Victimizada por el maleante que la violó y embarazó, la joven padece una revictimización por falta de aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo, también conocida como Protocolo de Aborto No Punible.

Se trata de un embarazo avanzado, que va por el sexto mes de gestación. Podría haberse hecho algo para que no se llegara a este momento. Sin embargo, ante la carencia de este derecho, la niña se ve forzada a continuar con un embarazo que es producto de una violación. Las autoridades mendocinas ya se vieron ante una situación similar en el mes de mayo, cuando se conoció el caso de una niña de 11 años abusada por su padrastro y embarazada.

El artículo 86 del Código Penal fue modificado hace 8 años para incluir la figura del Aborto No Punible. Se trata de una guía práctica en materia de salud pública que brinda herramientas a las provincias para hacer frente ante determinados casos donde sea requerida esta práctica.

Tras muchas discusiones al momento de su aprobación en el año 2010, e incluso con muchas modificaciones que posteriormente se realizaron al protocolo, la provincia nunca adhirió al mismo. Durante el gobierno de Jaque (PJ), luego con Pérez (PJ) y ahora con Cornejo (UCR) no se ha podido avanzar en algo que ya cuenta con 8 años desde su sanción. En marzo de 2012, la Corte Suprema falló sobre cuáles eran los casos en los que el aborto no sería punible, 6 años después nada cambió en nuestra provincia.

En 2012 la provincia debería haber acatado la resolución de la Corte. Sin embargo, desde el Poder Legislativo no se dio lugar a la posibilidad de contar con esta herramienta de salud pública. Muchas organizaciones protestaron entonces, y aún lo hacen, ante el incumplimiento por parte de las autoridades provinciales para con las mujeres mendocinas.

Si una niña, como la que contamos de Lavalle quisiera acceder a una interrupción del embarazo amparada por la ley que la asiste, en Mendoza no lo puede realizar. Es preciso aclara que el artículo 86 del Código Penal considera que el aborto al que quiere acceder una mujer, es legal cuando "se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios y cuando el embarazo proviene de una violación". Además, el artículo 86 también contempla los casos en que "el embarazo provenga de un atentado al pudor sobre mujer idiota o demente".

El próximo 8 de agosto tendrá lugar en la Cámara de Senadores de la Nación un debate y votación por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Aborto Legal, Seguro y Gratuito es lo que cientos de mujeres reclaman en las calles y, por primera vez, el Congreso Nacional determinará si se da sanción completa tras el avance en la Cámara de Diputados.

Un embarazo producto de un abuso afecta tanto la salud física como mental de la niña o adolescente. Ante la falta de adhesión por parte de nuestra provincia, las niñas en cuestión no pueden acceder a un aborto terapéutico y en condiciones de salubridad. Esto es una forma de revictimizar a quienes además de padecer una violación, se ven obligadas a continuar con un embarazo no deseado y fruto de un momento traumático.

A principios de este año, la Ministra de Salud de la Provincia de Mendoza, Elisabeth Crescitelli aseguró que no era una prioridad para la gestión la adhesión al protocolo de aborto no punible. La propuesta de las autoridades provinciales es judicializar cada caso y que la justicia sea la que determine y brinde las posibilidades a las niñas en cuestión. Por el momento, otra niña embarazada por un violador deberá continuar con la gestación debido a la falta de criterio por parte de las autoridades de la provincia.