La ley 1420, conocida como Ley  Láinez, estableció en 1884 las escuelas y la educación pública al estado nacional, siendo el fundamento y pilar del sistema educativo actual. Posteriormente, en los 90, la ley federal de educación del menemismo vino a  reemplazar dicha norma, y trasladó las escuelas de gestión estatal nacional a las provincias. Éstas afrontaron el financiamiento y presupuesto de la prestación educativa que pasó abruptamente, y con las desigualdades que implica, a estar a cargo de las gestiones de gobierno de cada provincia.

Por esos años, asomaba el fantasma del desfinanciamiento del estado al aparato educativo y las magras condiciones salariales y laborales de los maestros, como la potencial privatización del mismo; situación que fue repudiada y resistida por los docentes durante años para mantener vigente, gratuita y pública nada menos que la escuela argentina.

Para fines de 2016 se sancionó la ley de educación nacional, que reemplazó la nefasta ley federal de los 90 como ente rector y que estableció que el presupuesto destinado a educación no sería  inferior al 6 % del PBI, meta que en mayor o menor medida no se ha llegado a cumplimentar del todo, considerando las distintas realidades provinciales.

La infraestructura escolar insuficiente, deteriorada y precaria; las condiciones laborales de los maestros y las maestras como las condiciones salariales, si bien están contempladas, no son resueltas por la legislación ni las políticas públicas en materia educativa provincial y nacional.

A nivel local, la paritaria docente se cerró tras un decreto de aumento de sueldo del gobernador Alfredo Cornejo. Por otro lado, el gobierno provincial estableció en su momento el ítem aula que funciona a fin de “garantizar” la presencia de docentes en las escuelas y coarta derechos laborales como las licencias por enfermedad. Desde el Sute manifestaron su desacuerdo por el incremento salarial al que evaluaron de insuficiente y desfasado respecto a los niveles de inflación del país. A la vez, quedaron atados de pies y manos para ejercer medidas de fuerza como el paro, a merced de descuentos descomunales promovidos por el ítem aula.

A nivel nacional, el conflicto se manifestó hace meses en el marco de la paritaria de docentes universitarios. Alrededor de un mes después de llevar a cabo un paro en facultades de 57 universidades nacionales, los gremios lograron la negociación paritaria que realizó una propuesta a la baja respecto de la primera oferta. Francisca Staiti, secretaria gremial de Fadiung, sindicato que reúne a los docentes de la UNCuyo, detalló: “A principio de año pedíamos 25 % de aumento salarial. Luego del aumento del dólar y los tarifazos, se elevó el pedido al 30 %. El gobierno ofreció en mayo 15 %. Tres meses después, ofrecieron un 5,8%”.

El conflicto estalló la semana pasada, cuando en solidaridad con el reclamo docente, estudiantes de todo el país realizaron tomas de facultades en la mayoría de las provincias. Además se convocó a una movilización el pasado 30 de agosto, a nivel nacional, que en Mendoza tuvo su correlato con una multitudinaria marcha que concluyó en Casa de Gobierno. La manifestación reunió, además, a muchas personas descontentas ante la inestabilidad financiera de la Argentina manifiesta por el equipo económico del gobierno nacional. En la marcha participaron no sólo gremios de docentes universitarios, sino que se incorporaron otros sectores del arco educativo.

Desde Siduncu, uno de los gremios que nuclea a profesores de la UNCuyo, Francisco Gabrielli, docente y representante del mismo, afirmó: “Veníamos por un reclamo importante para el sector de las universidades públicas nacionales y a nuestro reclamo se sumó la problemática local con los IES. También se ha sumado con fuerza el reclamo provincial por el código de faltas. Y nos encontramos con el desmadre que hay a nivel nacional”.

Gabrielli además consideró: “Creemos que lo que está ocurriendo acá, la convocatoria de la marcha, tiene que ver con el descontento generalizado de la población. Deja de ser un reclamo sectorial para ser un reclamo de toda la sociedad. La sociedad ha encontrado en esta marcha la posibilidad de expresar su descontento. El sistema educativo, público, gratuito e inclusivo es un orgullo nacional, sobre todo de los más pobres, porque permite el ascenso en el escalón social”.

Participaron estudiantes y docentes de nivel terciario, con su reclamo propio, ante la amenaza de cierre de carreras en institutos de educación superior, y a la vez en concordancia con la defensa de la educación pública. Es necesario remarcar que algunos institutos se encuentran tomados por alumnas y alumnos. Las tomas responden al repudio del decreto 530/18 y la resolución 2010 de la DGE. Asimismo, reclaman contra el achicamiento de matrícula, el potencial cierre de los institutos de educación superior y el ajuste a la educación terciaria.

Estudiantes de colegios secundarios también realizaron manifestaciones públicas y pacificas durante la semana, uniéndose al reclamo de educación pública, gratuita, laica y de calidad. Denunciaron las condiciones edilicias de los colegios como así también situaciones de presión y persecución padecidas por alumnos, alumnas, y algunos docentes por parte de directivos.

Sebastián Henríquez, secretario general del Sute, expresó durante la masiva marcha que atravesó el centro de Mendoza: “Es una movilización muy grande, lo sabíamos desde un primer momento. Es no menor lo que está pasando con las universidades y los institutos de educación superior. Se han sumado miles de estudiantes de universidades y de los IES, docentes, padres, madres, otros sectores de la comunidad, muchos sindicatos que han venido a defender la educación pública en general. No solamente es un reclamo universitario, sino por toda la educación pública”.

Por el momento, el gobierno nacional suspendió la paritaria docente  ante el caótico escenario económico del país. En el plenario de secretarias y secretarios generales de la Conadu Histórica se resolvió por unanimidad continuar con el paro de clases, en lo que ya es la quinta semana consecutiva y que se extenderá hasta el 8 de septiembre.

En la multitudinaria marcha, integrada y acompañada por sectores variopintos de sindicatos docentes, estudiantes de distintos niveles, centros de estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos, se pudo leer pancartas que pregonaban: “Sólo la educación pública garantiza la igualdad de oportunidades”; “La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo”.

Otros carteles manifestaban frases como: “Por una educación sin opresión”, “El saber rompe las cadenas de la esclavitud”; “La educación no se vende, se defiende”; “No queremos educación en crisis”; “Derecho a decidir que estudiar”. Y entre tantas más: “Educación pública, orgullo nacional”, trayendo a colación la primigenia legislación que garantizó el acceso educativo a los sectores populares, como las luchas docentes y estudiantiles que a lo largo de la historia argentina han mantenido vigente la gratuidad y el acceso a la educación.