Alejandra Ciriza, Nora Llaver, Claudia Anzorena, Julia López y adolescentes que integran el movimiento de estudiantes a favor del Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito encabezaron la conferencia de prensa que tuvo un marcado tono político y reclamos concretos al gobierno mendocino como la adhesión al Protocolo nacional de Aborto No Punible, aplicación de la Ley de Educación Integral en las escuelas y el mensaje del orgullo verde para redoblar fuerzas: “el pañuelo no nos lo sacamos hasta que el aborto sea Ley”.

Futuro presente

Alejandra Ciriza destacó la apertura del debate parlamentario sobre el proyecto treinta años militado y siete veces presentado en el Congreso de la Nación, un suceso inédito en la vida política de Argentina. Pero lo que la referente subrayó en su balance fue la incorporación en estos últimos meses de las nuevas generaciones: “a esta histórica lucha que es fundamentalmente para las más jóvenes. Por eso nosotras podemos decir hoy que tenemos presente y futuro”.

Además de la unidad intergeneracional, la investigadora se refirió a la repercusión internacional que ganó la campaña mientras el proyecto se dirimía en el Congreso. Se hizo público y viral el respaldo a la iniciativa argentina de parte la amplia mayoría de los países donde las mujeres pueden decir bajo el respaldo del  Estado la continuidad de sus embarazos fue pública: “ante los ojos del mundo fue bochornoso el despliegue de los senadores y senadoras el 8 A”.

Macri, Cornejo y Correas: responsables

El pronunciamiento de Nora Llaver, otra de las fundamentales de la causa, fue orientado al Gobierno provincial. Exigió el respeto y cumplimiento del aborto no punible presente en el Código Penal de 1921 y avalado por diversos fallos supremos. “Hacemos responsables a las autoridades nacionales, provinciales y municipales sobre cualquier retroceso en nuestros derechos”, señaló terminante. Y se dirigió al gobernador Alfredo Cornejo para reclamar  la adhesión al Protocolo Nacional para la Aplicación de Abortos No Punibles elaborado bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación según estándares internacionales de derecho público y la Organización Mundial de la Salud en 2007, y que sin embargo en Mendoza no se ha concretado en ninguno de los casos que estipula la Ley: cuando el embarazo es producto de una violación o corra riesgo de salud/vida la mujer gestante.

Llaver también se alzó contra el gobierno de Cornejo al responsabilizarlo de “toda forma de persecución, hostigamiento y violencias ejercidas particularmente sobre mujeres jóvenes, pibas y pibes que portan el pañuelo verde, símbolo de la campaña”. Es de público conocimiento las agresiones físicas y las amenazas que han sufrido activistas en Mendoza de parte de grupos que se oponen al proyecto y cuentan con complicidad policial, caso paradigmático fue el que sufrieron las vecinas del Barrio Cano a mediados de julio y el de Micaela Tapia, golpeada en pleno centro de Godoy Cruz a principios del mismo mes por llevar atado su pañuelo verde a la mochila.

Las panelistas informaron que meses atrás presentaron una nota a Jaime Correas, director General de Escuelas y al rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Daniel Pizzi, solicitando el resguardo de las estudiantes que asisten a los establecimientos con su pañuelo, así también como la exigencia de que aplique de forma correcta la Ley Integral de Educación Sexual (ESI), hoy cajoneada o manipulada a medida de la “moral” que ordene cada institución escolar.

“Le pedimos al Director General de Escuelas que nos reciba en su despacho para abordar todo lo que ha sucedido en estos meses dentro de las escuelas y que se garantice la seguridad de las estudiantes activistas”, señaló en referencia a la violencia y prohibición de estudiantiles a favor de la IVE, tal como ocurrió en el Colegio Normal Tomás Godoy Cruz un día antes de que se debata el proyecto en el parlamento y queVCF reseñó en una crónica.  

“Si no nos acompañan no los vamos a votar”

Claudia Anzorena, Dra. En Ciencias Sociales, explicó que en la actualidad ningún partido político goza de la visibilidad y la legitimidad que supo ganarse en estos tres meses el movimiento de mujeres que demandó a sus representantes el derecho al aborto.

“Negaron la masiva proclama popular de ampliar nuestros derechos sexuales y reproductivos” dijo en referencia a los 40 senadores que por acción u omisión permitieron que el proyecto cayera. “Pero no han ganado porque no seremos arrojadas al silencio nunca más.  Hemos triunfado como movimiento. Somos cientos de millones en todas las provincias”, señaló.

Para Anzorena, las que perdieron el “8 A” son las mismas que vienen perdiendo hace decenas de años: las que no pueden garantizarse un aborto seguro en la clandestinidad. “Perdió la mujer que murió ayer por el perejil cuando les hemos dicho a las autoridades y a nuestros representantes con todos los argumentos cual es la manera segura de abortar. El Estado no nos cuida, nosotras nos cuidamos y nos gestionamos la salud”, señaló.

“A los políticos que piensan presentarse en las próximas elecciones les decimos desde ya que se posicionen, y que si no acompañan los derechos de las mujeres no los vamos a votar, esto no les va a salir gratis”, concluyó.

Cerrado el balance VCFy otros medios presentes quisieron conocer diversas perspectivas que continúa tocando la temática y se abrió la ronda de preguntas:

El gobierno nacional presentará el proyecto de reforma del Código Penal donde se incluiría la despenalización del aborto.  Por otro lado la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) permitió recientemente la fabricación y comercialización de la droga del misoprostol en los hospitales. ¿Ustedes creen que estas medidas tienen que ver con una intención de correr el eje de la discusión de fondo sobre aborto legal seguro y gratuito?

Anzorena: El tema a del misoprostol lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo. En Mendoza estamos reclamando la derogación de la Ley 8116 que restringe su venta porque es una ley que va en contra de la OMS. La ANMAT y el gobierno se están poniendo a tono de un debate que abrirmos y de una situación que le estamos mostrando que existe.

Todas las personas que pasaron por el debate coincidieron en que la Ley que penaliza a las mujeres no sirve ni ha servido. No ha bajado la cantidad de abortos y coloca a las mujeres en la clandestinidad. Es una respuesta ante una realidad a la que no le pueden dar la espalda porque ahora sí nos ven. Hay que dejar la hipocresía de lado, claro que está bien que la ANMAT lo incluya en el plan médico, lo pedimos desde el 2007.

Por otro lado, la despenalización no es suficiente. Necesitamos que se legalice el aborto porque si solamente ocurre la despenalización seguirá pasando que la mujer que tiene los recursos económicos y simbólicos para realizarse un aborto de 30 mil pesos en un médico clandestino abortero o ir a comprar en otra provincia el misoprostol lo hará de manera segura. Y la que no, recurrirá al perejil, a la sonda.

Llaver: no conocemos ningún detalle de la reforma del Código Penal que el Gobierno quiera hacer, pero nosotras no vamos por la despenalización queremos despenalización y legalización. La primera es solo un parche para seguir sustentando el negocio de las clínicas clandestinas aborteras. Se están apurando porque hay condiciones políticas que los obligan dar respuestas medio cachivaches pero nosotras vamos por todo.

Respecto al Protocolo de adhesión al Aborto No punible nos encontramos con distintas propuestas en la Legislatura y paralelamente el Gobierno provincial dice que está trabajando en una guía propia ¿Cuál es la diferencia?

Llaver: El gobierno está trabajando en una guía que nosotras consideramos secreta y clandestina porque no se ha dado a conocer. De hecho la responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva ha dicho que avanza en esa guía pero desde la campaña, los medios y la ciudadanía no conocemos esto, por eso la consideramos clandestina.

Julia López: Quienes militamos esto y entendemos sobre la integralidad de los derechos sexuales y reproductivos creemos que no hacen a la república los actos de gobierno, es decir, la ministra de Salud (Elisabeth Crescitelli) no puede decir que está trabajando sobre una guía y que se está aplicando, y nosotras no conocerla. Necesitamos saber qué es lo que legisla nuestros cuerpos, decisiones y destinos. Si existe tal guía que se haga pública, no secreta.

LLaver: Además nosotras adherimos al protocolo de Nación, no es necesario hacer muchas leyes más. Ese protocolo existe desde 2007 y se ha ido perfeccionando y actualizando en su aplicación, es Mendoza la que no adhiere. Tuvo reformas en 2010 y 2015,  está súper trabajado. Nuestro reclamo se dirige al gobernador Cornejo. Él tiene la potestad de aplicar un protocolo que existe y que garantiza a las mujeres y personas gestantes acceder a un aborto legal.

¿Hay desconocimiento en los legisladores mendocinos sobre el tema ya que se contraponen tres de estos proyectos  en Diputados y uno en Senadores?

Ciriza: Sí, absolutamente. Tienen el deber de informarse. Reclamamos que nos inviten a las comisiones de Salud, para eso estamos como campaña. Nosotras somos quienes podemos orientar mejor la eficacia y las leyes de aplicación.

El rechazo a la IVE impulsa el proyecto de separación del Estado con la  Iglesia ¿Cuál es su perspectiva al respecto?

Llaver: No hay nada más político que esta lucha feminsita, nos quieren despojar de la dimensión política, por eso sostenemos la necesidad de un Estado laico. No queremos que rijan nuestras decisiones la Iglesia, particularmente la Católica Apostólica y Romana, pero también las evangélicas, que han puesto sus rosarios sobre nuestros ovarios. Argentina se merece un Estado laico. La Iglesia ya ha dado muestras de haber estado en los peores momentos de nuestra historia, avalando la tirada de aviones de nuestras compañeras, apropiándose de sus bebés, obligando abortos en campos de concentración frutos de violaciones por parte de genocidas.

Hay versiones sobre una posible consulta popular sobre la IVE ¿Qué viabilidad le ven a esta iniciativa?

Ciriza: La viabilidad de la consulta popular tiene que ver una vez más con estos movimientos de palacio donde cuatro privilegiados  discuten sobre nuestros derechos sin asumir que este país es una república democrática: la no publicidad de los actos de gobierno, el ocultamiento sistemático de información, el no cumplimiento de los mandatos, son claros ejemplos. Estos senadores ¿se sienten representantes de qué? Este gobierno está dejando de ser una república democrática para convertirse en una cuasi monarquía donde dos deciden por todas nosotras.

¿Cuál es el estado de salud de la mujer internada en Lagomaggiore a causa de un aborto clandestino mientras se debatía el proyecto en el Senado?

Respetamos su privacidad, pero podemos decir que ha sufrido una histerectomía.  De eso son responsables las autoridades de nuestra provincia. Una histerectomía somete a una mujer a perder capacidades reproductivas entre otras lesiones graves como fallas renales.

Entonces, lo único que promueve la punición del aborto es su clandestinidad. La discusión no es aborto sí o no, porque los abortos siguen realizándose y el resultado es una muerta esta semana en Santiago del Estero, otra en Buenos Aires y una herida grave con secuelas en Mendoza.