto 2019 donde están involucrados los pagos de devolución de los créditos recibidos del FMI. De manera que aplaudo al fiscal Di Lello que es el que ha hecho la imputación y el requerimiento de instrucción, veremos que hace el juez Ercolini que no merece mi más mínimo respeto en lo que hace a su desempeño como juez federal pero está el fiscal que eventualmente ante un resultado adverso o dilatorio puede recurrir y llevar el tema a una autoridad superior. Claro que una autoridad superior tampoco es ninguna garantía de nada porque hoy en día la cámara federal que otrora fue el tribunal más prestigioso por lo menos en el foro capitalino que nos merecía el respeto de todos los abogados, fallara o no fallara a favor de nuestras peticiones, pero siempre con una solidez y una imparcialidad digna de mérito, ahora se ha convertido en el peor tribunal imaginable.