La Marcha contra el Gatillo Fácil se vivió en simultáneo en diferentes provincias del país. A cuatro años de su primera edición, organizada en Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata este año se sumaron San Juan, Chubut, Bariloche, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Rosario y Mendoza. Aquí, si bien se siguieron los lineamientos generales de la convocatoria, los familiares de víctimas de violencia institucional decidieron apuntar sobre el poder judicial debido a la cantidad de causas cajoneadas, y los beneficios y absoluciones otorgadas a policías acusados de abusos y crímenes contra una gran cantidad de pibes y pibas de la provincia.

Se estima que desde 1983 en adelante más de 230 casos de violencia institucional se cobraron la vida de personas en Mendoza en situaciones de torturas en cárceles o comisarías, y fusilamientos. Hasta el momento la respuesta de las instituciones ha sido nula en su mayoría, quitando casos excepcionales que por su magnitud organizativa en el plan criminal no pudieron pasar por el alto como sucedió con los responsables de la muerte de Sebastián Bordón en 1997 y Jonathan Chandía en 2006.

“Por eso ampliamos el nombre de la convocatoria a ´Primera Marcha contra el Gatillo Fácil y la Impunidad´”, resaltó desde el altavoz, cada vez que pudo, Sabrina Carrazco, hermana de Lucas, el hincha de la Lepra que fue asesinado en las inmediaciones del estadio Independiente Rivadavia en marzo de 2014.

Fueron meses de preparativos y trabajo para alcanzar la unidad entre las agrupaciones políticas que decidieron acompañar la convocatoria de los familiares de víctimas de la represión del Estado a la marcha. Este esfuerzo llevó a que se superaran todas las expectativas: “recuerdo en 2015 cuando las Madres iniciaron las rondas de cada viernes al Palacio Judicial y éramos apenas 20 acompañándolas. Hoy veo este mundo de gente a nuestro lado y siento que, aunque ha costado mucho alcanzar concientización, hemos logrado visibilizar en la calle la problemática”, señaló Lorena Rubio  a VCF, una de las referentes de este movimiento.

El protagonismo de la histórica movilización de este lunes en Mendoza lo tuvieron las Madres y hermanas en lucha con las fotos de sus hijos/hermanos impresas sobre su pecho, promoviendo así, un ejercicio de memoria obligada para quien las mirase.  A partir de las 17, en una colorida previa sobre la explanada de la Plaza Independencia, fueron encontrándose los familiares que arribaban de distintos puntos de la provincia con los militantes atentos a cada detalle de la manifestación que se ampliaría por diez a las manifestaciones que acostumbran a realizar en la diaria debido al alto nivel de convocatoria que tuvo.

Allí, el Comecuco (Colectivo de medios Comunitario de Cuyos) trasmitió en vivo para toda la región dando voz a las Madres para que contaron las historias de sus hijos, el estado de las causas judiciales, y a referentes políticos y de derechos humanos para que analicen la coyuntura política en materia punitiva. La doctrina Chocobar que impulsa Mauricio Macri y la pérdida de libertad de expresión y el derecho a protesta, fueron los puntos más recurridos en estos análisis.

A nivel provincial, desde la mesa de medios comunitarios, se puntualizó principalmente sobre la situación en cárceles, la persecución a jóvenes de barrios populares y la próxima sanción al Código de Faltas “moldeado a gusto y antojo del Ejecutivo para reprimir y castigar la pobreza y a quien piense distinto”, dijo el ex juez e integrante del Foro por la Democracia y la Libertad de lxs presxs Políticxs, Horacio Báez.

Al promediar las 18.30, la columna que no dejó de nutrirse de manifestantes, partió desde la Legislatura por Patricias hacia Tribunales Provinciales. La comandaban las Madres y familiares al grito de ¡Presente! cada vez que el nombre de su hijo víctima del accionar policial era nombrado en los altoparlantes. Atrás las seguía una infinidad de banderas con consignas de “Ni Un Pibe Menos”, “Basta de mano dura, “El Estado es Responsable”, “Ni una Bala Más”, y los rostros de los chicos y las chicas sobre pancartas.

Las caras de los asesinos a modo de escrache también fueron visibilizadas en carteles, y así pudo verse a Mario Horacio Biasiori (policía asesino de Cristian Reyes en 2006), Antonio Cruz (policía asesino de Tania Páez y Lorena Cruz en 2014), Dario Agosti (policía asesino de Ezequiel Torres en 2012), Diego Guzmán (policía asesino  de Lucas Carrazco en 2014) y al del supremo José Valerio (acusado públicamente de garantizar la impunidad en cada uno de estos casos, principalmente en el de Lucas tras haber provocado la caída del primer juicio contra Guzmán en 2015).

Por ser considerado el “emblema de la impunidad”, la marcha concluyó en Tribunales provinciales. Allí, una a una, las madres fueron tomando voz e impulso para dar testimonio público de quiénes fueron sus hijos y qué fuerza y efectivo en concreto los asesinó. Asimismo, hicieron saber que como herederas de las Madres de Plaza de Mayo, quienes les  marcaron el camino de la lucha, lo que buscan “no es venganza”. Hablaron en este sentido de “Justicia” e “Igualdad ante la ley” y “fin de la doble vara”. Tambipen reclamaron por “una policía formada y no preparada para matar” y explicaron que no se trata “de odiar a la policía, sino de sanear a la isntitución”.

Entre las oradoras, con un mensaje de justicia claro y una ejercitada forma en relatar la historia de sus hijos, pasaron Elsa Navarro (Madre de Willy Gil, asesinado en Junín  en 2014), Mónica Campoy (Madre de Andrés García Campoy, aparecido muerto en su coche a la vera de una ruta cercana a un puesto de Gendarmería en 2014), Nancy Manrique (Madre de Ezequiel Torres asesinado en 2012 en Maipú), Jesica Carvalho (Madre de Tania Páez, asesinada en 2014 en Godoy Cruz), Carolina Rodríguez (Hermana de Leo Rodriguez, aparecido muerto en un calabozo de la comisaría 27 en Godoy Cruz en 2015), Carolina Chacón (Madre de Darío Chacón asesinado a principios de este año), y Myriam Lucero (Madre de Saulo Rojas, muerto por torturas en una clínica de rehabilitación de Pilar en Buenos Aires, tras ser derivado por el Ministerio de Salud de Mendoza en 2013).

Todas ejercieron la palabra en nombre de Viviana Espina (Madre de Lucas Carrazco) y Alicia Vargas (Madre de Cristian Reyes asesinado en 2006), a quienes  recordaron como baluartes de la lucha y fallecidas recientemente sin haber alcanzado justicia: “pero dejando una huella profunda entre todas nosotras”, expresó Yeni Chandía, la madre Jonathan que cedió su lugar en el micrófono para que se denuncien los casos más recientes.  

El documento de cierre estuvo a cargo de Sabrina, la hermana de Lucas, quien además de contar la historia que sufrió su hermano por el desenfreno policial,y más tarde su mamá Viviana por la impunidad judicial, informó sobre la apertura del nuevo juicio contra Diego Guzmán prevista para el 2 de septiembre próximo.

El documento fue contundente en sus señalamientos políticos. Primero se apuntó a la política de estado criminal que impulsa Mauricio Macri contra los jóvenes, la militancia y los trabajadores. Pero el acento estuvo puesto en lo sucede en Mendoza:

“Apuntamos a Cornejo, quien ya en el inicio de su gestión, felicitaba a un policía que asesinó en Las Heras a un presunto delincuente sin haber existido enfrentamiento armado, dejándolos sin la posibilidad de ser juzgado ante la justicia. Creó la figura del Defensor del policía y al año siguiente su campaña estuvo orientada bajo el lema de mano firme”, reseña el escrito y detalla el incremento de funcionarios policiales que se presencian en las calles mendocinas “poniendo por encima la protección de la propiedad privada sobre los derechos de la población”.

El documento habla del autoritarismo cornejista que “estigmatiza a la juventud de barrios vulnerados, usando como principal metodología la detención por averiguación de antecedentes, que en situaciones extremas han llevado a la muerte de las personas detenidas, como es el caso de Leonardo Rodriguez asesinado en la comisaria número 27 de Godoy Cruz”.

El magistrado José Valerio tuvo un párrafo aparte en el documento por sus graves antecedentes de avalar desde el estrado femicidios y crímenes de odio, pero principalmente por ser el mayor responsable de que se haya caído el primer juicio por el asesinato de Lucas Carrazco y hacer retroceder la causa a fojas cero.

“Nuestra historia como organización de familiares de víctimas de la violencia de Estado comienza a raíz de la necesidad de hacer escuchar nuestras voces ante la protección que da el Poder Judicial a las fuerzas represivas que cometieron crímenes al quitarle la vida a los y las jóvenes. En 2015 comenzamos con rondines alrededor de Tribunales Provinciales todos los viernes al mediodía, retomando la idea de las Madres de Plaza de mayo, haciéndonos visibles en otros reclamos y acompañándonos mutuamente en los juicios que iban sucediendo”, reseña el documento.

Hacia el cierre exige  “juicios justos y el fin a la doble vara del poder judicial para con los asesinos por pertenecer a determinada institución, a una privilegiada clase social, o por portación de apellido”.

De esta manera tronaron los muros de Tribunales Provinciales donde esperan cientos de causas ser abiertas y alcanzar Justicia. La tarde del lunes se escucharon como nunca antes había sucedido en Mendoza las voces de los (antes) olvidados, con un acompañamiento social inédito que promete seguir avanzando, y margando una bisagra en la lucha contra la violencia institucional.